Historia de una privatización escandalosa

Desde que el Estado provincial decidió en 1995 liquidar la DECA y privatizar el servicio de distribución de energía, en medio de la ola privatizadora del menemismo, EDECAT protagonizó una larga serie de escándalos que incluyó denuncias ante la Justicia por supuesto fraude y sobrefacturación (ver aparte).
El camino para que la ex empresa estatal quedara en manos privadas comenzó en 1994, cuando el gobierno del radical Arnoldo Castillo ordenó el inicio del proceso en el marco de la negociación con la Casa Rosada que se plasmó en el Pacto Fiscal. En marzo de 1995, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Energía, la privatización de la DECA y la creación del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE), en un paquete que ya contaba con el guiño favorable del Senado.

De acuerdo a lo establecido en esas normativas, la empresa estatal de electricidad sería puesta a la venta ese mismo año. El 5 de enero de 1996, uno de los grupos empresariales del polémico Sergio Taselli, tomó la prestación del servicio eléctrico en Catamarca con una oferta de 12 millones de pesos-dólares.

La venta fue auspiciada como un "excelente negocio" para la provincia por los promotores de la privatización, pero a los meses del debut comenzó a escribirse una negra historia que concluyó el viernes pasado, con la intervención a la firma que ordenó el Gobernador.

Ya al comienzo, y muy lejos de mejorar la prestación, el servicio eléctrico provincial experimentó la falta de inversiones, aún cuando EDECAT obtenía subsidios de los FEDEI, que la Provincia recibía de la Nación y trasladaba a la empresa. Posteriormente llegarían las denuncias por un supuesto fraude para evadir multas del organismo de contralor, y hasta una cuestionada sobrefacturación por no acatar los cuadros tarifarios establecidos por el ENRE.

En 2004, Sergio Taselli fue desplazado de la conducción de la empresa por su hermano Alberto, quien trató de dar un vuelco a la pésima imagen que tenía EDECAT entre los usuarios catamarqueños por los permanentes problemas de servicio. En primer término, aceptó devolver los montos sobrefacturados y luego avanzó con una larga negociación para establecer las nuevas condiciones de la prestación. En el medio, Alberto Taselli denunció un supuesto vaciamiento de la firma, hecho en el que está imputado su hermano, como cabeza de la empresa, junto a los ex miembros del directorio Osvaldo Carlos Iglesias, Marta Yatzkaier y José Luis Cuerdo. En esa presentación, aseguró que mediante maniobras ilícitas, la concesionaria asumió deudas por 40 millones de pesos entre 1996 y 2004, a favor de varias pequeñas empresas, todas con domicilio legal en Buenos Aires y vinculadas a los mismos sospechados.

La empresa sufrió luego la falta de actualización tarifaria, la millonaria deuda pública y las falencias históricas que nunca pudieron ser corregidas. Recién el año pasado, la Provincia le reconoció más de 33 millones de pesos por prestación a municipios y organismos públicos, con los cuales realizaría inversiones demoradas que ayudarían a mejorar la prestación. En eso estaba trabajando cuando estalló el conflicto gremial que derivó en la intervención decretada por el gobierno de Eduardo Brizuela del Moral.

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