Al horno

Malas noticias en el Poder Judicial. Dos jueces investigados por abuso laboral y sexual sobre sus empleados, más una camarista denunciada por inasistencias reiteradas y supuestas conspiraciones nos llevan a pensar qué queda del estado de derecho y las garantías del ciudadano. ¿Se sale de acá? ¿Por dónde?
Dijo José Ingenieros en “El hombre mediocre”: "Temerosos de pensar, como si fincasen en ello el pecado mayor de los siete capitales, pierden la aptitud para todo juicio; por eso cuando un mediocre es juez, aunque comprenda que su deber es hacer justicia, se somete a la rutina y cumple el triste oficio de no hacerla nunca y embrollarla con frecuencia."

Los últimos días han llegado malas nuevas, no solamente sobre la calificación académica de los funcionarios judiciales, sino sobre su solvencia moral y psíquica. Aquel equilibrio emocional y anímico que suponemos imprescindible para dirimir en cuestiones que el grupo social no puede resolver por sí solo, es decir el orden y sus normas, parece una burla. Eternos visitadores de toda clase de antros, dueños de temperamentos exaltados, vocabulario espeso y costumbres extremas, los jueces viven eternamente acorazados en despachos vacíos de toda preocupación como no sea el éxito personal. Aparecen ahora bajo la lupa, cuando alguno declarara que la actividad no es en realidad complicada, sino absolutamente imposible. No esperen nada de nosotros, parecen decir los empleados del Poder Judicial, estamos a las órdenes de un manojo de desequilibrados. ¿Será?

Mientras tanto, una parte de la sociedad se atribuye ser el eje esclarecedor de las medidas que hacen falta para sacar operativamente del medio a los delincuentes que mantienen a la sociedad en vilo. Son los opinadores que se identifican, se nuclean, piden cámara, y hablan hasta el cansancio sobre si será mejor la pena de muerte, el servicio militar o las cárceles en Siberia. Algo así como pretender demoler la casa porque se ha tenido un plomero ineficiente.

Las personas cuyo trabajo consistiría en defender la sociedad y aplicar la ley con toda su fuerza ya existen. Pero claro, para cumplir las tareas hay que querer. No sólo eso, para querer hay que estar en el trabajo, y además ocupándose de él y no de cualquier otra cosa.

Impresentables

"Cuando la mediocridad agota los últimos recursos de su incompetencia, naufraga. La catástrofe devuelve su rango al mérito y reclama la intervención del genio”, sigue diciendo Ingenieros. Y vaya si hay catástrofe, que media ciudad está en las calles con globos negros sin saber qué más hacer en su defensa. Porque la palabra inseguridad va unida al adjetivo jurídica.

Recientemente, la jueza Marta Raggio propició su propia destitución por “inhabilidad física y mental” para no continuar siendo sometida al jury que se le venía siguiendo, ya que consideró que ella misma era víctima de “graves violaciones a los derechos humanos y crueldad en el juzgamiento”. Pero se la acusa de insultar a los trabajadores de su juzgado, descalificarlos, aplicar el aislamiento como castigo, ridiculizarlos y entrometerse en sus vidas privadas, además de discriminación y acoso sexual. Hasta hace muy poco ella estaba a cargo del Juzgado Correccional Nº 1 de Necochea. Y había gente en sus manos, no solamente los empleados: los acusados, los testigos, las víctimas.

Pero como muestra no basta un botón sino varios, en estos días comenzará en nuestra ciudad la instrucción que investiga al juez de Responsabilidad Penal Juvenil Néstor Salas, por denuncia de la Asociación Judicial Bonaerense. Hubo violencia laboral, ya que una lista interminable de empleados asegura que el magistrado se esmeraba en hacerlos sentir denigrados en sus funciones. Podrá deducirse cómo actuaría el juez de jóvenes con las familias de acusados y denunciantes, que ni siquiera eran subalternos a los que estaría obligado a ver al día siguiente. Cuál sería el equilibrio que podría aplicar a las medidas de decisión que tomaba. Cuál la delicadeza con la podría actuar en aspectos tan sensibles a la sociedad como la delincuencia juvenil. ¿Preguntan qué hacer con los menores? ¿Hablaban de la edad de la imputabilidad?

La bailarina

"La burocracia es una convergencia de voracidades en acecho” dice el autor de “El hombre mediocre”. Y cuando el Poder Judicial se convierte en un antro de inacción para el cobro de sueldos, poco se puede hacer debatiendo medidas para mejorar la seguridad. Poco se podrá hacer para que los detenidos sean, en suma, las personas correctas.

Días atrás, el Consejo de la Magistratura desestimó la denuncia que había llevado a investigar la conducta laboral y personal de la jueza camarista Graciela Susana Arrola, en uso de licencia desde el 22 de agosto de 2005.

El expediente se había iniciado a instancias del diputado Carlos Miguel Kunkel, que estimó conveniente poner en conocimiento del organismo la situación, ya que consideró que las prolongadas ausencias de la magistrada, así como la falta de designación de un juez subrogante, iban en detrimento de la función pública. Se pregunta si no es posible hablar aquí de mal desempeño.

Resulta que la magistrada ha padecido más enfermedades de las que cualquier cuerpo pueda resistir, que van desde cáncer de mama hasta laringitis, desde escoliosis y distonía neurovegetativa, hasta falta de tensión muscular, coronadas por licencias psiquiátricas prolongadas, firmadas y refirmadas por más de un profesional. Jueza camarista dijimos, con licencia psiquiátrica, sí.

La jueza dice que ha presentado los correspondientes certificados médicos y que está a disposición de una junta médica, pero que no tiene más alternativa que presentar más y más excusas hasta que le llegue la esperada jubilación que se demora.

Pero el presidente de la Cámara de Apelaciones, Jorge Ferro, sumó otra denuncia en la que solicitó la remoción de la jueza. Dice que ella se reunió irregularmente en una confitería propiedad de Crovetto, el prosecretario administrativo del tribunal, con el juez Alejandro Tazza y un ex delegado del COMFER entonces denunciado, Daniel Fanjul. El propósito de la cita era lograr “mayor acercamiento entre los camaristas”.

La causa en contra de Fanjul fue desestimada oportunamente. Pero dice Ferro que Arrola y Fanjul vivían una relación amorosa, que ocasionó todo este borrón a la vista del público. No sólo eso, dice que aun estando de licencia, ella habría entrado a su despacho y utilizado la línea telefónica del juez para llamar al denunciante de Fanjul y así complicar al juez en el ilícito.

Nada de enfermedades raras ni que ocho cuartos, dice Ferro. Que Arrola está de mucha playa tomando sol, y que se la ve en restaurantes, festejando sus cumpleaños en locales bailables donde se entrega a la danza hasta altas horas de la madrugada con escoliosis y todo, y que bebe con los amigos, con medicación psiquiátrica incluida. Encima, como en un culebrón centroamericano, Ferro tiene fotos. Por supuesto que le llegaron en forma anónima, no las buscó él.

Pero la Cámara ni se inmutó. Le dijo que si la jueza está enferma y tiene certificados, está muy bien. Que lo demás es una cuestión personal entre ellos. Que notan cierta animosidad en la denuncia. Es decir, archivo y al olvido.

Estamos al horno. Porque más allá del chusmerío, hace más de tres años que el cargo de la jueza está vacante de hecho por licencias parciales y ella cobra suculentos salarios por un trabajo que no realiza. Es decir que el tribunal a su cargo va a marcha forzada sin que a nadie parezca importarle. A nadie más que a los que deben hacer trabajo extra obligados por la circunstancias.

Estamos al horno porque nadie mira hacia el ojo del huracán, y perdemos el tiempo discutiendo con Los Tres Chiflados a ver si el servicio militar alejaría del paco a los pibes chorros, en vez de buscar uno que otro juez que esté en sus cabales, para firmarle la prisión al asaltante. Uno que no esté persiguiendo empleados entre los escritorios, por supuesto.

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