Hicieron lugar a la apelación y la SAETA no pagará multa por rescindir un contrato

Frente a la decisión de la Corte de Justicia de hacer lugar a la apelación presentada por la Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA), el juez del Trabajo Nº 1, Carlos Herrera, decidió dejar sin efecto las multas que había impuesto a la concesionaria por rescindir el contrato de concesión de publicidad a Centro Imagen.
Esas fueron las notificaciones que llegaron a la empresa el viernes pasado, junto con el fallo de la Corte de Justicia en la cual sus miembros entendieron que Herrera se había expedido en la cautelar sobre una cuestión muy ligada al amparo presentado por Centro Imagen y, por lo tanto, constituyó un adelantamiento de su decisión sobre la cuestión de fondo, como lo reclamaron los abogados de la SAETA.

Herrera había considerado que la decisión de rescisión del contrato había sido "ilegal y arbitraria", por parte de SAETA.

Para los miembros de la Corte esto no se comprobó, y agregaron que SAETA "actuó en base a la normativa vigente y a través de los órganos con competencia para ello".

También consideraron que Centro Imagen no comprobó el peligro invocado en la demora de la resolución.

"Este requisito debe ser vinculado necesariamente con la irreparabilidad o gravedad del perjuicio, o que el mismo resultare proporcionalmente mayor al que derivaría de la suspensión de la rescisión contractual", lo cual, sostuvieron no se logra evidenciar porque "no se ha demostrado que la decisión cuestionada pueda traer aparejado un menoscabo a los derechos o intereses de la demandante, que ésta sólo invoca genéricamente, sin precisarlos de manera concreta y actual y sin concretar los perjuicios cuya reparación resultaría imposible en caso de no accederse a la cautelar, con lo cual queda excluida la irreparabilidad invocada".

La rescisión del contrato con Centro Imagen se dio antes de las elecciones legislativas nacionales en Salta, y luego de que la empresa dispusiera en las lunetas de los colectivos la propaganda de los candidatos opositores al electo diputado nacional, Fernando Yarade.

Entre otras acusaciones, la titular de la empresa, Nilda Avilés, había indicado que la pauta de Yarade fue pagada en parte por el presidente de la SAETA, Federico Berruezo, agregando que el funcionario había solicitado la facturación en nombre de la Fundación IDEAR.

Esta fue la entidad que tuvo a su cargo la Escuela de Administración Pública (EAP), representada en 2005 por el actual gobernador Urtubey. Luego, la EAP pasó a formar parte de la estructura del Gobierno.

Aunque Nuevo Diario quiso saber la constitución de IDEAR, se obstaculizó su conocimiento en la Dirección de Personas Jurídicas indicando que se debía "ser parte" de la entidad para consultar su estatuto y conformación. Sin embargo, fuentes extraoficiales indicaron que el presidente de IDEAR sería el gobernador.

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