La hora de los “cómplices” del diciembre trágico

Barbero procesó al ex jefe de la seccional 29ª y al inspector de zona por encubrir a Quiroz, el policía que mató a Graciela Acosta.
La palabra “encubrimiento” aparece como una de las claves que incidió –junto con la inacción judicial de algunos magistrados– para que en la mayoría de las causas por las siete muertes de diciembre de 2001, en la que están involucrados efectivos de la policía santafesina, existan sólo dos agentes tras las rejas. La Justicia provincial tampoco avanzó en la responsabilidad política de la represión que se produjo durante la gestión de Carlos Reutemann, quien nunca pisó los tribunales por estas causas ni por las 23 víctimas fatales que dejó la inundación que arrasó en 2003 con la capital provincial.

El juez de Instrucción nº 13 Osvaldo Barbero logró dar un paso adelante para avanzar contra quienes hicieron todo lo posible para que nunca se conociera la verdad sobre las muertes que dejó en Rosario la represión del estallido social que marcó la caída del gobierno de Fernando De la Rúa. Barbero procesó al ex comisario de la seccional 29ª de Villa Gobernador Gálvez José Abraham y al ex inspector de zona Ignacio Antonio Sifredi por “encubrimiento” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”. Estos dos policías están acusados de encubrir al suboficial principal Luis Armando Quiroz, condenado a principios de diciembre del año pasado por la sala IV de la Cámara Penal a 11 años de prisión por el homicidio de la militante Graciela Rosa Acosta, quien falleció el 19 de diciembre de 2001 de un disparo en el pecho en las inmediaciones del supermercado La Gallega, en Villa Gobernador Gálvez.

Esta decisión judicial se conoció cuando se cumple un nuevo aniversario de la represión que dejó entre el 14 y el 21 de diciembre siete muertos en Rosario y uno en Santa Fe. Las heridas nunca pudieron cicatrizar porque sigue inalterable, entre los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos, esa sensación de impunidad que con el correr del tiempo se corporiza cada vez más como realidad.

Los únicos dos. En todos los procesos que se abrieron en la Justicia, hay sólo dos policías tras las rejas. Uno es el ex agente del Comando Radioeléctrico Esteban Velásquez, a quien el juez de Sentencia Ernesto Genesio condenó en 2004 a 14 años de prisión por matar a Claudio Pocho Lepratti. El otro es Quiroz, sentenciado en diciembre pasado por la sala IV de la Cámara Penal de Apelaciones a 11 años de prisión –después de haber sido absuelto por el mismo juez que condenó al asesino de Pocho– por el “homicidio agravado” de Graciela Rosa Acosta. El crimen de Walter Campos, de 16 años, quien murió de un disparo en la cabeza el 21 de diciembre en Empalme Graneros, se “esclareció”, pero no hay ningún detenido. El disparo que mató al muchacho había salido de un fusil del sargento de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) Ángel Iglesias, quien en la indagatoria ante Barbero argumentó que le efectuó un disparo a Campos, a quien le vació la cabeza, porque corría peligro la vida de un efectivo de la comisaría 20º, que lo estaba persiguiendo.

En las causas que se investigaron los asesinatos de Rubén Pereyra, Yanina García, Juan Delgado y Ricardo Villaba no hay detenidos. Por eso, este año los integrantes de la comisión no gubernamental que investigó los crímenes de diciembre de 2001 lanzaron duras críticas al actual gobierno provincial.

Pocos días después de la asunción de Hermes Binner, miembros de este grupo le enviaron una carta al gobernador en la que pedían que su gestión brindara “un acceso irrestricto” a los sumarios administrativos y de la Policía, las investigaciones internas, los informes de Inteligencia y datos del Ministerio de Gobierno vinculados a lo que fue la represión del diciembre trágico. Pero según señalaron esta semana, no obtuvieron respuesta.

Encubridores. El juez Barbero pudo avanzar en el procesamiento de Abraham y de Sifredi, luego de que quedara firme la condena contra Quiroz, cuyos abogados defensores apelaron varias veces, logrando durante un largo periodo que ese fallo no quedara firme.

Durante el trágico diciembre de 2001, Abraham era comisario de la seccional 29ª, y fue quien redactó el informe que el 29 de diciembre de ese año envió a la División Judiciales de la Policía. Allí debía relatar lo que sucedió aquel miércoles 19, cuando murió Acosta en medio de la tensión social que reinaba en la zona. En el documento que escribió a máquina –firmado por él y por su superior inmediato, Sifredi– Abraham confesó que se “se olvidó” de anotar el nombre de Quiroz. Pero el ex comisario no sólo hizo la vista gorda y cubrió a su subalterno, sino que estaba a cargo de los operativos que terminaron en una feroz represión policial durante los saqueos.

También declaró haber creído que a Graciela Acosta la hirieron en otro lugar y que después la llevaron a las cercanías del supermercado La Gallega. El testimonio del periodista Marcelo Nocetti –quien en ese momento se encontraba en el lugar– fue fundamental para sepultar los argumentos de Abraham. El comisaría había dicho que la noticia del fallecimiento de Acosta le llegó por una comunicación telefónica desde el Heca.

De sus declaraciones en la causa se desprende la voluntad permanente que tuvo la Policía en poner trabas a las investigaciones por el sólo hecho de que sus propios efectivos fueron los responsables directos de la represión que derivó en los siete asesinatos.

Un aniversario con críticas a Binner

La Comisión Investigadora No Gubernamental de Crímenes de Diciembre 2001 lanzó duras críticas al gobierno provincial. Sus integrantes le recordaron a Hermes Binner la reunión que mantuvieron con él hace un año, unos días después de que jurara como mandatario en la Casa Gris.

Según señaló la comisión, el gobernador no cumplió en su “promesa” de poner a disposición documentación para avanzar en las investigaciones. “Nos retaceó el acceso a estos datos, con los mismos argumentos del anterior gobierno, en violación al derecho al acceso a la información que garantiza en forma amplia la Convención Americana de Derechos Humanos”, advirtió el grupo integrado por Iván Hernández Larguía, Carmen Maidagan, Antonio Tesolini y Ana Oberlin, entre otros. La misiva agrega: “Señor gobernador: a un año de esa reunión reafirmamos que el compromiso que asumió ante los familiares y la Comisión, y previamente en sus discursos de campaña, no fue cumplido”. Destacaron que “no hay borrón y cuenta nueva, sino continuidad jurídica. La provincia es una sola, el Poder Ejecutivo es uno solo, como lo son el Judicial y el Legislativo, y aunque cambien los hombres que invistan el cargo, todos están comprometidos con la impunidad, en la medida que no asuman la responsabilidad institucional que les cabe”.

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