Sin herramientas de presión

Por Cledis Candelaresi

La política instrumentada a través de la Secretaría de Comercio Interior se expresa mediante una mezcla de acuerdos verbales, en la mayoría de los casos, o escritos, en menos. Esa debilidad tiene su origen en la carencia de leyes para intervenir en los mercados.

Salvo en el caso de los servicios públicos o algunos sectores particulares, Argentina tiene libertad de precios y pocos mecanismos legales para contenerlos. Con esta restricción, la Secretaría de Comercio Interior no dispone de muchas herramientas para sujetar el alza de precios más que algunos acuerdos sectoriales, como los que rigen para ciertos productos básicos como harinas, lácteos, aceites y carnes. O los pactos especiales con formadores de precio que asumen la forma de un "toma y daca": se les permite vender más caro algunos artículos a condición de contener otros. A este marco difuso y con modos a veces irritantes para empresarios, se ciñó hasta ahora Guillermo Moreno.

Los alimentos mencionados son de los pocos que llegan a los comercios con un precio sujeto por la acción oficial, aunque este límite no rige para todas las categorías de productos ni la versión más económica está disponible en cualquier local. La carne, según se lamentan los autoservicios, es un ejemplo. Los cuatro cortes populares que tienen obligación de despachar al mercado interno los exportadores se distribuyen a través de las grandes cadenas de supermercados, pero no en el resto de comercios pequeños de proximidad.

Una versión más amplia de estos pactos son las canastas temporarias (Navidad, Escolar, Pascuas) que pretendieron acercar con limitado éxito artículos más baratos. Las otras, no acotadas a un menú ni en tiempo, resultaron aún más ficticias, ya que las industrias proveedoras sólo garantizan una limitada provisión de productos en esas condiciones, cuyo hallazgo en una góndola se transformó en una proeza. Uno de los últimos intentos fallidos fue el de comercializar un variado menú de 120 artículos a través de los supermercados chinos. Estos comercios terminaron armando sus propias ofertas en base a negociaciones con sus proveedores habituales, diferentes a los incluidos en la acotada lista que admitía Comercio. La ley 20.680, de Abastecimiento, habilita al Estado la fijación de precios máximos bajo ciertas condiciones y contempla eventuales sanciones a quienes los transgredan. Pero no hay norma que ampare esos acuerdos de palabra.

Con las grandes industrias de cosmética, limpieza y alimentación que tienen el poder de formar precios, Comercio intentó lo mismo que con algunos grandes comercios: permitir que suban los márgenes de la mayoría de los productos, a condición de que rebajen otros. En particular si estos bienes van a estar bajo la lupa de los encuestadores del Indec. De esta mecánica bien puede dar cuenta Garbarino, que se avino a la estrategia oficial, con buen provecho para su caja.

El Estado puede darle forma de resolución a un acuerdo con una cámara sectorial. Es el camino que se transita, por ejemplo, con la medicina prepaga, o los colegios privados, cuyos precios están regulados. Y apela a disposiciones de los entes de control o normas de las distintas secretarías para habilitar cualquier ajuste en las tarifas de servicios públicos, generalmente provistos por privatizadas. Pero no hay instrumento legal que permita sancionar a una firma formadora de precios que no cumple el convenio verbal al que hubiera podido arribar con Moreno.

La estrategia oficial a veces se expresa a través de una mezcla de acuerdos verbales (en la mayoría de los casos) o escritos (en menos), como ocurre con el sector de combustibles. El Estado impone a las petroleras valores topes para abastecer al mercado interno y "concilia" con los refinadores un precio en surtidor. Por este atajo y sin que mediara ningún anuncio público, la nafta consiguió subir hasta casi alcanzar el valor por litro equivalente a un dólar.

Moreno es un exponente de esta lógica oficial de presionar para acordar, y conceder para obtener, a falta de instrumentos legales que permitan limitar los precios de un modo compulsivo, sancionando a quienes los suban por encima de un tope impuesto con lógica económica o por necesidad política.

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