En La Haya, Uruguay acusó que al río lo contamina Argentina

En eso se centró el discurso de la defensa ante el Alto Tribunal Internacional, en su primera jornada de alegatos. El vecino país replicó que los contaminantes no son de Botnia, sino de la actividad agrícola en nuestro territorio. Y aseguró que los efluentes de la pastera están controlados por las autoridades.
Dos de los ejes de la acusación argentina se centran en los efectos que la producción de pasta celulosa tiene sobre el medio ambiente (con daños transfronterizos) y que Uruguay decidió su radicación de forma inconsulta, unilateral, violando así un Tratado binacional, cuyo Estatuto fija claramente los pasos a dar en caso de proyectarse una radicación que potencialmente pueda afectar al río compartido y a la otra orilla.

Ahora, Uruguay dedicó la primera jornada de alegatos ante el tribunal supremo de la ONU a negar tales afirmaciones y demostrar lo contrario. Tuvo la palabra el abogado y profesor de la universidad de Edimburgo, Alan Boyle, quien aseguró que Botnia cumple regulaciones ambientales estrictas y "no ha causado contaminación dañina al río". Cumple asimismo con las normas fijadas por el Banco Mundial en materia de respeto al ambiente y las normas que se estipulan para las plantas de celulosa construidas en Europa.

"No ha puesto en riesgo la ecología o el ecosistema del río", dijo Boyle. Para ello, empleó datos del reporte preparado para la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y que ayer el diario El País de Montevideo calificó de "informe independiente".

Duro con Argentina

A su turno, el líder de la delegación uruguaya y embajador ente Estados Unidos, Carlos Gianelli, dijo que el bloqueo de la ruta internacional 136 ha causado pérdidas de miles de millones de dólares a Uruguay. "Es un episodio triste en las relaciones históricamente cercanas entre Argentina y Uruguay", sostuvo Gianelli. Y se quejó de que Argentina, en los alegatos de la semana pasada, empleó un "lenguaje excesivo" en el que "reflejó a Uruguay completamente fuera de la ley internacional".

Afirmó también que su país tuvo muy en cuenta las características del río binacional, que los contaminantes en el río Uruguay no son de Botnia sino de la actividad agrícola argentina, en tanto los efluentes de la pastera "están controlados por las autoridades uruguayas". La contaminación del río Uruguay se debe "a la creciente industrialización de la zona", dijo Gianelli, ya que en la orilla argentina "hay al menos 25 fábricas", aunque no especificó qué producen.

Boyle utilizó una de las afirmaciones de Susana Ruiz Cerutti y le dio un giro en contrario. La abogada de la Cancillería argentina dijo la semana pasada: Botnia es una "planta negativa en un lugar incorrecto". Para Boyle, "es una planta positiva en el lugar correcto en un río completamente capaz de albergar este tipo de desarrollo económico".

Boyle consideró además que el tribunal de La Haya no es competente para juzgar sobre la contaminación del aire que acusó Argentina.

En Montevideo, entretanto, el ex canciller y actual ministro de Defensa Nacional, Gonzalo Fernández, declaró que su país va a demostrar que se cumplieron los pasos requeridos por el Estatuto. "La República Argentina tuvo oportunidad de conocer todos los detalles y de participar en el Grupo Técnico mixto (GTAN), que por propia voluntad lo abandonó," dijo. "La planta cumple con todos los requisitos exigidos por la CARU y por los estándares de la Unión Europea".

Desde Buenos Aires no guardaron silencio tampoco. La Cancillería rebatió las afirmaciones de su oponente:

"Ese país procuró dejar de lado el Estatuto del Río Uruguay para los proyectos de plantas de pasta de celulosa de ENCE y de Botnia y, por el contrario, la Argentina no cejó en su propósito de que se respetara ese tratado", se lee en la réplica oficial argentina. Montevideo actuó con "unilateralismo para un sinnúmero de decisiones que el derecho internacional le imponía previamente informar y consultar a la Argentina" y "negligencia en la protección del medio ambiente del Río Uruguay y sus áreas de influencia".

"No sólo se ha probado que la planta de Botnia contamina el río y sus áreas de influencia, deteriorando la calidad de vida de las poblaciones aledañas, en particular la de la ciudad más poblada de sus inmediaciones (Gualeguaychú y sus 100.000 habitantes) sino también el empleo en la planta de sustancias prohibidas", afirma el documento.

Uruguay se aferra a los "entendimientos"

Argentina puntualizó además detalles acerca del entendimiento de partes ocurrido en 2004 entre los cancilleres Opertti y Bielsa, lo que toma especial relevancia ya que es uno de los argumentos más defendidos por Uruguay ante la Corte.

El documento dice lo siguiente:

"En marzo de 2004 el entonces Canciller uruguayo Opertti se comprometió ante el entonces Canciller argentino Bielsa a somenter el proyecto ENCE a la consideración de la Comisión Administradora del Río Uruguay a los efectos de dar cumplimiento al procedimiento de información y consulta previas previsto en el Estatuto. En ese entonces Botnia ni siquiera había presentado su proyecto. El Gobierno argentino creyó de buena fe que el Uruguay cumpliría con aquel compromiso, pero los hechos posteriores le indicaron que estaba equivocado. En marzo de 2005 el Gobierno argentino confiaba que el nuevo Gobierno uruguayo del Dr. Tabaré Vázquez, elegido en octubre de 2004, y que había hecho toda su campaña electoral manifestándose en contra de las fábricas de celulosa, iba a dejar sin efecto la autorización otorgada a ENCE por el Gobierno de Batlle en violación del Estatuto del Río Uruguay.

"En ese marco fue que el Gobierno argentino habló en términos de un entendimiento consistente en que el Uruguay iba a suministrar la información a la CARU y a la Argentina, y que la CARU reanudaría así su actividad que se encontraba paralizada desde octubre de 2003. El Uruguay no cumplió. No sólo eso, agravó el diferendo. Dos semanas antes de la asunción de Tabaré Vázquez, el Gobierno saliente de Batlle, lejos de llevar el proyecto ENCE ante la CARU, redobló la apuesta de su desafío al Estatuto del Río Uruguay y en febrero de 2005 autorizó unilateralmente la instalación de Botnia, en el mismo lugar, también en Fray Bentos, con una capacidad de producción todavía mayor que la de ENCE".

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