Desde un punto de vista energético, la Argentina se encuentra transitando un camino sumamente problemático, al escapar sin una buena estrategia de un ciclo político tarifario inédito a nivel mundial. Así lo cree Fernando Navajas, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), quien se presentó en las ‘Jornadas sobre Transición Energética, Recursos No Convencionales, Descarbonización y Eficiencia’ celebradas a mediados de marzo en el Hotel Intercontinental de Mendoza.

Durante su disertación –denominada ‘Precios, tarifas y subsidios a la energía, ¿hacia dónde vamos?’–, el especialista señaló que la macroeconomía argentina aún no pudo encontrar estabilidad nominal, ni equilibrio de precios relativos, ni costo del capital sostenible. “Por el momento no se ve un sendero de consistencia entre lo macro y lo sectorial. Podría decirse, incluso, que un factor le ‘hace ruido’ al otro”, definió Navajas durante el evento organizado por el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza.

En este escenario, advirtió, se corre el riesgo de desvariar en materia del ‘compacto regulatorio’ (conformado por las instituciones, las políticas y los instrumentos del segmento energético), de cara a los desafíos tecnológicos, ambientales y político-sociales que se vienen. “Lamentablemente es posible terminar con un elevado grado de informalidad en un sector que debe ser formal por excelencia”, criticó.

Desde su óptica, si la tarificación eléctrica tiene que adaptarse hacia un futuro con energía distribuida y tecnologías que reducen el costo marginal, ello va a implicar un reacomodamiento hacia mayores cargos fijos. “El problema es que el punto de partida de la Argentina tiene una sobre-discriminación de los cargos fijos. Por ende, virar hacia ese contexto representa una reforma dura que requerirá compensaciones”, anticipó.

Ejercicio teórico

De acuerdo con Navajas, un ejercicio teórico de mantener los ingresos de Edenor y avanzar hacia un 70% de ingresos por cargos fijos (cuando hoy ese porcentaje es menor al 30%), a la par de migrar hacia una tarifa en dos partes uniforme, generaría una fuerte redistribución entre los usuarios. “Esto invita a alguna forma de perfeccionamiento de los subsidios y de la tarifa social”, argumentó. 

Si se trata de un futuro de cargos fijos altos, apuntó, entonces podrían funcionar bien los subsidios de suma fija. “El problema es el cómo, la focalización y el tratamiento de los hogares vulnerables que no acceden a los requisitos de la tarifa social”, objetó. 

Hace más de 10 años, recordó, el país estableció la tarifa social como condición ‘sine qua non’ de una futura reforma tarifaria. “Ya es hora de repensar integralmente tanto los subsidios como la tarifa social”, subrayó.

La literatura técnica y los resultados de simulaciones, explicó, llamaban a aplicar mecanismos de focalización que usen bases y condiciones informativas de los programas sociales, aparte de condicionar por cantidades consumidas, pero que se encaminen a un subsidio de suma fija, no de precios más bajos. “Asimismo, la idea era que la aplicación se mantuviera cercana a la facturación, no alejarse de ella, y contemplar tanto el caso de hogares vulnerables no pobres (los energéticamente pobres, en los que la tarifa abarca un porcentaje significativo de los ingresos) como el de grupos especiales”, remarcó.

Diez años después

Una década más tarde, afirmó Navajas, hay que replantear estratégicamente estos mecanismos de cara a las reformas tarifarias que se vienen en un mundo signado por la descentralización de la producción de energía eléctrica. “Sin embargo, las recientes decisiones del Gobierno nacional no van en este sentido”, señaló. 

Navajas //  “Si la tarificación eléctrica tiene que adaptarse hacia un futuro con energía distribuida y tecnologías que reducen el costo marginal, ello va a implicar un reacomodamiento hacia mayores cargos fijos”

En su opinión, se está observando una ansiedad fiscalista por eliminar subsidios y bajar fuertemente la tarifa social por la vía de una seudo-descentralización presupuestaria a las provincias. “Y la historia enseña que esto último puede volver como un boomerang”, acotó. 

En la actualidad, indicó, se trata a la tarifa social como si fuera otro capítulo de los programas sociales y de transferencias. “Esto no resulta para nada aconsejable por cuestiones de flexibilidad e incertidumbre sobre la configuración sectorial del futuro”, completó.