Historia repetida

Por Martín Caparrós.

Es una historia repetida. Un menor disparándole a alguien para robarle el auto.

Es una historia repetida. Un menor disparándole a alguien para robarle el auto. Un chico de catorce o quince años que debería estar en su casa preparando los útiles para la escuela "sale de caño". Con la cabeza quemada por el paco y las pastillas anda al voleo, de cacería. Quiere lo que no tiene y lo quiere ya. Está dispuesto a matar por matar. Sabe que puede morir por morir y no le importa. Los familiares de la víctima no encuentran consuelo y piden mano dura. Hay periodistas que se suman a la indignación y piden mano dura. Los funcionarios se escandalizan y piden mano dura. A coro se preguntan qué hacer con este pibe. Dónde encerrarlo, cómo castigarlo. Casi nadie se interroga sobre qué hacer para evitar que llegue a agarrar un arma.

El gobernador Daniel Scioli reconoció hace algunos meses que sólo en Buenos Aires hay cuatrocientos mil pibes que no estudian ni trabajan. En esa inmensa cantera del desamparo y el rencor, es sencillo reclutar a los miembros de un ejército dispuesto al todo o nada. Más escuelas en los barrios carecientes, más lugares de contención, educación alternativa de oficios, salidas laborales, no se analizan paliativos para la inseguridad.

El mismo gobernador habló esta semana, ante el brutal ataque al ex futbolista Fernando Cáceres, de abatir a los delincuentes. Así de sinuosa es la política de seguridad en Buenos Aires: pasó del "hay que meterles bala a los delincuentes" de Carlos Ruckauf a la reforma de León Arslanian con el 911 y los foros de seguridad de los vecinos, hasta llegar a la gestión de Carlos Stornelli, a medio camino de las dos.

Scioli habla porque no tiene más remedio. Desde el gobierno nacional no dicen nada. Presumen que el silencio les puede evitar costos políticos. Esa miopía política sorprende. Por otro lado, la falta de voluntad política del kirchnerismo logró evitar que avance en el Congreso la sanción de un sistema de responsabilidad penal para menores. Casi todas las bancadas tienen algún proyecto presentado para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, incluso acordaron impulsar el presentado por el diputado Emilio García Méndez, un especialista en minoridad. Como aconseja Unicef, se elimina la actual discrecionalidad de los jueces y se garantiza el debido proceso para los menores que violan la ley. Se contemplan penas acordes con la edad y lugares de detención adecuados. Pero eso implica movilizar recursos en algo que tiene poco rédito y, tal vez por eso, no está entre las prioridades del oficialismo.

Hay otros proyectos que abordan la situación de los menores que delinquen y que también están parados en el Congreso. Entre ellos, una iniciativa de la diputada Paola Spatola que propone subir las penas a los autores intelectuales de los delitos donde se utilice a menores como autores materiales. Spatola propuso, en su momento, acordar un decena de proyectos para mejorar la seguridad entre todas las fuerzas políticas. Fue imposible.

No sólo hay mora legislativa. Las diversas internas políticas son el otro gran escollo para establecer una política pública eficaz y democrática en materia de seguridad. Entre las más visibles, la pelea política entre el kirchnerismo y Mauricio Macri de cara a la elección de 2011. Pero hay más, la confrontación abierta entre la futura Policía Metropolitana y la Policía Federal por el control de la calle y sus múltiples negocios; el conflicto entre Aníbal Fernández y el secretario de Lucha contra la Drogadicción, José Granero, por el cual el ministro subestima los informes de esa repartición que hablan de la alta incidencia del consumo de droga en la violencia de los delitos, y la disputa de espacios entre el jefe de Gabinete con el ministro de Justicia, Julio Alak. Parece como si el ex intendente de La Plata no hubiese asumido nunca, ya que Fernández sigue manejando su antigua área y hasta nombra funcionarios. Y después está la pelea entre los jueces y la policía y entre los legisladores y los jueces.

Es una historia repetida. Cada vez que un menor mata, suenan las mismas voces indignadas. Se suceden parecidas escenas de dolor. Se hacen los mismos diagnósticos. Se escriben notas como ésta y, después, no cambia nada.

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