Hijas de Comisario y empresario perciben pensiones graciables

BV.COM pudo comprobar el otorgamiento irregular de dos pensiones en la Provincia de Buenos Aires (ley 10.205), iniciadas en Bragado, y en uno de ellos, con acceso al expediente administrativo.
Se trata de prestaciones de 200 pesos mensuales otorgadas por el Instituto de Previsión Social bonaerense y la cobertura de IOMA a menores de veintiún años con discapacidad psico o física en forma permanente. Según la ley, son requisitos acreditar residencia previa de dos años en el ámbito de la provincia, que "el menor no se encuentre amparado por régimen previsional o de retiro alguno" (que se acredita con declaración jurada) y que los padres o representantes legales no tengan bienes suficientes, que posibiliten la satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud y esparcimiento. En este último caso, el menor no debe tener ingreso o remuneración alguna, y los de sus padres o representantes legales no podrán ser superiores a cinco sueldos de los empleados estatales clase IV (Ley 10430).

En uno de los casos el padre de la beneficiaria es propietario de dos agencias de remises, tiene varios automóviles afectados a ese servicio, vive en una chacra de 20 hectáreas que siembra con soja y se moviliza en una camioneta 4x4.

El otro es patético: la beneficiaria es hija de un Comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que percibe 6 mil pesos mensuales y le descuentan una cuota alimentaria provisoria equivalente al 25% de la remuneración de bolsillo, unos 1.300 pesos mensuales, que se dispuso en el juicio de alimentos que tramita ante el Juzgado de Paz Letrado de Bragado. Sus padres son propietarios de una casa quinta –hipotecada por préstamo del Banco Provincia-, donde vivía la familia, que cuenta hasta con pileta de natación, y su valor superaría los 300 mil pesos. Por otra parte la madre es co propietaria de un inmueble y de un frigorífico. Tiene un automóvil pero que ha registrado a nombre de su madre. La menor, que cumplirá 18 años en noviembre, y que a partir de los 21 años podrá gozar del beneficio en forma definitiva, era afiliada de IOMA y del co seguro de Servicios Sociales de la Policía por la actividad de su padre.

Pese a ello, la madre presentó una solicitud ante Desarrollo Social de la Municipalidad de Bragado, el 9 de octubre de 2008, que la tramitó ante el I.P.S., y se comenzó a percibir desde el 1 de diciembre del mismo año. Mientras a otras personas en reales condiciones se les deniega, para este casos se falsearon datos no solo de índole patrimonial: se establece que la menor es "deficiente mental", lo que es totalmente falso, ya que estuvo cursando el secundario en el Instituto Agrotécnico y emitió sufragio en la última elección del 28 de junio. Por supuesto que hay complicidades. La Asistente Social Miriam Almirón aconsejó en esa solicitud. "dar curso favorable así la menor puede contar con una obra social que le permita acceder a un tratamiento adecuado" (ver). Además que tenía obra social y co seguro, fue atendida en Bragado por el doctor Renzo Zanettini y por su epilepsia (que no es demencia) en el reconocido Instituto Fleni de Capital Federal.

En otra parte se establece otro dato falso: que la madre realiza changas en un peladero (es la dueña en realidad), que vive en casa de su abuela (que también es de su madre) y que no tienen obra social (totalmente falso), que se atiende en el Hospital, cuando hay historia clínica.

Enterado de la situación, el padre se presentó pro escrito ante el propio I.P.S., a mediados de agosto. Acompaño recibo de sueldo, aportó datos y pidió la suspensión del beneficio por incompatibilidad. Por su parte, ante la justicia denunció defraudación al estado provincial. Pero hasta ahora la corrupción es más fuerte.

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