Así lo formalizó ante la Justicia Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner, al señalar que la causa en la que se investiga a la firma es conexa con otra que tramita en la Patagonia.

Ahora, el juez Bonadio deberá decidir comunicar sobre este pedido a todas las partes en el expediente, que son Romina Mercado, la sobrina de la Presidenta y titular de Hotesur; Lázaro Báez, que aparece alquilando habitaciones hoteleras durante años sin que haya constancia de que estuvieran ocupadas, y el fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la causa.

Tras recabar sus puntos de vista, el juez decidirá. Si acepta quedarse con el caso, esta decisión puede ser recurrida hasta la Corte.

Esto abre una nueva etapa para el expediente, que estuvo paralizado porque el Gobierno intentó sacarle la causa a Bonadio. El pedido para apartarlo lo había presentado Romina Mercado, que se quejó de que el juez realizó allanamientos de manera irregular, según dijo en la sede de Hotesur.

Pero la Sala I de la Cámara Federal rechazó la recusación del juez, en un fallo que fue confirmado el lunes pasado por la Sala I de la Cámara de Casación Penal con los votos de Gustavo Hornos y Luis María Cabral y la disidencia de Ana María Figueroa. La fiscal Gabriela Baigún había opinado como la defensa de Mercado y pedido el apartamiento del juez Bonadio.

Este cuestionamiento hizo que Bonadio paralizara el expediente judicial hasta que no estuviera resuelta la recusación, para no correr riesgos de que fueran declaradas nulas decisiones que hubiera tomado si lo apartaban del caso.

Ahora este nuevo planteo puede ser recurrido del mismo modo que el anterior y, eventualmente, dilatar el avance del caso.

Esta causa se inició tras una publicación de LA NACIÓN y luego de una emisión del programa Periodismo para todos en la que se informaba sobre irregularidades en los registros públicos de Hotesur. Se mencionaban incumplimientos en la presentación de sus balances actualizados en la Inspección General de Justicia. A esta cuestión se agregó el dato de que entre 2010 y 2011 la empresa Hotesur había facturado habitaciones hoteleras a empresas de Lázaro Báez por 10 millones de pesos. Con esos datos, la diputada Margarita Stolbizer presentó la denuncia que impulsó el fiscal Stornelli.

Ya en marzo pasado, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le había pedido al juez Bonadio que certificara la causa, es decir que le dijera qué se investiga en su caso, y cuáles son los acusados y las maniobras. Esto para decidir si ya había una causa abierta en Río Gallegos anteriormente a ésta, donde se investigaba lo mismo. De hecho, Lázaro Báez se autodenunció allí.

La defensa de Romina Mercado, a cargo de Carlos Beraldi, se sumó a un pedido para que Bonadio certifique cuanto antes la causa, con lo que se sumó a la estrategia para que el caso deje los tribunales de Comodoro Py 2002 -y el juzgado de Bonadio- y viaje al Sur, más amigable para los Kirchner.

Sanfelice argumentó que el caso debe tramitar en Río Gallegos porque las empresas investigadas tienen domicilio fiscal en la Patagonia; el propio Báez vive en esa ciudad. De hecho, Bonadio allanó la sede declarada de la empresa Hotesur en el centro porteño y se encontró con que se había mudado. Halló un departamento vacío, con correspondencia a nombre de la firma.

Sanfelice dijo además que por una cuestión de economía procesal la documentación está en bancos y entidades públicas santacruceñas. Se puso así en marcha la estrategia para que la causa pase al Sur.

UN CASO QUE PREOCUPA

Recusación

El Gobierno buscó apartar a Bonadio del caso y fracasó. Fue confirmado en todas las instancias.

Incompetencia

Ahora pidió que decline su competencia en beneficio de un juzgado de Río Gallegos, que el kirchnerismo cree más amigable. Allí, dice el Gobierno, se tramita una causa anterior y similar a Hotesur.