En un contexto de cierta emergencia hídrica, en el que el agua potable se ha convertido en un diamante en bruto, vecinos de Las Carditas, villa ubicada en El Salto, Potrerillos, protagonizan una "guerra judicial" con el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (Epas) por la administración de este recurso.

Hace no menos de 30 años, cuando todavía la provincia no contaba con ningún ente regulador del servicio público de agua potable y saneamiento (hoy Epas), pobladores autoconvocados de Las Carditas construyeron una planta para potabilizar el agua que captaban de una vertiente. Asimismo, idearon una red de distribución del agua que se mantiene hasta hoy y que abastece a no más de 15 usuarios permanentes y 210 residentes aproximadamente en temporada turística alta.

En aquel momento, a los fines de garantizar la provisión de agua potable a quien lo requiriese, los creadores de la planta formaron la Unión Vecinal Villa Las Carditas (UVVLC), mediante la cual comenzaron a regentear el recurso. Actualmente, quienes pretenden acceder al servicio de agua potable en el lugar deben contactarse y asociarse a esta unión vecinal y pagar un canon bimensual de 600 pesos en forma de contraprestación.

A partir de ciertos reclamos de lugareños que denunciaban no poder tener acceso al agua potable, entre 2014 y 2015 el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (el que fue creado en los '90, fecha posterior a la construcción de la planta de Las Carditas) tomó intervención a través del Poder Ejecutivo y fue allí en donde comenzó la guerra judicial.

La UVVLC presentó un par de recursos de amparo en contra del Epas, los que fueron rechazados y finalmente apeló ante la Suprema Corte en donde tampoco tuvo éxito. En medio de esta batalla jurídica, el gobernador Alfredo Cornejo emitió el decreto 2.022, con fecha 30 de diciembre de 2016, disponiendo la caducidad de la concesión de dicha asociación vecinal como operador del servicio.

Artículo 1° - Dispóngase la caducidad de la concesión del Operador "Unión Vecinal Villa Las Carditas", Distrito del Potrerillos del Departamento de Luján de Cuyo, conforme lo normado por el artículo 45 de la Ley N° 6044 y artículo 63 del Decreto N° 2223/94, modificado por el Decreto N° 911/95.

Artículo 2° - El Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS), deberá dar cumplimiento al artículo 42 de la Carta Magna y artículo 12 de la Ley N° 8270, garantizando así la prestación del servicio hasta tanto se convoquen a terceros y se otorgue una nueva concesión.

Tras esta intervención del Ejecutivo, hubo una intención de tomar por la fuerza pública la planta el pasado 30 de mayo. Frente a esto, la UVVLC volvió a accionar ante la Justicia, presentando una "tutela inhibitoria"; es decir, una medida de acción preventiva frente a una amenaza todo lo cual está contemplado en el nuevo Código Procesal Civil y Comercial.

 

El expediente en curso (301.259) quedó en manos de la jueza María Eugenia Ibaceta del Tribunal de Gestión Asociada número 3, quien decidió suspender esta medida de expropiación intentada por el Epas hasta tanto resuelva el tema de fondo. Según indicaron fuentes del Palacio judicial a MDZ, "el fallo es inminente, podría salir entre hoy o mañana miércoles". 

Una planta construida "a pulmón"

El representante legal de la UVVLC, Jerónimo Gil Di Paola, explicó que los fundadores de la asociación vecinal que construyeron la planta potabilizadora entienden perfectamente que el agua potable es un recurso público que debe ser garantizado a todos y descartan que la discusión esté centrada en ello. Sin embargo, remarcan que si va a ingresar un nuevo operador, éste deberá pagar por la adquisición de toda una infraestructura que costearon ellos en su momento, con recursos propios y sin ningún tipo de subsidio del Estado.  

"La UVVLC jamás ha dicho 'el agua es mía'. Sería irracional ese planteo. Pero sí entienden que la planta la han construido sus abuelos y sus padres y quien acceda a operar y extender el servicio deberá garantizar su cuidado y pagar por ello. Concretamente están pidiendo un contrato de comodato, de alquiler o que les paguen por la planta", explicó Gil Di Paola en conversación con MDZ.

"El inmueble en donde se han hecho las piletas y están las máquinas potabilizadoras es una obra que la han pagado de su bolsillo. Tienen un derecho de propiedad sobre la planta", agregó el letrado. 

"La planta es del Estado"

El asesor legal del Epas, Carlos Giuffre (foto), calificó de "una locura" el hecho de que estos vecinos pretendan cobrarle al Estado por la planta potabilizadora del agua y, en contraposición con el planteo de Gil Di Paola, sostuvo que, en su momento, estos lugareños recibieron toda esa infraestructura como una donación. 

"Quieren cobrar por algo que en su momento recibieron como una donación. Y sin tomar en cuenta esto, es una locura que pretendan que les paguemos por bienes de un servicio público que siempre revierten al Estado, algo que no lo digo yo sino el marco regulatorio", sostuvo el letrado que defiende al Epas en esta guerra judicial. 

Y comparó: "Es como si en una concesión de transporte vos le quitás la concesión al transportista y éste dice 'bueno, pero yo me llevo los micros'".Inminente fallo judicial

Entre hoy y mañana podría salir la sentencia judicial. Sin embargo, según explicó Guiffre, más allá de lo que resuelva Ibaceta, la "guerra" seguirá siendo judicial porque, se presume, habrá apelaciones de ambas partes. "El futuro sigue siendo judicial", sentenció el letrado del Epas.