Una serie de allanamientos realizados ayer en nuestra ciudad, en el marco de una causa por presunta asociación ilícita fiscal que se tramita ante el Juzgado Federal Nº 1 de nuestra ciudad, permitió el secuestro de abundante documentación que indirectamente podría comprometer al empresario kirchnerista Lázaro Báez, acusado de lavar dinero.

Los operativos, previstos en el expediente CFP 10.451/14, fueron dispuestos por el juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, quien podría ser removido de su cargo -sin juicio político previo- mañana, durante una reunión del Consejo de la Magistratura, que tiene mayoría oficialista. Hay quienes sospechan que esta decisión estaría emparentada con la decisión del magistrado bahiense de avanzar en investigaciones que se relacionan con Báez.

Los allanamientos, desarrollados en la mañana de ayer, estuvieron a cargo de la división Jurídico-Contable de la Policía Federal, cuyo personal llegó procedente de Buenos Aires.

“Es en el curso de la investigación que se le sigue a las empresas Grupo Penta y Cia SA, Calvento SA, Terrafari SA y Constructora Patagónica Argentina SA”, sospechadas de ser usinas de emisión de facturas truchas con la finalidad de lavar dinero, se informó oficialmente desde el juzgado.

Por el hermetismo reinante, no se supo dónde están ubicados los inmuebles allanados, aunque sí se dijo que son oficinas comerciales y domicilios particulares.

La documentación y computadoras secuestradas serán sometidos a estudios contables, a fin de “judicializar” todos los datos.

Esa pericia, por un lado, servirá para avanzar contra las cuatro empresas -las primeras tres pertenecen a la familia Ficcadenti y la restante, a Antonio Ferreyra- y, por otro -y quizás lo más importante- podría ser útil para la causa que sigue el juez capitalino Sebastián Casanello contra Lázaro Báez, por presunto lavado de dinero.

“Para el lavado de dinero debe haber un delito precedente, del cual surge el dinero que luego se ingresa en el circuito legal. En este caso podría establecerse que el dinero que supuestamente lavó Báez -no menos de 50 millones de pesos- se originó de la facturación apócrifa de las empresas bahienses”, explicó una fuente judicial.

De hecho, Casanello ya se valió de la “causa Suris” para resolver el año pasado los procesamientos del financista Federico Elaskar y del mediático Leonardo Fariña, por lavado de dinero.

En el caso de Báez, se presume que a través de Austral Construcciones, su principal firma, habría justificado gastos con las facturas apócrifas con el propósito de evadir impuestos. Todo con el supuesto amparo de la AFIP.