Hostigamiento a la prensa, eje del balance hecho por la SIP

La organización puso el foco en el deterioro de la situación en la Argentina.
El hostigamiento a la prensa de parte de los organismos públicos y de los sectores afines al oficialismo fue el eje del balance final que realizó la 65° Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se realizó, en los últimos días, en la ciudad de Buenos Aires.

Algunas de las conclusiones que se explicitaron en el documento final de la organización fueron las siguientes:

Respecto de la aprobación reciente, en el Congreso, de la denominada ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que según la entidad, "presenta una clara discriminación contra los medios privados", la asamblea resolvió:

"Expresar su preocupación por las consecuencias negativas que la normativa aprobada tendrá para la libertad, la diversidad y la sustentabilidad de los medios vigentes en el país".

"Solicitar al Congreso, cuya composición se renueva el próximo 10 de diciembre, la revisión del texto aprobado para que la ley que regule los servicios de comunicación audiovisual sea una norma basada en criterios de razonabilidad y acorde con los parámetros internacionales que rigen en materia de regulación de servicios audiovisuales".

"Solicitar a los ámbitos institucionales correspondientes para que en las instancias competentes velen para que sean preservados los principios fundamentales".

Con relación la escalada de agresiones e intimidaciones de las que fueron objeto los periodistas y los medios en los últimos seis meses, la posición de la asamblea que representa los intereses de los principales diarios del mundo occidental fue la siguiente:

Expresar su preocupación por la virulencia registrada en las cuantiosas acciones dirigidas desde el gobierno argentino o sectores afines contra periodistas, directivos de medios y empresas editoras que tienen como objeto intimidar y afectar el normal desarrollo de la tarea periodística.

"Apelar a las instancias institucionales correspondientes a que tomen las medidas necesarias para la investigación y el cese de éstas acciones en el futuro".

"Instar a los poderes públicos de la Argentina a que trabajen para garantizar el libre ejercicio del periodismo en un marco democrático y de convivencia pacífica".

En los considerando del documento de la SIP que se conoció ayer se destacan, entre otras cuestiones, los hechos que afectaron la labor periodística en los últimos meses. Entre ellos, la virulencia en la relación del Gobierno con la prensa que "incluyeron la intervención de teléfonos y correos electrónicos de periodistas y editores, maltrato a profesionales en conferencias de prensa, ataques físicos a locales de diarios, agencias periodísticas y domicilios particulares de directivos de medios, la difusión de panfletos y una costosa campaña de difamación mediante afiches y pintadas en la vía pública".

Entre los hechos que la entidad consideró de suma gravedad contra la libertad de prensa figuró también el inusual operativo de la AFIP contra Clarín y el plan oficial para intervenir o estatizar la planta productora de Papel Prensa, "en el marco de fuertes intimidaciones y amenazas por parte de funcionarios a miembros del directorio de esa empresa", precisó la SIP.

Otro capítulo que fue evaluado por la organización al emitir sus resoluciones en favor de la liberta de prensa fue la pretensión de "alterar el sistema de distribución de diarios y revistas mediante un proyecto legislativo que busca restringir las alternativas y condiciones de comercialización, que va a conspirar contra la circulación futura de las publicaciones". Esto, según la SIP; se agrava con el reciente dictado de un decreto presidencial que "pretende alterar la relación de las empresas editoras con su cadena de distribución".

Finalmente, la entidad denunció los graves bloqueos a la distribución de publicaciones por parte del Sindicato de Camioneros, que impidieron por varias hora la circulación de diarios y revistas de los medios Clarín y La Nación.

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