Báez apeló una decisión de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que determinó que el expediente debe tramitar en la Justicia con sede en la Capital Federal.

El empresario habilitó así la intervención de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, que entenderá en la cuestión por cualquiera de las dos vías posibles: el recurso extraordinario o el recurso de queja.

La Sala I de la Casación es la que debe intervenir, pues allí quedó radicada la causa cuando se discutió si mantenían al frente del expediente al juez Claudio Bonadio, primer investigador del caso. En ese momento, la Sala I estaba integrada por los jueces de la Casación Gustavo Hornos y Luis María Cabral, que con sus votos mantuvieron al juez, y Ana María Figueroa, que se pronunció en minoría por apartarlo.

De todos modos, Bonadio luego fue apartado del caso, esta vez por la Sala I de la Cámara Federal. Lo logró con el voto de los jueces Eduardo Freiler (ver aparte) y Jorge Ballestero. La causa quedó por sorteo en manos del juez Daniel Rafecas.

Pero la Sala I de la Casación, que había confirmado a Bonadio, cambió hoy de integrantes porque los tres jueces anteriores (Hornos, Cabral y Figueroa) eran subrogantes en esa sala: el Consejo de la Magistratura nombró en su lugar en la Sala I a tres conjueces que actúan como suplentes. Los reemplazantes surgieron de una lista de abogados aprobada por la mayoría kirchnerista en el Congreso. Se trata de los conjueces Claudio Marcelo Vázquez, Norberto Boicco y Roberto Frontini. Los tres tienen lazos con el oficialismo. Ellos son los que deben decidir ahora si el caso queda en manos del juez Rafecas o si, por el contrario, debe tramitar en el juzgado de la jueza federal subrogante de Río Gallegos Andrea Askenazi Vera.

El nombramiento de estos conjueces fue cuestionado ante la Justicia y un tribunal ya dispuso que Vázquez se aparte de su cargo, pero el juez resiste porque sostiene que ese fallo no está firme.

La defensa de Báez, así como la del resto de los imputados en el caso Hotesur, afirma que el expediente debe investigarse en la justicia de Río Gallegos porque tanto las empresas denunciadas como los hechos que se busca esclarecer ocurrieron en ese lugar y no en la Capital Federal.

El origen de esta investigación son notas de LA NACION, que relataron cómo Néstor y Cristina Kirchner colocaron sus hoteles Las Dunas y Alto Calafate en manos de la firma Valle Mitre, de Báez, y que esa empresa y otras siete del empresario firmaron convenios de alojamiento, algunos prepagos y confidenciales, sin importar que los cuartos estuvieran o no ocupados.

Esas operaciones estarían vinculadas con el compromiso de Báez de retornar parte de los pagos que recibió como beneficiario de la obra pública, dijo la Cámara de Comodoro Rivadavia al describir el caso. LA NACION reveló que Báez recibió obras por $ 8000 millones durante la última década. Cuando se publicaron los detalles de los alquileres, en 2013, Báez se autodenunció ante el juzgado de Río Gallegos. La conjueza subrogante dijo que no era competente y envió el caso al juez en lo Penal Tributario N° 1 de la Capital Federal, que investigaba a los Kirchner por no pagar impuestos por esos alquileres recibidos.

Báez apeló, pero los camaristas enviaron el caso a la Capital. Sobre este fallo, deberá decidir la Casación, previa intervención de la Cámara Federal.

LA JUEZA QUE PODRÍA RECIBIR LA CAUSA

Andrea Askenazy Vera

Jueza subrogante

Llegó con críticas

Fue elegida para el cargo hace dos años, en medio de fuertes críticas de la oposición, que cuestionó en el Senado el listado de conjueces para Santa Cruz, dado que tenía o tuvieron vínculos con el kirchnerismo. En el caso Hotesur ya decidió que tramite en la Capital Federal

Lazo con el kirchnerismo

De 40 años, es oriunda de Gobernador Gregores y fue parte del staff de abogados de la Fiscalía de Estado, donde coincidió con Romina Mercado, presidenta de Hotesur y sobrina de Cristina Kirchner. En la Fiscalía, su jefe era el senador Pablo González

Asesora del gobierno

Fue asesora letrada en la Secretaría General de la gobernación; está casada con Sergio Sepúlveda Yañez, abogado que quedó séptimo en el orden de mérito para el cargo.