El economista Juan Martín Monge será el nuevo responsable del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), al ser designado como subdirector ejecutivo de la entidad previsional, en reemplazo de Luis Blaquier, quien renunció a ese puesto en diciembre pasado.

El mismo día de la renuncia de Blaquier, quien dejó el cargo cansado de la atadura de manos que pesaba sobre sus planes para el FGS, cuya cartera al 30 de septiembre ascendía a 55.285 millones de dólares, un 14,8% más que en diciembre de 2015 según los números de la Anses. 

Monge es un hombre cercano al director Ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso desde el colegio Cardenal Newman. Luego se formó como economista en la Universidad de San Andrés y es vecino de Basavilbaso.  

 

El flamante funcionario, que viene de desempeñarse en la actividad privada, tiene “sobrados antecedentes en el mercado financiero”, afirmó la Anses en un comunicado, en el que recuerda que Monge se desempeñó como Managing Director-Regional de Portfolio Management de la aseguradora MetLife Investments Latin América.

En la firma multinacional, el flamante titular del FGS tuvo a su cargo la estrategia de inversión de los portfolios de la región, perfil que se condice con las responsabilidades que tendrá ahora desde la función pública.

Esta visión no fue compartida por el equipo que Blaquier había traído de importantes bancos para que lo ayudaran en su tarea, que al enterarse que Monge sería su jefe, renunciaron también a sus gerencias.

Basavilbaso dijo recientemente en el Congreso que la misión principal del FGS es la de “preservar el valor de su patrimonio buscando la rentabilidad de sus recursos para hacer frente a los compromisos de la Ley 27.260 de Reparación Histórica”.

Para ello el FGS invierte su capital en “proyectos e instrumentos que promuevan el desarrollo de la economía argentina y del mercado de capitales local de largo plazo”.

Tal como definió Basavilbaso, uno de los principales objetivos del FGS es el de contribuir al desarrollo sustentable de la economía nacional, preservar los recursos destinados a la seguridad social y atenuar el impacto negativo que sobre el régimen de seguridad social pudiese tener la evolución de variables económicas y sociales.