“Fue el propio gobierno el que armó lo de las llamadas, porque Insfrán pidió el 19 de enero que graben mi programa en una escribanía, y la llamada fue el 21. ¿Cómo sabía que alguien iba a llamar? Nunca vi preparar una causa judicial con tanta impunidad y mala fe”, dijo Gabriel Hernández, uno de los periodistas condenados por la jueza Giselle Verónica Drovandi

UNA FARSA PARA AMORDAZAR LA PRENSA INDEPENDIENTE

“Por eso –agregó- hemos pedido las grabaciones y vamos a demostrar que todo esto es una farsapara amordazar a los medios de comunicación independientes. Vamos a denunciar a la jueza Drovandi, que es esposa de un alto funcionario político del Poder Ejecutivo provincial, por haber dictado este fallo vergonzoso, sin fundamento jurídico”.

A tal punto llega la obsecuencia de la jueza, que dice en la sentencia que incrementa el monto de la indemnización porque Gildo Insfrán ha tenido una gestión “intachable” como gobernador, un comentario insólito proveniente de una magistrada que tendría que actuar de modo imparcial e independiente del poder político.

El día 19 de enero de 2013, siguiendo instrucciones de Gildo Insfrán, un funcionario del gobierno provincial pidió al Escribano Oscar Aníbal Leguizamón, adscripto del Registro Notarial Nº 19 de la ciudad de Formosa, que grabe el programa “Mano a Mano” de Radio Fantasía FM 100.3 que yo conducía en esa época. El funcionario que pidió la grabación fue Walter César Segundo Rodas, Director de Asuntos Administrativos del Poder Ejecutivo provincial.

PARA VICTIMIZAR AL GOBERNADOR

Gabriel Hernández afirma que esa grabación preparada, que la jueza soslayó cuidadosamente en los fundamentos de la sentencia, demuestra que el gobiernosabía que iba a producirse la llamada telefónica del oyente, y lógicamente, la única forma de saberlo es porque ellos mismos mandaron a hacer la llamada, para luego salir en todos los medios a rasgarse las vestiduras en repudio al supuesto “agravio” al gobernador.

“Se nos acusa –dice Hernández- de haber instalado el agravio a Insfrán, siendo que el propio gobierno preparó el terreno para instalar ellos la polémica por la llamada del oyente, saliendo varios funcionarios a efectuar fuertes declaraciones “en desagravio” del gobernador, victimizándolo y fustigando a los periodistas que recibieron la llamada”.

TORPE, BURDO, MAMARACHO JURIDICO

Todo esto es muy torpe, muy burdo, al igual que la sentencia misma de la jueza Drovandi, que es un mamarracho jurídico, donde se otorga una indemnización “ejemplar” de 2 millones de pesos a favor del “intachable” gobernador Insfrán, no solo como reparación del supuesto daño moral, sino también para “desalentarconductas lesivas de ese tipo en el futuro”.

“Es decir, que la jueza condena a pagar una suma exorbitante, para que sirva de escarmiento y advertencia a otros periodistas, para que ni se les ocurra criticar al gobierno, y menos abrir el micrófono a los oyentes, un verdadero atropello a la libertad de expresión”, finalizó diciendo Gabriel Hernández.