La crisis habitacional y la desigualdad en la Ciudad con el presupuesto más alto a nivel nacional vuelve a ser el centro de escena con la llegada del Covid-19, pero para quienes la padecen, Más allá de los esfuerzos que el Gobierno porteño pueda llevar adelante para evitar y/o controlar la circulación y propagación del virus, ese sector de la sociedad porteña es golpeado hace más de una década en el territorio porteño.

De acuerdo a un informe del Instituto de la Vivienda (IVC) y la Secretaría General y Relaciones Internacionales (SGyRI) del Gobierno porteño, más del 9,2% del total de los domicilios en el territorio capitalino están deshabitados; es decir que hay 138.328 casas vacías a lo largo y ancho de la Ciudad. El número surge de un estudio preliminar  -“Mesa de estudio de viviendas vacías”-, a partir del consumo de electricidad domiciliaria analizado con datos aportados por el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE).

Sin embargo, queda al descubierto que las unidades funcionales sin uso y el derecho a la vivienda durante la gestión macrista, que está al frente de la CABA hace más de una década, han ido por caminos paralelos.

Es que la construcción de inmuebles no apunta a la solución del amplio déficit habitacional porteño. Como ha contado Revista Qué en otras ediciones, la gestión del PRO ha beneficiado en numerosas oportunidades a los desarrolladores inmobiliarios, y como para muestra basta un botón, las viviendas ociosas en la Ciudad se concentran “en el corredor Norte” “con foco en las comunas 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución) y 14 (Palermo) -ver cuadro-. Según la Dirección General de Estadísticas y Censos, entre los años 2005 y 2018 se construyeron más de 195 mil viviendas, de las cuales más del 50% son suntuosas y lujosas. 

Según cifras oficiales, en la Ciudad existen 364.989 hogares porteños (28 por ciento) con necesidades habitacionales, de acuerdo con la Encuesta Anual de Hogares (EAH) del ente estadístico porteño donde habitan 1,17 millones de las 3 millones de personas que viven en la Ciudad.

La caída de los ingresos, ya sea por menor capacidad de poder adquisitivo o por la pérdida de la fuente (despidos), se convirtió en un nuevo obstáculo para que las familias accedan a un techo digno. Si bien la Ciudad hizo punta en el otorgamiento de créditos hipotecarios atados a la inflación (Créditos UVA), no hubo un impacto significativo en el stock de viviendas.

El Observatorio por el Derecho a la Ciudad y el Instituto de  Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), realizaron un exhaustivo informe que deja al descubierto la falta de políticas públicas destinadas a uno de los sectores más golpeados en la Ciudad, mucho antes del impacto que produjo la llegada del Coronavirus a la Ciudad.

De acuerdo al estudio, la crisis económica y social de 2001 intensificó las necesidades habitacionales de la población porteña. Los indicadores relacionados con el derecho a la vivienda digna tuvieron un comportamiento lineal negativo hasta la fecha, por lo que los sectores de más bajos recursos quedaron más expuestos frente a esta pandemia.

El 19 de marzo de 2020, se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas. Este mandato presidencial resulta imposible de cumplir para las familias que viven en la calle.

Según el segundo censo popular de 2019, la cifra real de personas en situación de calle alcanza a 7.251 personas. Este sector de la población carece de las posibilidades de adoptar las medidas de prevención en forma continua; y los recaudos para cuidar la higiene y la salud frente al Covid-19 son imposibles de cumplir ya que durante las 24 horas del día no tienen acceso a agua de red y potable para lavarse las manos, y no cuenta con los recursos económicos para la compra de los elementos antisépticos necesarios (alcohol en gel, jabón, etcétera). 

Según la Dirección General de Estadística y Censos de CABA, las personas en situación de calle incrementaron de 705 en el 2000, a 2016 en el año 2019 (870 en paradores y 1146 en la calle. El 77% hace más de un año que vive en la calle, y el 15% son personas mayores de 59 años. Sin embargo, el el segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle, que llevaron adelante organizaciones sociales y voluntarias/os desnudó una realidad a la vista, hay 7.251 personas sin techo. El número que oficialmente difundió la Ciudad fue de 1.146, es decir, 6105 personas menos contabilizadas de manera oficial. 

“Resulta imprescindible que la Ciudad cuente con una política de viviendas sociales. Es decir, de viviendas de propiedad de la Ciudad y que, bajo su administración, sean entregadas a estos grupos vulneralizados, a través de alquileres con precios sociales o en forma gratuita con comodatos. Hasta que esta política esté operativa, bajo la crisis generada por el Covid-19 se debería implementar una política de alquiler de hoteles habilitados y en buenas condiciones, que están sin demanda por el freno al turismo”, sostuvo el presidente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldivieso.

El jefe de gobierno porteño que comenzó su segundo mandato al frente de la Ciudad, tomó cartas sobre el asunto y priorizó el funcionamiento de paradores, subsidios habitacionales y programas destinados a personas en extrema vulnerabilidad social, aunque como ha contado Revista Qué en varias oportunidades, son áreas que históricamente son subejecutadas en el territorio porteño.

Sin bien los paradores son una medida más para hacerle frente al virus que los expertos llaman invisible, lo cierto es que ese tipo de albergue deberían existir para situaciones de extrema emergencia en las que se garantice un techo a familias por uno o dos días (inundaciones, incendios, etc.), pero constituye una violación de derechos humanos que sean usados en forma permanente como una solución habitacional. La Ley N° 3.706 es clara en esto. 

 La apuesta de Larreta con los paradores

Sin embargo, el gobierno porteño volvió a apostar a los paradores frente a esta crisis, anunciando que en una primera etapa, se habilitarían 3 nuevos Centros de Inclusión Social (250 plazas) en la Ciudad que se sumarían a los 33 existentes: En Parque Chacabuco, específico para familias (Comuna 7), el Polideportivo Pereira (Comuna 4) y el Polideportivo Avellaneda (Comuna 9).  

Ergo, no son espacios nuevos en la Ciudad, sino que son los que se utilizan para el programa Operativo Frío. Además, se amplió el horario de atención / apertura de los Centros de Inclusión para garantizar la recepción de personas en calle todos los días de la semana durante las 24 hs; y se lanzó un operativo especial del programa Buenos Aires Presente con 60 equipos activos para ubicar en los paradores a las personas en situación de calle y para adultos mayores, que hoy constituyen un grupo de riesgo.

 No todo es color de rosas

No es la primera vez que los trabajadores de Buenos Aires Presente (BAP) denuncian desfinanciamiento del programa. Pero esta vez, a través de un comunicado informaron las condiciones del trabajo de esa área.

 a) Los pocos dispositivos habilitados no cuentan ya con vacantes para nuevos ingresos. 

b) Frente a la condición crítica alimentaria de las personas en situación de calle, el programa responde solamente con sándwiches.

 c) En relación con la higiene personal, las personas en calle están recibiendo jabón blanco cortado en pedacitos muy pequeños sabiendo que no cuentan con agua para poder activarlo y que no se les está proveyendo repelentes ni alcohol en gel.

 d) No se está atendiendo de manera suficiente a los adultos mayores por haber quedado desmantelado una semana antes el área del programa que los asistía en forma específica. 

e) En los pocos casos en los que se los aloja, constituye requisito previo llevarlos a hospitales generales para evaluaciones de salud, con el riesgo sanitario que ello implica para las personas y profesionales involucrados sin las condiciones mínimas de bioseguridad. 

f) Las únicas medidas específicas para este grupo de riesgo consisten en la apertura de un parador en la calle Uspallata N° 831 y una convocatoria de voluntarios para realizar tareas de asistencia. 

 4. De ser necesario se habilitaría una operatoria especial de subsidios en articulación con el sector hotelero.

 5. Se reforzaron las medidas de higiene en todos los Centros de Inclusión y se proveyeron kits de limpieza y de cuidado personal adicionales a todos los sitios (lavandina, barbijos, guantes, jabón, alcohol en gel).

 6. Se incorporaron dos Centros de Inclusión adicionales (paradores) exclusivos para personas mayores, y dos dispositivos intermedios donde se evalúa la salud de las personas, con personal especializado (médicos, médicas, enfermeras y enfermeros). 

Para el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el Instituto de  Pensamiento y Políticas Públicas no hubo “ningún cambio sustancial, salvo adelantar las medidas adoptadas para el Operativo Frío con el fundamento de que solo hacen falta más camas en los paradores. De las imágenes de los nuevos paradores se observa que las camas-cucheta no tienen ni un metro de distancia. El hacinamiento es mayúsculo”.