Hospital Francés: por denuncias de Ocaña indagan al ex interventor

Se trata de José Luis Salvatierra, un abogado K, apoyado por Héctor Capaccioli.

Por: Daniel Santoro

La pelea por el control de las obras sociales tuvo su primera manifestación judicial: el juez federal Daniel Rafecas llamó a indagatoria como sospechoso al ex interventor del hospital Francés José Luis "Peter" Salvatierra, un hombre del riñón del superintendente del servicio de salud, Héctor Capaccioli. Salvatierra está acusado por la ministra de Salud, Graciela Ocaña, por cuatro supuestos hechos de corrupción durante su gestión en el Francés entre abril y noviembre del año pasado, revelaron a Clarín fuentes judiciales.

El hospital Francés fue intervenido por el Gobierno en abril de 2006 luego de que se declarara en quiebra y de un largo conflicto gremial. En noviembre, luego de la polémica intervención de Salvatierra, el hospital comenzó a ser estatizado para pasar a la jurisdicción del PAMI, que entonces dirigía Ocaña.

Si bien la causa está fundada en pruebas, Capaccioli tuvo un fuerte roce con Ocaña por los negocios del asesinado empresario Sebastián Forza con el Francés. Capaccioli, uno de los miembros clave de la campaña de recaudación de fondos de Cristina Kirchner, había afirmado que Ocaña había nombrado a Forza en el comité de acreedores del Francés, cuando en realidad la había hecho la Justicia en marzo de 2006. Forza donó 200 mil pesos para el financiamiento de la campaña K.

Rafecas, tras un año y medio de investigaciones, citó a Salvatierra en una causa formada en base a cuatro expedientes abiertos por denuncias de Ocaña, de la fiscal Sandra Onetti o del actual interventor del estatizado hospital Francés Carlos Castrillón. Ayer Clarín consultó a Salvatierra pero hasta el cierre de esta edición no había obtenido su versión de los hechos. Sin embargo, el mes pasado había negado las acusaciones de Ocaña.

En la causa "National Advisors", Salvatierra está acusado de haber contratado a una empresa sin antecedentes para brindar servicios médicos que el "hospital los podía prestar y de hecho, los venía prestando". Esa contratación fue "innecesaria y sobreabundante". "National Advisors", una empresa dedicada a los sistemas de ahorro previo y que empezó a operar en el 2006, "facturó 3.834.075 pesos" al Francés. Las facturas, además, no están correctamente emitidas.

En otra causa por "sobreprecios", se denuncia que Salvatierra compró remedios oncológicos y contra al HIV "a precios más elevados que los del mercado". Las facturas sospechosas de sobreprecios son de "Max Pharma, Refina SAICF, Droguería Dromas S.A., Fullfarma, Bairesmed (NdR. antecesora de Seacamp. la empresa de Forza), Novamédica, Droguería San Javier, Distrimed, Dispromed Comercial SRL, Trust Med Group, Villapoupre y Compañía de Servicios Farmacéuticos S.A." Salvatierra libró cheques por 600 mil y 800 mil pesos a San Javier y National Advisors.

En la causa por "facturas mellizas", se investiga la presentación al Francés de facturas apócrifas de empresas de existencia real. Por ejemplo, se le pagó en efectivo 52.774 pesos a Farmaline, que dijo que ni siquiera comercializa los productos que dicen suministró.

Y en la causa "ambulancias", la denuncia afirma que se le habría abonado un sobreprecio a un monotributista que "no tenía capacidad económica ni técnica para la prestación del servicio" y tenía una carnicería.

Ante este cúmulo de acusaciones, Rafecas llamó a indagatoria a Salvatierra para el 25 de noviembre y a varios de los empresarios involucrados. Además, pidió a la Inspección General de Justicia quiénes eran los directivos de Bairesmed y San Javier, entre otras.

San Javier es una droguería denunciada, en otra causa, por el ex fiscal Carlos Stornelli. Se la acusa de haber intentado cobrarles a pacientes del Francés medicamentos del programa nacional de remedios gratuitos. Uno de lo presidentes de San Javier fue Carlos Torres, el monotributista que donó 710 mil pesos a la campaña de Cristina, y había logrado firmar un frustrado proyecto con Venezuela sobre biotecnología.

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