Honduras votará hoy si quiere nueva Constitución.

El presidente Zelaya llamó a una consulta no vinculante. Pero la oposición la boicotea.
Los hondureños votarán hoy si quieren o no, el próximo 29 de noviembre, un referendum para convocar a una Asamblea Constituyente y así reformar la Constitución. Esta consulta no es vinculante. Pero esta decisión -a la que se oponen los sectores más poderosos de Honduras- desencadenó un proceso de desestabilización tan fuerte que tuvo que intervenir la OEA y EE.UU.

La oposición está conformada por sectores políticos, empresariales, dueños de medios de comunicación, militares, la jerarquía de las iglesias católica y evangélica. Se oponen a la consulta el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema, la fiscalía general, el Congreso y la procuraduría general.

A favor están las organizaciones obreras, campesinas, indígenas, maestros, estudiantes, algunos gremios profesionales y el partido de izquierda Unificación Democrática. Las urnas serán colocadas en parques, escuelas, colegios, mercados y otros lugares públicos. El fiscal general de la República, Luis Rubí, dijo que se iban a levantar actas porque "este acto que es nulo" y amenazó con sancionar a quienes participen en la consulta. "Si se consuma la infracción, se encausará a los servidores públicos por abuso de autoridad y desobedecer la ley", advirtió.

Líderes de diferentes sectores instaron a los hondureños a quedarse en casa y no participar en la consulta. El obispo auxiliar de Tegucigalpa, monseñor Darwin Andino, dijo a Radio América que "la iglesia Católica y todo cristiano no respaldan la ilegítima consulta del gobierno por ser inaceptable, y en el que está la mano del presidente Hugo Chávez''.

Para Zelaya, con la consulta se logrará una "democracia participativa (en la que todos puedan decidir) y no sólo representativa (en la que el pueblo elige a los legisladores que los representan). Según el presidente se podrá cambiar el sistema político imperante "que sólo defiende a los poderosos, los ricos y los banqueros y es un obstáculo para la democracia''.

El jueves el ejército se negó a repartir las urnas como había ordenado el presidente por lo que Zelaya destituyó al máximo jefe militar, general Romeo Vásquez, y aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana. La Corte Suprema y el Congreso restituyeron al general.

Ante esta crisis institucional Zelaya pidió a la OEA que mediara. Esta entidad apoyó al presidente.

Entretanto, el Congreso postergó para el martes la sesión en la que conocerá el informe de una comisión especial de cinco miembros sobre la capacidad mental y administrativa de Zelaya, motorizada por la oposición que quiere relevar al mandatario.

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