Por John Lichfield *

Desde París

El presidente François Hollande se vio obligado ayer a abandonar sus planes para despojar a los terroristas de la nacionalidad francesa y otras reformas antiterroristas, anunciadas en medio de gran fanfarria después de los asesinatos jihadistas de noviembre en París.

El estado de ánimo de la unidad política brevemente generada después de los ataques hace tiempo había disminuido en una estéril batalla de tres vías, sobre los cambios constitucionales entre Hollande, la oposición de centroderecha y una gran parte de la izquierda.

El presidente anunció ayer que estaba desechando la idea –una humillación considerable–, pero también, por último, una vía de escape de uno de varios enfrentamientos con su propia ala izquierda. Hollande trató de culpar a la centro derecha del fracaso. “Una parte de la oposición es hostil a cualquier revisión constitucional. Lamento profundamente esta actitud”, dijo.

El presidente, sin embargo, quedó atrapado en su propia trampa política. Sacándole a los terroristas condenados con doble nacionalidad sus pasaportes franceses ha sido popular desde hace tiempo en la derecha y la extrema derecha en Francia. Por el contrario, la izquierda se ha opuesto a la idea como un paso hacia una ciudadanía de facto de primera y segunda clase: los que eran franceses “puros” y aquellos que tenían otra nacionalidad. La medida tenía una dudosa utilidad práctica. Incluso sus más entusiastas partidarios no sugirieron que los jihadistas se desanimaran ante la perspectiva de perder sus pasaportes franceses.

El presidente Hollande tomó a ambos lados con la guardia baja cuando propuso la idea como una parte de un cambio constitucional más amplio pocos días después que 130 personas fueron asesinadas en tres ataques en la zona de París el 13 de noviembre. Tenía la esperanza de desanimar las crecientes críticas de fallas en la seguridad que se alega que hubo en los 10 meses entre los ataques de Charlie Hebdo y los de noviembre.

Para atajar las protestas de la izquierda –incluyendo la renuncia de la ministra de Justicia, Christiane Taubira– la reforma se modificó en la Cámara baja del Parlamento para dar a entender que todos los franceses podrían perder sus pasaportes si son declarados culpables de un delito de terrorismo. El Senado (la Cámara alta), controlado por la centroderecha, restauró la versión original.

El presidente Hollande aceptó ayer que las dos versiones no coincidían, y abandonó los planes para una sesión especial de ambas cámaras en Versalles el próximo mes para modificar la Constitución de la Quinta República. La segunda parte de la propuesta reforma –poniendo los poderes de emergencia existentes contra el terrorismo por primera vez en la Constitución– será quitada también.

Hollande y su partido gobernante socialista buscarán culpar el fracaso a la cínica maniobra electoral de la centroderecha, más preocupada por las elecciones presidenciales del próximo año que por la seguridad de los ciudadanos franceses.

Bruno Le Roux, el líder socialista en la Asamblea Nacional (Cámara baja) dijo: “Una sección de la derecha no quiere que el presidente pueda reclamar el crédito para un cambio constitucional, ni siquiera sobre cuestiones esenciales para nuestro país”.

El fallo puede, sin embargo, ser visto, en gran parte como una maniobra política de dudoso valor que lo enredó en una pelea innecesaria y finalmente inútil con sus propios partidarios.

“Se va a reactivar la percepción de un presidente que no está determinado, que carece de autoridad”, dijo Frederic Dabi de la organización de sondeo de Ifop. “También refuerza la sensación de que un término presidencial durante el cual las reformas se arrastraron, finalmente se empantanó”.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12

Traducción: Celita Doyhambéhère.