Una historia repetida

En nuevo retruécano, el Ejecutivo comunal se ha enredado inútilmente en un debate sobre la tarifa del servicio urbano de pasajeros.
Viajar en colectivo pasó a tener, desde el pasado martes 16 de febrero, un costo de $1.60. Digo enredo inútil porque la modificación de la tarifa fue impulsada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación a consecuencia de la reducción de los subsidios al valor del gas oil que venía erogando el Estado nacional.

Esos subsidios permitían mantener a un valor irreal el costo de la transportación pública; estas distorsiones en los valores relativos han sido extensamente denunciadas por distintos economistas que revelaron el uso de hasta treinta mil millones de pesos por año en este tipo de práctica.

En nuestra ciudad es un clásico incitar a la rebatiña política en cada ocasión en que debe modificarse la tarifa de este servicio público. La de los colectivos es la única tarifa que mueve el amperímetro: ni la de taxis o remises provoca comentario alguno, cuando menos de carácter público y generalizado.

Desde el 2 de enero rige en el ámbito del AMBA un aumento de las tarifas: colectivos, subtes y trenes subieron un 20%. El Estado ahorrará $600 millones anuales en subsidios, según señalan el Gobierno y las cámaras empresarias.

El 19 de enero se anunció que el boleto mínimo costaría $1,10 y la segunda sección $1,90. En la resolución publicada el viernes pasado, el Gobierno de Scioli afirmó que la medida está acorde con la actualización de tarifas realizada por el Ejecutivo nacional, así que sólo diecisiete días separaron la decisión del MOSP de la Nación de la medida de igual tenor en la provincia.

El intendente peroró durante 47 días sobre cómo hacer lo inevitable, es decir fijar un nuevo valor para la tarifa del boleto para viajes en colectivo en la ciudad. GAP dijo que quiere que opinen los concejales, los vecinos, las sociedades de fomento, y anunció que revisará el cumplimiento del pliego de contrato de licitación. Asimismo se enzarzó en una discusión con el Concejo al respecto del rol del Legislativo en la fijación de la tarifa, aduciendo que el Ejecutivo estaba autorizado a fijar aumentos hasta un 20% del valor presente de la tarifa, y que dicha posibilidad estaba agotada.

Finalmente, el fin de semana del 13 al 15 de febrero, Pulti firmó el aumento, fijando la tarifa en $1.60, diez centavos menos que lo que requería el sector empresario, en un mamarracho que impidió que hasta el martes 17 se cobrara la nueva tarifa ya que no existía posibilidad de resolver el ajuste del sistema entre sábado y domingo.

Como en una escena de una película repetida hasta el hartazgo, hacía falta que alguien saliera en nombre del “pueblo” a protestar por este “nuevo atropello”. El rol lo cumplieron los curules del bloque gerenciado por Osvaldo Lalanne, Viviana Roca y Carlos Filippini, quienes expresaron su molestia por el aumento y anunciaron que van a revisar los contratos.

Para que no falte nada en este cottolengo, los diarios anunciaban que un ciudadano común, un vecino, tendría un estudio propio que le daba un valor al boleto de $1.05.

Un fiasco. Filippini y Roca tendrían que salir a hablar cuando el Ejecutivo nacional aumenta el valor de la tarifa, valor que podría mantenerse si el costo del combustible bajara de precio. Los subsidios al gas oil se fijaron cuando el barril de petróleo rondaba los 80 dólares, y hoy cierra a 34. Si estamos con el pueblo, y para el pueblo, ¿por qué no reclamar que los valores de los combustibles bajen al precio del mercado? Así bajaría la tarifa que paga el ciudadano, todos brindarían felices, y nos evitaríamos esta repetida historia del pueblo versus el valor del boleto en Mar del Plata.

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