“Nosotros lo preveíamos como algo que podría suceder y teníamos convencimiento que un análisis del expediente iba a concluir en la nulidad de la causa porque los elementos de prueba que surgían del expediente evidenciaban lo que la cámara plasmó en la resolución de hoy”, indicó el letrado, en diálogo con Radio Mitre Mar del Plata.

“Hubo, sistemáticamente, por parte de la fuerza de seguridad que investigaba, que era Gendarmería Nacional, la elaboración de informes con contenidos ideológicamente falsos que tergiversaban los hechos. Procurando, a través de ellos justificar, los hechos para realizar escuchas telefónicas”, continuó Capparelli, quien agregó: “La Cámara Federal objetó la nulidad de un informe del inicio de la causa, es decir la foja 197, en el cual Gendarmería consigna circunstancias del hecho vinculadas con personas falsas para, a partir de eso, solicitar intervenciones telefónicas por las cuales comenzaron a escuchar y a partir de eso realizaron los distintos procedimientos”.

Para el abogado, “la prueba era contundente”. “No se trata de nulidades formales, se trata de supuestos de una gravedad institucional en el marco de una república que nos deben preocupar a todos porque una fuerza de seguridad elaboró informes falsos, involucrando falsamente a personas en circunstancias que no eran reales”. “A partir de eso, no sólo se hicieron allanamientos, incluso, un defendido a mi cargo, estuvo 20 días detenido privado de su libertad en base a la falsedad ideológica de este informe”, recalcó, en diálogo con el programa “Antes que sea Tarde”.

“Aun no conversamos con mis clientes como seguir, estamos analizando el contenido de la resolución de la cámara. Los tiempos procesales imponen la espera acerca de la adquisición de firmeza de la resolución”, aclaró.

En tanto, comentó el inicio de la causa: “Comenzó en el año 2014 en el ámbito político con un gobierno que combatía las tasas de cambio para perseguir la suba del dólar. Entonces se direccionaban investigaciones para tratar de infundir temor y provocar un control de activos que en una república deberían estar fuera de este tipo de actividades. En ese contexto es que la Gendarmería consignó falsamente circunstancias para permitir y justificar su proyecto e intervenciones telefónicas y proceder a los allanamientos”.

“Con posterioridad a ese informe y durante la causa siguieron informes falsos de gendarmería con inspecciones que no eran tales. Todo para provocar un contexto irreal que justificara las medidas de extorsión que estaban llevando adelante”, finalizó Capparelli.