El fiscal de Estado, en representación del Ejecutivo fueguino, requirió a la Corte que dicte sentencia.

Tal como se preveía, no hubo consenso entre el Gobierno y los municipios sobre el criterio de aplicación de la ley provincial 648 y, de esta manera, el Superior Tribunal de Justicia deberá fallar sobre la acción declarativa de certeza que a tal fin impulsa el Ejecutivo provincial.

Ayer, al cierre de esta edición, las partes no habían presentado ninguna propuesta concreta para darle al conflicto una salida negociada y evitar así que la Corte incline la balanza para uno u otro lado.

En cambio, sí lo hizo el fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre, quien en nombre del Poder Ejecutivo en un breve escrito solicitó la continuidad de los plazos procesales que las partes habían concertado suspender hace dos semanas.

En ese marco general, el máximo órgano de Justicia de la Provincia quedó habilitado para dictar sentencia. Fuentes tribunalicias adelantaron a EDFM que si bien la jueza María del Carmen Battaini se encuentra fuera de la provincia hasta el 14 de diciembre y la feria se inicia el 17, cabe la posibilidad de que se habilite la misma para que el STJ dicte sentencia antes de fin de año.

En tanto, el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, solicitó ayer a la Comisión de Presupuesto de la Legislatura ser recibido hoy por los parlamentarios para explicarles los alcances de lo que se quiso decir con el llamado Documento de Río Grande, que firmaran los intendentes con el Gobierno provincial. Este encuentro finalmente no se concretará, ya que el jefe comunal riograndense comunicó la imposibilidad de trasladarse a Ushuaia durante la presente jornada.

Cabe recordar que el conflicto gira en torno a la interpretación que se da a la ley que determina la asignación del presupuesto para Educación. Mientras el Gobierno entiende que esos recursos deben detraerse en forma previa al envío de la coparticipación a los municipios, los Ejecutivos de las ciudades sostienen que primero deben recibir los fondos, como se hace actualmente.

De imponerse la postura de la gestión Ríos, los municipios podrían sufrir una quita de hasta el 25% de sus recursos, lo que es considerado por los intendentes como un avance sobre la autonomía de las ciudades.

Lo cierto es que la divergencia sobre el criterio de aplicación en relación a la distribución de los fondos también alcanza al tan mentado “acuerdo político” que pregonan las partes. Mientras que para los municipios dicho acuerdo debe primar por sobre cualquier intervención y definición judicial, para la Provincia debe darse una vez que el STJ tome una decisión.

Mientras tanto, ayer en las declaraciones de ocasión primó la cautela.

Por ejemplo, el vocero del Poder Judicial, Aníbal Rachid, recordó que cuando las partes acordaron la suspensión de los plazos procesales “el Superior Tribunal de Justicia estaba en condiciones de emitir un fallo”, en tanto desde ayer “quedó habilitado para fallar”.

Luego observó que “la Justicia tiene plazos para pronunciarse”, y si bien “estaba en condiciones de hacerlo hace 10 días”, ahora “tiene sus tiempos para estudiarlo y emitir el fallo”.

En tanto, aunque aseveró que “por el momento no hay información sobre cuándo se pronunciaría” la Corte, una de las posibilidades es que lo haga en febrero del año que viene tras la feria judicial, o bien antes de fin de año para que, o la Provincia o los municipios, adecuen sus presupuestos en función de lo que dictaminen los magistrados.

Por su parte, el secretario de la Jefatura de Gabinete, Daniel Ravaglia, sostuvo que “los acuerdos políticos parciales que se están llevando adelante devenidos en un diálogo político adulto y responsable de cada uno de los Ejecutivos, nos permite avizorar un futuro que es conveniente”.

En diálogo con Radio Provincia planteó que “no creo que la decisión de la Justicia altere el diálogo político porque las instituciones no se pelean, no se dejan de hablar, y la responsabilidad que le dan a cada uno de los ejecutivos los pone en ese lugar superando las diferencias que puede haber en un momento u otro, que son transitorias”.

Luego marcó que “no es tan importante lo que diga la Justicia” si no “de qué manera se ha llevado adelante este diálogo político”, y en esa línea estimó que el STJ “dirá solamente qué dice la 648 y luego se seguirá trabajando”.

Desde el Poder Legislativo el justicialista Eduardo Barrientos planteó que “mantenemos lo que dijimos en un principio y vamos a esperar que la Justicia genere su resolución” para luego “discutir desde lo político los alcances y si hay que modificar algo”.

A ello sumó que “más mas allá de lo que determine la Justicia es importante comenzar a discutir los roles de los municipios, máxime teniendo en cuenta cosas que nos pasan, como ser la salud”.

En ese sentido, advirtió que los municipios “van a tener que empezar a ser parte de esta problemática y no meros espectadores” ya que “los fondos que ingresan a la Provincia son uno solo, después el tema es cómo se reparten”.

En declaraciones a FM Master’s, Barrientos enfatizó que “desde la Legislatura estamos trabajando, generando la discusión en los presupuestos de las distintas áreas de Gobierno, y el presupuesto que hay que generar debe ser real, con o sin 648”. Y añadió: “Pero algo hay que acordar y hay que tomar definiciones políticas mas allá de lo que pase con la 648 y la tarifaria”.