"Cristina Kirchner y Lázaro Báez tienen una relación comercial", reconoció en octubre del año pasado el polémico titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, un mes antes de que estallara públicamente el escándalo Hotesur, firma controlante del hotel Alto Calafate. Se trata de la causa donde se investiga a CFK, a distintos integrantes de la familia presidencial y al empresario patagónico por presunto lavado de dinero.

Si bien Echegaray intentó infructuosamente salir del brete diciendo que su jefa y Báez “técnicamente no son socios”, dejó la sensación de saber mucho más de lo que realmente dijo. En otras palabras, hay claras sospechas de que Echegaray encubrió los negocios de la familia presidencial. Y no habría sido la primera vez. Cabe recordar que, no bien asumió en la AFIP en el año 2009, habría enviado un equipo de funcionarios del organismo recaudador al sur para dibujar las declaraciones juradas de los Kirchner -acusados por enriquecimiento ilícito- que no cerraban por ningún lado. Tres años después, cuando Lázaro Báez comenzó a ser investigado en la regional de la AFIP en Bahía Blanca por haber usado facturas truchas, Echegaray dispuso la disolución de esa regional, que pasó a depender de Mar del Plata.

Ahora se le sumó un nuevo capítulo a esta trama de complicidades. Este fin de semana salió a la luz que técnicos de la AFIP, un año antes de que el juez Claudio Bonadio se hiciera cargo de la causa Hotesur, habrían determinado una serie de irregularidades en los negocios hoteleros que vinculan a los Kirchner y a Lázaro Báez, pero sospechosamente todo quedó en la nada. Recordemos que Bonadio fue apartado de la causa la semana pasada, de forma escandalosa, por la decisión de dos camaristas muy vinculados con el gobierno y ahora el expediente quedó en manos de Daniel Rafecas, que también es manejado a control remoto por la Casa Rosada.  

Los técnicos de la AFIP habrían detallado las irregularidades en tres informes que se presentaron en otra causa, que también se concentró en Hotesur, pero que se tramitó en el Juzgado en lo Penal Tributario que está a cargo de Javier López Biscayart. En ese expediente, llamativamente, los técnicos de AFIP sólo se dedicaron a analizar lo "formal" -si lo declarado estaba en regla con los tributos-, pero no "material" de la operatoria. En ese sentido, determinaron que entre los Kirchner y Báez intermedió la firma gerenciadora Valle Mitre, que en los papeles se vincula al empresario patagónico que era un simple empleado bancario antes de la llegada de los Kirchner al poder y que, durante la mal llamada década ganada, se convirtió en el mayor contratista de obra pública de la Provincia.

El segundo hecho que descubrieron fue que siete empresas de Báez firmaron convenios con hoteles de los Kirchner: La Estación SA, Don Francisco SA, Kank y Costilla, Loscalzo y del Curto Construcciones, Alucom Austral, Badial y Austral Construcciones. Sin embargo, algunas de esas empresas, no alquilaron habitaciones de hotel, sino que sellaron otro tipo de acuerdos, como Alucom, para la prestación de supuestos "servicios de asesoramiento" para "promoción y marketing" o la constructora Badial, para desarrollar un presunto "emprendimiento hotelero", que no especificó. O Austral Construcciones, que firmó un contrato para "el desarrollo de un complejo turístico" sin precisar cuál.

Otros convenios, en cambio, sí se ciñeron a las habitaciones del hotel. Como los firmados por las constructoras Loscalzo y del Curto, y Kank y Costilla, con 16 y 20 habitaciones por mes. O las estaciones de servicio La Estación y Don Francisco, ambas de Río Gallegos -a 300 kilómetros de El Calafate-, para usar un salón del hotel durante seis días al mes durante un período de cinco meses, "espacios comunes" y cuatro habitaciones por mes.

El tercer hecho, destacado por López Biscayart al derivar copias de su expediente al fuero federal, fue que hay un contrato suscripto con Austral Construcciones el 27 de agosto de 2009 que se relaciona con la prestación de servicios de consultoría integral en materia hotelera y gastronómica. Pero que, además, prevé la posibilidad de que se solicite al consultor -Valle Mitre SA- “la utilización de un máximo de 500 noches de hotel por parte de los empleados y/o sujetos designados por el cliente, en los establecimientos hoteleros gerenciados y/o de propiedad de la consultora".

Ahora bien, en las pesquisas de los técnicos de la AFIP el desafío pasaba por profundizar la investigación y cruzar el análisis técnico-formal con lo que pasó en realidad. Es decir, ir más allá de lo que estaba facturado y declarado. Eso llamativamente nunca se hizo (o se mantuvo en secreto) y por eso, según alertan distintos expertos, se habrían dado por válidas escandalosas contrataciones y pagos que cumplían con requisitos meramente formales (como puede ser el pago de retenciones), pero que en realidad podría haberse utilizado para instrumentar operatorias de lavado de dinero por cifras multimillonarias.

Trabas a la investigación

Como era de esperar, el expediente que se tramitó en el juzgado de López Biscyart quedó en la nada. Desde la AFIP sólo determinaron ajustes en el impuesto a las ganancias por $ 190.000 entre 2010 y 2011, y le impugnaron créditos fiscales por $ 570.000 durante ese mismo período.  Sin embargo, la pesquisa dejó sin opción de poder avanzar en la vía tributaria porque ninguna empresa superaba el umbral legal de los $ 400.000 y López Biscayart no tuvo otra opción que cerrar el expediente. Fue un contubernio orquestado en el organismo recaudador que benefició al presunto testaferro de la familia presidencial.

No obstante, el juez se guardó un as en la manga ya que el pasado 27 de mayo pasado derivó las copias de todas las actuaciones al fuero federal, para que se integraran a la causa que tramitaba en el despacho del juez Claudio Bonadio y se pudiera avanzar en las investigaciones. Así lo hizo Bonadio, que dispuso hacer allanamientos y hasta tenía previsto citar a indagatoria a Máximo Kirchner, hasta que la semana pasada fue desplazado de la causa tras una escandalosa maniobra.