Hijos del rigor

Dos instancias judiciales coinciden en devolver el coche a un conductor alcoholizado, luego de que el tribunal municipal ordenó el secuestro. Para ellos la medida es desproporcionada, y ahora la norma los avalará. ¿Había que esperar a que matara a alguien?
La convivencia se ha definido como el juego de límites que el bien común pone a nuestro deseo personal, caprichoso o no. Es decir que convivir siempre requiere de un espacio de diálogo donde el individuo sacrifica una parte de su gusto individual en pos de hacer lo que es mejor para todos. Y ha aceptado hacerlo, toda vez que decidió vivir en el seno de un grupo social y no en medio de la selva.

Por otro lado, la experiencia demuestra que ningún acuerdo de convivencia se cumple sin que exista la punición, es decir la pena que se impone a quien transgrede los contratos. Por ejemplo, en esta sociedad los individuos acuerdan que no es posible sacrificar la vida de cientos de personas porque a unos u otros les plazca conducir a 240 kilómetros por hora, o luego de haber ingerido alcohol. Por eso la norma impide conducir más allá de la velocidad máxima o habiendo ingerido bebidas espirituosas.

La experiencia demuestra también que a partir de que los controles de alcoholemia se volvieron una prioridad en el partido de General Pueyrredon, si bien un grupo encontró una razón suficiente para despotricar a diestra y siniestra, la mayoría debió volcarse a la abstinencia y decidir quién conduciría en la vuelta a casa, ante un festejo demasiado prometedor. Una rápida mirada demostró que -luego de la cantidad de secuestros de coches realizados en la madrugada del 25 de diciembre, a todas luces escandalosa- la noche del 31 fue una velada serena, y la mayoría de los conductores se dirigía a sus hogares a velocidades bajísimas, con luces reglamentarias, y sin trasgredir la norma. Obviamente, y con todas las letras: no por conciencia ciudadana, sino por miedo a las multas.

A tal punto resultó que los controles en Mar del Plata fueron tomados como ejemplo por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que mostraba con agrado la manera en que se habían reducido los accidentes fatales que son moneda corriente como consecuencia de la vida nocturna de las diferentes ciudades. Baste únicamente recordar el tremendo saldo que dejó el choque protagonizado por seis jóvenes en el partido de Lamadrid durante el pasado mes de diciembre, que impactaron simplemente contra un árbol y todos perdieron la vida.

Pero ahora parece que no, que los controles de alcoholemia no convienen. Al menos esa parece ser la posición que están asumiendo algunos sectores del Poder Judicial, por más que de los 32.198 controles que se hicieron en Mar del Plata, Pinamar, Partido de la Costa y Villa Gesell, el 11,7% de los conductores hubiera excedido el nivel de alcohol en sangre permitido por la ley.

Vándalos

Un rápido vistazo a los medios de prensa trae como noticia que en Brasil ya no saben qué hacer con los turistas argentinos, que creen que por visitar el país limítrofe están en el territorio de la impunidad y pueden estacionar donde les plazca bajo la excusa de no conocer el idioma, detenerse donde les convenga para tomar su mejor fotografía, o exceder los límites de velocidad para llegar a su siguiente destino.

Los controles de velocidad realizados en la Autovía 2 dieron un saldo espeluznante: más de un 80% de los conductores excedía la máxima permitida y hacía caso omiso a los controles tecnológicos de radar, que se encuentran precisamente en los accesos a las ciudades, es decir en los sitios de mayor peligro.

Esas personas, las que registraron esos excesos, venían hacia aquí, y no a otro sitio. La ley de tránsito prevé sanciones que deben ser aplicadas. ¿Cuál es la razón de que durante los dos últimos meses se haya instalado en la población el miedo a ser sometido al test de alcoholemia? Simple y sencillamente el miedo a que el coche resulte secuestrado y el conductor penado con una altísima multa. Cuanto más alta, mejor.

Sin embargo, hecha la ley hecha la trampa. Recientemente ciertos infractores comenzaron a buscar vericuetos legales que hicieran que los jueces tuvieran ocasión de reescribir las leyes de tránsito, haciendo valer normas de mayor incumbencia o simplemente interpretaciones de derecho, para que la pena impuesta comenzara a ser relativa. Obviamente relativa a la capacidad económica y cultural que ejerza el infractor para poner el aparato legal definitivamente de su parte y de parte de su coche.

El caso de Nicolás Luis Ezequiel Peralta es paradigmático. Un conductor con alcoholemia positiva fue sancionado con el secuestro de un automóvil Fiat 147, y se dirigió a la justicia a través de una doble instancia para reclamar la entrega de un bien que le pertenece, sin pagar la multa.

Cuarenta días después, y luego de que el caso fuera tratado por la Cámara de Apelaciones de los jueces Ricardo Favarotto y Marcelo Riquert, el juez en lo correccional Leonardo Celsi ordenó la restitución del automóvil sin que mediara el pago de la sanción económica impuesta. ¿Qué tal?

Dice el juez que las razones que justificaron aquel secuestro hoy no persisten. Y que la sanción resulta a todas luces desproporcionada.

“Que en la actualidad, transcurridos cuarenta días desde el pronunciamiento del suscripto, la privación del pleno goce del derecho de propiedad sobre la cosa, en definitiva deviene excesiva por desproporcionada (…)”.

Además, aprovecha el juez, desde el 1 de enero de 2009 entró en vigencia la ley 13.927, que implícitamente deroga la 11.430. La nueva norma no prevé la retención de vehículos como sanción a la alcoholemia positiva. Es decir que el juez Celsi está aplicando la ley con carácter retroactivo a fecha por él estipulada. ¿Verdad?

“…si bien expresé que al momento de dictar su pronunciamiento el juez de faltas y el suscripto la medida resultaba legal, ahora ese sustento legal se ve claramente debilitado (…)”

No hay caso

A ver si queda claro. El juez Celsi, con anuencia de la Excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantías de Feria- Favarotto y Riquert- se enfrentan con su decisión a lo que había establecido el juzgado nº 2 del Tribunal Municipal de Faltas, “sin quedar condicionada la entrega al pago de la multa impuesta”. Y lo hacen por aplicación de una nueva ley que entró en vigencia el reciente primero de enero, es decir con carácter retroactivo. Una monada.

La mejor manera de que cualquiera encuentre la manera de tomar hasta caerse desmayado sin que le tiemble el pulso, y después salir con aires de omnipotencia a matar gente gratis es aceitar los mecanismos para que, al final de cuentas, el chiste no cueste un peso. Ni uno más de lo que implica pagar un abogado, si es que el caso no es llevado adelante por un padre letrado o un buen amigo.

Cómo se hace, entonces, si la justicia dice que uno se puede negar a soplar en la boquilla de los controles de alcoholemia sin que nadie pueda presuponer por eso que está alcoholizado. Cómo haremos, si Dalma Maradona sigue manejando porque pudo negarse al control para evitar las fotos de los paparazzi. De qué manera lo haremos, si fuimos el ejemplo nacional por unos pocos días, hasta que a alguien se le ocurrió la forma en que uno podía decir elegantemente que no, y ahora ni siquiera le van a secuestrar el auto. Cómo, diríamos finalmente, si trascendió todo un día que el equipamiento que utiliza la policía para el control estaba “en mantenimiento”, es decir fuera de uso. Y encima el intendente les dio a los bebedores el horario exacto en que se realizarían los operativos, entre las tres y las siete de la mañana, como para que nadie salga de los bares hasta las siete y diez. ¿Cómo?

No hay forma de combatir la impunidad si hay alguien que rema en contra, y no para de reescribir las leyes de tránsito a uso y abuso del consumidor. Señoras y señores: en cuestiones de manejo, los hombres y mujeres son hijos del rigor. Funcionan a precio de multa. Y nada más.

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