A la caza de "ñoquis", el intendente Daniel Orozco reincorporó a la municipalidad de Las Heras a unos 220 empleados cuyo contrato había caído el pasado 31 de diciembre, lo que originó un fuerte conflicto político y social en la comuna. Pero el dato llamativo es que unas 196 -alrededor del 30 por ciento del número original- directamente no se presentó a a las entrevistas con los funcionarios lasherinos. 

Los ex empleados habían sido citados a partir de las 7 de este lunes en distintas áreas para ser entrevistados por los funcionarios. Mientras esto ocurría, seguían las protestas en el exterior del edificio comunal. A cada agente se le preguntó qué funciones cumplía, en qué horarios y en qué lugar, ya que en algunos casos no tienen un lugar fijo, como los empleados de Turismo en la alta montaña. 

Según la información oficial, de los 662 cesanteados, se presentaron muchos menos, por lo que puede entenderse que la cesantía fue el primer filtro para detectar quiénes trabajaban y quienes cobraban sin hacerlo: unas 466 personas se presentaron este lunes a las entrevistas, que se realizaron en distintas áreas del municipio. 

En otras palabras, casi 200 personas desistieron y para Orozco la explicación es sencilla: "Evidentemente, no necesitaban el trabajo o algo pasó. Esas 196 personas o no cumplían la relación con el municipio o cobraban y no trabajaban. Si uno necesita el trabajo, tiene que estar, llueva o truene". 

De aquellos 466 presentes, se decidió que unas 220 personas continuarán trabajando para la municipalidad.

Orozco se encontró que una gran cantidad de esos cesanteados se encontraban en dos áreas sensibles. Uno de ellos, eran los preventores, la unidad de policía municipal que creó Rubén Miranda para la campaña electoral de Carlos Ciurca en 2015. En este caso, había dudas con 133 agentes que estuvieron presentes para las entrevistas, pero de los que sólo se reincorporaron de inmediato unos 64. Los otros 69 quedaron para una segunda entrevista. 

El otro nudo del conflicto social eran los empleados que se desempeñaban en los Cedrys, los centros deportivos y sociales. Ahí, la lupa permitió ver que había "desfasajes" ya que en uno había 40 personas y en otro apenas 3. En este caso, la revisión pasó por 80 personas.  

En tanto, se informó que otras 246 personas fueron citadas para una segunda entrevista "donde se evaluará aspectos formales de la relación laboral como así también la posibilidad de reasignarles nuevas funciones".

Orozco reconoció que también se encontraron con personas que no daban con el perfil pero que al final se los envió a una segunda oportunidad. En estos casos, los empleados tienen que volver con más documentación para volver a trabajar en el municipio. 

Además, los funcionarios atendieron a 250 personas fuera del listado, "que se acercaron a consultar por distintas situaciones laborales particulares". Se trata de municipales que estaban desde hace muchos años con contratos de locación y quieren pasar a planta o que buscaban regularizar su situación con la municipalidad. 

Pero la revisión de Orozco sobre la herencia que le dejó la gestión Miranda no se detendrá acá. 

Ahora, el intendente cobista espera los resultados de la auditoría efectuada por la Auditoría General de la Nación, encargada precisamente por sobre el Tribunal de Cuentas provincial por la desconfianza de los números que dejó la gestión justicialista.