El emotivo acto contó con la presencia del ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda y el presidente del CONICET, Roberto Salvarezza. También participaron de la jornada el embajador argentino en España, Carlos Bettini y la presidente de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Asimismo, estuvieron presentes los integrantes de la  Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, los miembros de las 42 familias homenajeadas, quienes viajaron desde distintos puntos del país para el acto,  las principales autoridades de YPF, representantes sindicales y de numerosos organismos de Derechos Humanos del país.

“Este es un reconocimiento justo para un grupo de ypefianos, con todo lo que significa pertenecer a esta empresa tan querida. Es un acto formal que, aunque podría ser pequeño, es enorme para estas familias que buscan reconstruir su historia”, afirmó Galuccio.

Por su parte, Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación, reconoció “el gesto de YPF de reparar esta historia para un grupo de trabajadores en donde su trabajo formaba parte central de su vida. Por eso, este homenaje es un acto de justicia en una empresa que hoy forma parte central de un país que, a partir de la decisión de la Presidente de la Nación, busca soberanía”.

Por último, el embajador argentino en España, Carlos Bettini, afirmó que “es un acto emotivo, justo y necesario que honra, a través de la toma del compromiso de YPF, a un grupo de trabajadores, provenientes de todas las clases sociales. Es doblemente emotivo, porque es la primera vez que tienen un reconocimiento que los acerca a una reparación histórica”.

Esta investigación permitió actualizar el listado de los empleados de YPF detenidos-desaparecidos o asesinados entre 1974 y 1983 a través de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad y la compañía, con el asesoramiento del CONICET.

Para analizar cada caso incluido en esta reparación se tuvieron en cuenta dos condiciones. Por un lado, el Estado Nacional debía tener acreditado al trabajador como una víctima del terrorismo de Estado. Por otro, YPF debía constatar que dicha persona había sido empleada de la empresa hasta el momento de su desaparición o asesinato y/o que el cese de la relación laboral había tenido relación alguna con su posterior secuestro (por ejemplo, renuncias forzadas por la persecución política).

Como resultado de la investigación, se identificaron 20 casos nuevos, que se suman a los 22 ya registrados por el decreto 1199/2012, que preveía la enmienda de legajos de trabajadores de distintas empresas u organismos estatales. YPF reparó los legajos de los 42 trabajadores de la compañía y realizó dos copias certificadas que fueron entregados a los familiares de las víctimas y al Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Se trata de un listado parcial y provisorio, debido a las modalidades que adoptó la represión clandestina. Por este motivo, la compañía mantendrá esta acción  en el tiempo, para determinar si hubo otros casos. Esta iniciativa demuestra el compromiso de la actual gestión de YPF con la defensa de los derechos humanos.