La decisión del juez Martínez de Giorgi de convocar a declarar a una larga lista de personajes de la política nacional en el marco de una causa iniciada en mayo de 2011 se conoció el 15 de junio, luego de que un funcionario cercano al ex ministro kirchnerista Julio De Vido – José López, ex secretario de Obras Públicas – fue detenido con casi 9 millones de dólares que no pudo justificar.

La ronda de indagatorias incluye la declaración del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala incluye también a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, al ex ministro de Trabajo y actual legislador porteño Carlos Tomada y a los ex gobernadores Jorge Milton Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), a los actuales mandatarios Miguel Lifschitz (Santa Fe) y Maurice Closs (Misiones) y al ex intendente de Almirante Brown Darío Giustozzi.

Y este jueves fue el turno de Hebe de Bonafini. Que no pudo postergar nuevamente su declaración, y los agentes federales fueron a buscarla para que declare. Pero la orden del juez no pudo ser ejecutada, ya que la líder de Madres de Plaza de Mayo permaneció en el local de la fundación luego de marchar frente a la Casa Rosada y eludir a la policía.

"Las notas apuntadas permiten reconstruir una hipótesis delictiva, según la cual Sergio Mauricio y Pablo Guillermo Schoklender, valiéndose del prestigio y trayectoria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, habrían utilizado a la Fundación de la cual eran apoderados, en connivencia funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal", sostuvo el juez en la resolución de 27 páginas.

El magistrado sostuvo también que parte de esos fondos se "habrían detraído luego de su destino específico –con el consecuente perjuicio económico a las arcas del Estado-, contando para ello con la colaboración de otros empleados infieles de la fundación, así como también con terceras personas y empresas que fueron utilizadas para dar apariencia lícita a las sumas dinerarias ilegítimamente percibidas".

De Giorgi explicó el modo en que se ejecutaron los proyectos a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y cómo se detectó un faltante de 206 millones de pesos sobre los 748 que se giraron a la organización encabezada Bonafini.

"A la hora de analizar la administración de los recursos que ingresaron a la Fundación Madres Plaza de Mayo de la forma reseñada y el modo en que se ejecutaron los proyectos adjudicados, se constataron diversas irregularidades que merecen destacarse", dijo.

Destacó que la Fundación incumplió obligaciones de pago de aportes y contribuciones de la Seguridad Social, con una deuda contraída con la Administración Federal de Ingresos Públicos a la suma de $110.689.735,98.

También incumplió el pago de los aportes al fondo de cese laboral.

"En lo tocante a la efectiva aplicación de los fondos a su destino específico, se determinó que de los $748.719.414,64 que la Subsecretaría de Obras Públicas había transferido a las jurisdicciones locales para la ejecución de las obras convenidas y que luego se canalizaron a las distintas cuentas bancarias de la Fundación Madres de Plaza de Mayo –y que representaban el 86% de sus créditos-, sólo la suma de $516.247.173,07 pudo ser asociada a débitos asociados con la gestión de obras, detectándose que $206.438.454,05 –es decir, el 23,54% de los egresos- fueron desviados de su fin específico", indicó el juez.