Una historia de reclamos y demandas judiciales

Tras varios conflictos laborales y amenazas de cierre, la ola privatizadora del gobierno menemista alcanzó a la ex Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) a mediados de 1994.
Para hacer más atractivo el negocio y compensar las desventajas económicas que tenía la empresa, el ministro de Economía de esa época, Domingo Cavallo le otorgó al concesionario privado dos elementos clave: un subsidio anual de $ 22,5 millones para el pago de los salarios y un convenio de venta de toda la producción de carbón a la central térmica de San Nicolás.

Luego de un accidentado proceso licitatorio, la concesión quedó para el grupo que integraban las empresas Iate, Eleprint, Dyopsa y la Federación gremial de Luz y Fuerza (Fatlyf). A los pocos meses, el consorcio se desmembró y quedó al frente de la explotación de los yacimientos la firma Iate del polémico empresario Sergio Taselli.

La concesión ¿que se había pactado por 10 año-anduvo siempre a los tumbos por los reclamos gremiales y los incumplimientos del operador. En los últimos meses de 2001, Cavallo ¿esta vez como ministro de Economía de Fernando De la Rúa¿ cortó los subsidios para los sueldos. Tras varios meses de reclamos a la Nación, Taselli decidió devolver la concesión en forma anticipada, con lo cual Río Turbio retornó a manos estatales a mediados de 2002.

Durante la gestión privada de YCF, la provincia de Santa Cruz estuvo bajo el mando de Néstor Kirchner, quien no sólo avaló la decisión de privatizar la empresa, sino que además envió a uno de sus principales colaboradores a la comisión encargada de controlar el cumplimiento del contrato. Se trata de Daniel Cameron, el actual secretario de Energía que durante varios años fue el auditor provincial de la concesión.

Por esa tarea, Cameron enfrenta junto con Taselli una causa judicial por el supuesto vaciamiento de la empresa. Inicialmente, el juez federal, Sergio Torres había sobreseído a los denunciados. Pero en abril de este año, la Cámara Federal revocó esa medida y ordenó seguir adelante con la investigación. Ahora Torres solicitó una nueva pericia al cuerpo de peritos contadores del Poder Judicial, el cual fue recientemente intervenido por la Corte.

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