Hernández planteó el conflicto de poderes; igual fue desalojada

La medida fue dispuesta por el juez Julio César Acuña. Críticas a la actuación del fiscal González.

A pesar de la presentación que el abogado de la intendenta peronista de San José, Mónica Hernández, hizo durante la mañana de ayer ante la Corte de Justicia, planteando el conflicto de poderes y pidiendo una medida cautelar para confirmarla en el cargo, no logró evitar el desalojo de la sede municipal en donde Hernández estuvo atrincherada por más de dos semanas.

Después del mediodía, y cumpliendo un requerimiento efectuado por el fiscal Marcelo González, quien imputó a la jefa comunal por los delitos de usurpación del cargo y persistencia ilegal en la función, el juez de Garantías de Santa María, Julio César Acuña, allanó el municipio y desalojó a Hernández.

En medio de un fuerte operativo policial, que incluyó la presencia de efectivos de Infantería y de decenas de agentes, se cumplió finalmente la disposición que se esperaba desde el martes.

La intendenta que fue desplazada por el Concejo Deliberante de San José, por una supuesta malversación de las regalías mineras, sufrió una descompensación que obligó a retirarla en camilla hacia en centro médico de la localidad.

Los concejales que promovieron el desplazamiento por sesenta días de la jefa comunal se mostraron satisfechos por la acción de la Justicia.

Desde comienzos de semana, el clima en la localidad santamariana se había enrarecido, y algunos pobladores salieron a la calle a exigir Hernández que abandone la sede municipal.

El martes y miércoles hubo piquetes que bloquearon los accesos a San José. El último fue levantado luego el que fiscal de Santa María asegurara a los manifestantes que era inminente la orden de desalojo, que finalmente se cumplió ayer.

El representante legal de la jefa comunal, Mario Sampayo, cargó duramente contra la medida, afirmando que, luego de presentado el conflicto de poderes, la justicia santamariana debería haber cesado con cualquier tipo de acción, porque la resolución era "competencia exclusiva" de la Corte.

Para el letrado, la actuación del fiscal fue un "atentado a las instituciones", por cuanto, dijo, no tenía competencia para realizar actuaciones que impidieran a la intendenta continuar en el cargo.

El abogado dijo por medios radiales que se estudiaba una presentación por "el avasallamiento" del fiscal, calificando de "ilegal e ilógica" la decisión que tomó.

Asunción

Apenas cumplido el desalojo, se hizo cargo del Ejecutivo el presidente del Concejo Deliberante, Rosario Marcial (FCS). El edil dijo que las primeras acciones pasarán por revisar el patrimonio de la comuna y requerir a los funcionarios de Hernández documentación de la gestión.

Comentó que se realizará un inventario de lo existente en la sede municipal y que avanzaría con la conformación de un nuevo equipo de gestión.

En este marco, mencionó el nombre de la ex concejal oficialista Ana Nieva como futura colaboradora.

Dijo que encargará auditoría sobre las cuentas de la comuna, "para mostrar a la gente de San José cómo se estaba manejando los recursos financieros".

Los concejales apartaron a la intendenta porque en rendiciones de cuenta de 2006, 2007 y 2008, se observaron gastos de regalías, sin que existieran las obras correspondientes, sin documentación respaldatoria y sin que esos fondos fueran reintegrados con posterioridad a la cuenta minera del municipio.

Crítica de Santucho

El intendente de Huillapima, Mario Santucho, realizó una fuerte crítica a lo que considera es una avanzada oficialista contra las intendencias peronistas. Desde Recreo, adonde llegó para acompañar a Daniel Polti, dijo que "es terrible lo que están haciendo, y yo creo que van por más".

"Parece que sólo nosotros somos los que metimos la mano en la lata, los que estamos cometiendo irregularidades, los que violamos la ley", dijo.

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