La herencia económica K (parte II)

Por: Maximiliano Montenegro

Lavagna disparó la polémica sobre el legado económico de los Kirchner. "El próximo gobierno tendrá cero margen de acción", dijo. Un repaso de algunos indicadores: deuda, cuentas fiscales, provincias e inflación. Los argentinos atesoran casi u$s 160 mil millones fuera del circuito económico. Una tendencia inexorable.

Es parte del ser argentino. En el último informe del INDEC sobre el Balance de Pagos (a septiembre pasado) se estima que los argentinos atesoran u$s 159.072 millones fuera del circuito económico local. El monto empequeñece el total de la deuda externa pública y privada (u$s 123.807 millones). Equivale a más de tres veces las reservas del Banco Central.

En el 91, eran u$s 50.063 millones. Al final del menemismo, u$s 97.000 millones, el doble. En diciembre de 2003, 118.000 millones de dólares. El último dato: casi u$s 160 mil millones, 35% más. En las últimas dos décadas, solo entre 2004 y 2005 logró torcerse levemente la tendencia, en la época dorada del kirchnerismo. Luego la fuga retomó su curso, inexorable.

Herencia. En el 83, Alfonsín asumió el Gobierno tras el estallido de la crisis de la deuda –que en la Argentina implicó la estatización de deudas privadas decretada por la dictadura militar–, lo cual dejó al primer gobierno de la embrionaria democracia casi sin margen de maniobra frente a grupos económicos locales, bancos comerciales extranjeros y organismos internacionales. La transición de Alfonsín a Menem tuvo lugar en medio de dos hiperinflaciones. En el 99, el triunfo de la Alianza llegó tras la devaluación de Brasil en enero de ese año y una recesión que prenunciaba el final de la convertibilidad. El final del gobierno de De la Rúa con el estallido de la ficción del 1 a 1 y el default no hace falta reseñarlo. Todavía está fresco en la memoria colectiva.

De no ocurrir alguna sorpresa, existe consenso entre los analistas de que los próximos dos años serán la primera transición de una administración política a otra desde la vuelta de la democracia sin crisis económica como telón de fondo. No es poco.

Sin embargo, las provocativas declaraciones de Roberto Lavagna abren una interesante polémica sobre el legado económico K.

"Los Kirchner dejan cero margen de maniobra a la próxima administración. Es una herencia tan pesada como la que le dejó Menem a la Alianza. Tal vez un poco menos porque el tema de la deuda, después del canje que hicimos en 2005, no es importante. Pero en otras materias (déficit fiscal, alta inflación, aumento de la pobreza, deterioro de la competitividad, subsidios exorbitantes, capitalismo de amigos) el legado es igual de pesado", disparó días atrás ante este diario.

El primer ministro de Economía de Kirchner pronosticó que en los próximos dos años no habrá un escenario explosivo porque "el tema de la deuda no es relevante". Pero advirtió que serán "dos años de caminar en el barro. Un crecimiento moderado, poca creación de empleo, alta inflación, y va a continuar el deterioro de las condiciones sociales que se evidencia desde 2007", señaló.

La discusión sobre la herencia económica K y el espacio de gestión disponible a partir de diciembre de 2011 es un desafío atractivo. Avancemos sobre algunos puntos:

Deuda: según un informe de ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto), el pago de intereses de la deuda insumirá este año el 8,9% de los ingresos de la administración nacional (descontada la coparticipación que va a las provincias), lo cual constituye "una carga financiera relativamente baja".

Hasta el año 95, los intereses de la deuda acaparaban menos del 10% de la recaudación del Estado nacional, pero a partir de entonces empiezan a dispararse: en el 98 ya superaban el 15%, y a partir del año 2000 atraviesan la barrera del 20 por ciento. Hacia fines de 2001, en el trimestre previo al default, consumían arriba del 25% de los ingresos fiscales: es decir, 1 de cada 4 pesos recaudados por el Estado se destinaba al pago de los servicios de la deuda.

No obstante, ASAP advierte que "los servicios de la deuda tienen una tendencia marcadamente creciente, hasta niveles del orden del 3% del PIB en 2012, cuando en los últimos años osciló entre el 1,5 y 2% (en 2009) del producto. A su vez, no debe perderse de vista que, a partir de 2014, comienza a pagarse la porción de los intereses que actualmente se capitalizan, de acuerdo al diseño de los títulos entregados en el canje de 2005", recuerda el informe.

Como dice Lavagna, la deuda no será agobiante en el próximo mandato presidencial. En especial si se tiene en cuenta que con la estatización de las AFJP, una porción de los vencimientos es intraestatal, papeles en poder de la ANSES. Pero el mayor peso de los servicios a partir de 2012 achicará el margen de las políticas públicas.

Cuentas fiscales: en 2009, el superávit fiscal primario no alcanzó para cubrir ni siquiera los intereses de la deuda. Por eso, por primera vez desde 2002, el Estado cerrará con un déficit financiero. El gasto público crece al 25% anual con una dinámica propia –mientras la recaudación sube al 12%– porque las jubilaciones se ajustan automáticamente –por la ley de movilidad– y junto con los salarios públicos acompañan la inflación. Además, los subsidios a empresas privadas (energía, transporte, agroindustrias), que este año llegarán a $ 35.000 millones, es una caja difícil de desarmar en los próximos años.

Si en el futuro la recaudación no repunta fuerte (por la reactivación, eliminación de exenciones tributarias y/o disminución de la evasión), será mayor la dependencia del endeudamiento externo para financiar obras públicas u otros programas de inversión.

La creación del Fondo del Bicentenario (u$s 6.569 millones de las reservas para pagar vencimientos de deuda en 2010), le permitirá al Gobierno liberar recursos del Presupuesto para costear obras y planes sociales. Pero aun así el financiamiento del anunciado plan de infraestructura (por más de $ 20.000 millones) todavía está atado a la emisión de nuevos papeles de deuda en el exterior.

Provincias: según un informe de la consultora Economía & Regiones, siete de las provincias más grandes introdujeron en los presupuestos 2010 reformas impositivas con el fin de engordar la recaudación propia: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Neuquén. La eliminación de exenciones en ingresos brutos, la suba en las alícuotas de los impuestos Inmobiliario y Automotor, y hasta la creación de nuevos tributos, están en el menú de los gobernadores, desesperados por cerrar las cuentas sin emitir bonos locales, aun a riesgo de desalentar la incipiente reactivación. En los Estados provinciales, la nomina salarial representa el 50% del gasto y atrasarse en el pago de los sueldos públicos implica abrir la caja de Pandora de la conflictividad social.

En 2009, las provincias cerrarán con un déficit financiero de $ 9.000 millones, que amenaza con dispararse en 2010: llegaría $ 12.200 millones si el aumento de los empleados públicos fuera de solo 10%; a $ 15.100 millones, con una mejora salarial de 15%; y arañaría los $ 19.000 millones con un aumento del 20%, como el otorgado en 2008.

La apuesta de la Rosada es habilitar el endeudamiento provincial con bancos, o acreedores privados, para cubrir el bache de gastos corrientes, un cóctel peligroso, como lo demuestra la experiencia de los noventa.

Al mismo tiempo, los gobernadores presionan por recuperar parte de los recursos que en los últimos años –con un kirchnerismo todopoderoso– cedieron a la Nación. Por caso, si se coparticipara el 100% del Impuesto al Cheque (en 2010, recaudaría 24.600 millones, de los cuales hoy sólo 15% llegan a las provincias), los Estados del interior recibirían $ 8.600 millones adicionales. Como contracara, se agrandaría el agujero fiscal del Estado nacional hasta mostrar tal vez un déficit fiscal operativo –aun antes del pago de intereses.

La frazada fiscal, en la última etapa de la era K, es cada vez más corta.

Inflación: para 2010, con la reactivación del consumo, los pronósticos más cautos hablan de un piso de inflación del 18 por ciento. Según un informe de Ecolatina, en los últimos cuatro años, la inflación "real" promedio en la Argentina fue de 17,8 por ciento, dato que lamentablemente no es posible contrastar con las cifras del INDEC. En la región, sólo Venezuela experimentó una inflación mayor (24%), mientras que Uruguay, Bolivia y Paraguay mostraron alzas de precios inferiores al 10 por ciento. En México, Brasil y Chile el IPC no superó el 5 por ciento anual durante el mismo período.

Con un agravante. En la Argentina, aun en un año de recesión, como 2009, los precios treparon alrededor del 15 por ciento: ¿memoria, inercia, expectativas, mercados oligopólicos?

Miguel Peirano y Martín Lousteau, otros dos ex ministros de Economía del matrimonio presidencial, coinciden en que altos rangos de inflación son incompatibles con mejoras en la pobreza, distribución del ingreso, y las condiciones sociales en general, como quedó demostrado a partir de 2007. Aun si los trabajadores en blanco lograran negociar salarios por arriba del IPC, difícilmente el 40% ocupados en negro logren ganar la carrera a los precios. La inflación también es implacable a la hora de licuar la política social.

Conciliar un plan antiinflacionario con crecimiento económico es otro desafío que difícilmente se resuelva antes de diciembre de 2011.

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