Honorable sociedad

El juicio en el que se evaluó y dictaminó sobre la conducta de Facundo Capparelli, ex secretario del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, en referencia al faltante de droga de la bóveda bajo su custodia, transcurrió de manera contraria a lo que la propia existencia de los tribunales orales propone, es decir, la más amplia existencia de control popular sobre las acciones de la Justicia.

En silencio, sin comunicación alguna a los medios, casi puede decirse que a puertas cerradas, la segunda parte del juicio que completa la situación judicial iniciada por la desaparición de drogas de secuestro de la bóveda del TOF deja como saldo visible la condena del ex policía Walter Galván, de Alejandro Jatum, y al resto libre de culpa y cargo. Ya había quedado oportunamente exculpada Carolina Villarino por falta de acusación fiscal, y ahora se ha sido declarado en idéntica calidad al propio Capparelli.

Es un dato obvio que ha primado un concepto corporativo por sobre la lógica consideración jurídica de los acontecimientos. Es un hecho que droga de secuestro fue sustraída de la bóveda del TOF; es un hecho -denunciado por el relator del TOF, Javier Pettigiani- que Villarino y Capparelli buscaron generar una quema fraudulenta que ocultase el faltante; es un hecho que las circunstancias que dieron lugar a la separación en juicio de Capparelli, aduciendo indefensión, y la aceptación por parte de la Cámara interviniente, invalidando así un recurso a la Casación nacional, deben leerse como un entreacto de una misma historia.

En esta historia se condenó a los partiquinos. El fallo sentenció a 4 años de prisión a Jatum -quien debía cumplir un total de 5 años y 10 meses por la unificación con otra causa, y está actualmente en libertad-, 4 años para José Tarantino como partícipe necesario -no pasó un solo día en prisión-, y 6 años para Galván, con condena agravada por ser funcionario público. El tribunal integrado por Norberto Armando Ferrando, Alejandro Castellanos y Juan José Comparato nada podía hacer en el caso de Villarino, al no existir acusación por parte del fiscal de Cámaras. Todo muy conveniente.

La información que daba cuenta de la fecha de casamiento de Caparelli y Villarino, y la reserva de un tour de recién casados a Cancún eran datos obvios que expresaban por anticipado un resultado.

Esta absolución es una bofetada en el rostro al sentido común y a la misma idea de dignidad en el servicio de administración de justicia. El silencio mediático que ha acompañado tamaña novedad es increíble; y no se trata sólo del mutis del multimedios: un damero de presuntos periodistas “independientes” ni siquiera se atreven a una tibia crítica, y callan absolutamente la noticia a sus lectores u oyentes.

Pareciera ser que en los ámbitos de poder de la ciudad la “omertá” es la regla conducente de la vida pública. El juez de Cámaras Marcelo Madina sigue en funciones con implacable récord “progresista” en tanto dilata el inicio del juicio que se debe realizar por la desaparición de 40.000 dólares de la bóveda del TOF, -sí, la misma de la que desapareció la droga-, que también pertenecían al secuestro de operativos antidrogas.

Marcelo Madina exige garantías. Ha presentado reciente escrito en la causa 8.799 de la Casación nacional recusando a los jueces Gustavo Hornos y Capolupo de Durañona y Vedia. En el escrito que lleva la firma del abogado Diego Julián Vespa, solicita el apartamiento de ambos jueces por haber emitido ya opinión en el expediente. Si bien en el caso de la jueza Capolupo la cuestión cayó en abstracto por efecto de su renuncia, el apartamiento de Hornos sigue dilatando el proceso penal aún abierto. La indefinición es funcional a Madina, que está buscando concursar para ocupar la vacante de la Cámara Federal de Mar del Plata.

La “honorable sociedad” sigue actuando con fabuloso desprecio por la comunidad a la que debiera servir.

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