No hubo acusación, pero sí presentación ante la Justicia

No hubo acusación, pero sí presentación ante la Justicia
Los votos de los 3 legisladores del ARI impidieron que la gobernadora Fabiana Ríos fuera acusada ante la Sala Juzgadora. De todas maneras, los 4 parlamentarios de la oposición que impulsan la continuidad del proceso hasta su última instancia resolvieron girar las actuaciones a la Justicia para que se analice si la conducta cuestionada a la mandataria puede ser objeto de reproche legal.
El proceso de juicio político que se le seguía a la Gobernadora por la denuncia de retención de fondos de coparticipación a la Municipalidad de Río Grande culminó ayer, cuando la Sala Acusadora de la Legislatura debió ordenar el archivo de las actuaciones al no alcanzarse los dos tercios de los votos que resultaban necesarios para sostener la acusación contra Ríos ante la Sala Juzgadora.

Tal lo adelantara el EDFM hace 20 días, los votos de los tres legisladores del ARI que integran la Sala Acusadora –Osvaldo López, Elida Deheza y Marcelo Fernández– oponiéndose a la acusación, frustraron la pretensión de los 4 legisladores de la oposición de dar continuidad al proceso.

A pesar de ello, los legisladores Ricardo Furlan y Ana Lía Collavino (FPV), Mónica Urquiza (MPF) y Luís Velásquez (MO), resolvieron remitir los antecedentes y pruebas colectadas por la Comisión Investigadora al Fiscal Mayor Guillermo Mássimi, para que la Justicia meritúe si la conducta seguida por la Gobernadora resulta objeto de reproche legal alguno.

El encuentro de la Sala Acusadora, presidida por Velásquez, se realizó durante las primeras horas de la tarde. El parlamentario precisó que se procedió a dejar asentados en "actas los dictámenes" y se procedió a la votación nomimal de los 7 integrantes de la sala, que arrojó un resultado de 4 votos a favor de la acusación y 3 en contra, lo que impidió alcanzar los dos tercios que fija la Constitución como tope mínimo para dar continuidad al proceso acusatorio.

Velásquez, en declaraciones a la Dirección de Prensa de la Legislatura, indicó que la resolución adoptada por la Sala sería notificada a los interesados "en un plazo no mayor a las 48 horas", pero esa diligencia se estaba concretando durante la tarde noche de ayer. Una vez cumplido ese trámite, el voto fundado de cada integrante de la sala Acusadora como así también los dos dictámenes surgidos de la Comisión Investigadora serán dados a difusión.

Las razones del no a la acusación

En cuanto a la opinión concreta sustentada por cada uno de los tres legisladores del ARI que conforman la Sala Acusadora, y que votaron por rechazar la acusación de la Gobernadora, todo parece indicar que Deheza y Fernández se sumaron a los argumentos esgrimidos por López en el dictamen que emitió como integrante de la Comisión Investigadora.

En ese escrito, en el que ya postulaba el archivo de la denuncia presentada por el abogado Alejandro de la Riva, el parlamentario arista interpretaba que en la conducta reprocha a Ríos no existía una conducta política del Gobierno apuntada a generar un premeditado ahogo financiero a la gestión del intendente Martín. Si bien reconocía que desde la asunción de Ríos hasta mayo de este año, la administración provincial había acumulado una deuda de coparticipación, por atrasos en la cancelación de los denominados "definitivos de coparticipación", que supera los 7 millones de pesos, disculpaba esta conducta en la crisis económica que afronta la provincia; en la discrecionalidad política que tiene el Gobierno en época de vacas flacas de priorizar sus compromisos de pago y en la baja incidencia que los recursos no remitidos tienen sobre el total de los sí remesados al Municipio.

Por otra parte, argumentaba que era erróneo sustentar que el Gobierno provincial deba solventar sus gastos únicamente con sus propios recursos, sin poder afectar a ello recursos que son de los municipios, ya que sostenía que los recursos coparticipables recién son de propiedad de los municipios cuando el poder administrador provincial se los transfiere. Por lo que hasta que ello suceda, el Gobierno tendría facultades para disponerlos de acuerdo a sus prioridades.

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