Según se pudo saber, la imputación penal contra el hermano del ex gobernador, Juan Carlos Romero, por el delito de fraude surge de la causa denominada “Mercado S.R.L.”, cuyo trámite es llevado adelante ahora por la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos.

En esta causa también se encuentra imputado el ex gobernador Romero, el ex vicegobernador, Walter Wayar; el ex escribano de Gobierno, Víctor Manuel Brizuela; el ex ministro de Hacienda, Fernando Yarade; el diputado provincial y ex ministro romerista, Javier David; las escribanas Laura Inés Wayar y María Carolina Dellmans Pacheco; Graciela del Valle Piniella Langou y Sara Josefina Goytea Silvester, viuda del publicista, Julio Castillo (f), quien también estaba imputado.

En la causa se investiga a los acusados por ser partícipes de una serie de operaciones inmobiliarias que llevaron a la Provincia, gobernada por Romero, a pagar la suma de 2.981.354 pesos en concepto de “sobreprecios” por tierras que fueron adquiridas por el Estado a la empresa Mercado S.R.L., la cual fue constituida por Castillo y Piniella Langou el 5 de diciembre de 2000, y por sucesivas cesiones de cuotas sociales, también fue titular de una parte de ellas Sara Josefina Goytia Silvester. 

Según trascendió, las operaciones que están bajo la lupa giran en torno a la compra de tierras por parte de la empresa Mercado SRL, la cual luego revendió a la Provincia con una sobrevaluación de más del 100 %, lo cual causó para el Estado un perjuicio económico de casi tres millones de pesos.

La relación de Marcelo Romero con Mercado SRL, según la investigación penal, surge de la sociedad que tuvo el hermano del ex gobernador con Julio Castillo, quienes poseían el 50 % de acciones de la empresa "Bienes Raíces Broker Inmobiliario S.R.L.", constituida el 29/8/05.

Para la Justicia, Castillo desvió las ganancias obtenidas con la sobrevaluación de precios a los Romero a través de la firma Broker Inmobiliario SRL, o sea una suma cercana a los tres millones de pesos, dinero que fue producto de la venta de tierras al Estado para la construcción de viviendas sociales.

La causa no fue anulada 

La defensa del ex gobernador, Juan Carlos Romero, venía informando de manera errónea y deliberadamente que esta causa había sido anulada por la Sala II del Tribunal de Impugnación, integrada por los jueces, Edgardo Albarracín y Adolfo Figueroa.

Lo cierto es que estos magistrados resolvieron anular la promoción penal inicial, pero no cerraron la causa, sino la remitieron nuevamente al Ministerio Público a fin de que retome el acto acusatorio, según lo previsto por la nueva reglamentación del Código Procesal Penal, ahora vigente.

En función de ello, la causa fue remitida a la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, la cual reforzó la imputación y comenzó con la citación a indagatoria de todos los acusados, siendo el primero de ellos, el ex gobernador, quien la semana pasada ya presentó un nuevo recurso para dilatar el proceso, lo cual, sin embargo, no impide avanzar con las citaciones a su hermano y el resto de ex funcionarios imputados.