La Haya: Argentina "no consintió en la instalación de las plantas"

Argentina negó ayer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que hubiese alguna vez dado consentimiento a Uruguay para la instalación de una planta pastera junto al Río Uruguay.
Si Argentina hubiera consentido, todo este litigio no tendría razón de ser y no cabría queja alguna sobre olores, contaminación aérea, volcados al río, daños para la salud, el ambiente, el turismo, las producción agraria.

"Uruguay pretende afirmar que hubo un consentimiento de Argentina a la violación del artículo 7º del Estatuto -aseguró el abogado Marcelo Kohen, especialista en derecho internacional de la Universidad de Ginebra-. En ningún momento las partes acordaron no aplicar el Estatuto de 1975, tal como afirma Uruguay. Es evidente que no ha sido así. Refutaré la pretensión del Estado uruguayo de que las partes se han puesto de acuerdo para la construcción de las pasteras", adelantó al comienzo de su exposición. El art. 7º obliga a los estados parte a plantear emprendimientos y pedir permisos en el seno de la CARU. Y hubo dos reuniones en ese organismo donde Argentina condenó la entregas de autorizaciones para construir Ence y Botnia, durante las cuales, "ningún miembro de la delegación uruguaya afirmó que las partes hubieran salvado los obstáculos para llegar a un acuerdo para la construcción de las pasteras", dijo Kohen.

"Uruguay quiere hacer creer que las negociaciones paralelas pueden sustituir los procesos previstos en el Estatuto -siguió diciendo, en alusión al acuerdo de palabra que habrían realizado los entonces cancilleres Bielsa y Oppertti el 2 de marzo de 2004 sobre monitoreo conjunto de distintos ítems, acuerdo que luego habría caído por incumplimiento uruguayo-. Si las negociaciones directas llevadas a cabo entre octubre de 2003 y mayo de 2006 hubiesen conducido a un acuerdo, éste no sustituye las obligaciones hacia el Estatuto", abundó Kohen.

La pretendida autorización argentina a la instalación de plantas pasteras es el principal argumento uruguayo. Kohen dejó en claro ayer que "la posición argentina es diametralmente opuesta a los argumento expuestos a la Corte por Uruguay sobre la existencia de un consentimiento para la construcción de Botnia y Ence. Uruguay ha intentado imponer a Argentina la construcción de dos plantas en la rivera izquierda del río compartido, sustituyendo el procedimiento establecido en el Estatuto", concluyó.

En este punto, es oportuno recordar lo que ocurrió el 12 de septiembre de 2005 en Montevideo. Ese día, la presidenta de la delegación uruguaya ante la CARU, Martha Petrocelli (luego, en 2008 y 2009, presidenta del organismo) admitió ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado uruguayo que se había violado el Estatuto. Había concurrido allí a informar qué papel jugó la CARU en distintas instancias del conflicto pastero. Según la versión taquigráfica de la sesión, Distribuido Nº 432 de la Cámara de Senadores de Uruguay, los legisladores le preguntaron acerca de los mecanismos de consulta previa al

otro país que establece el Estatuto. Petrocelli reconoció que Uruguay debería haber realizado la consulta a Argentina pero no lo había hecho.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente le dijo a Petrocelli: "Uno de los argumentos que se daba es que si hubiera consultado le hubieran dicho que no. Es una picardía. ¿Qué pasaba si le hubieran dicho que no?".

La funcionaria respondió: "No se hacía la obra. Teníamos que ir ante un tribunal internacional para ver qué perjuicio causaba una negativa arbitraria".

El senador acotó: "Nos hubiéramos pasado un siglo discutiendo", y Petrocelli sentenció: "Así es".

Además de Petrocelli, el embajador uruguayo ante las Naciones Unidas, Felipe Paolillo, reconoció en mayo de 2006 que su país "informó a las autoridades argentinas de los proyectos y la construcción de las obras y proveyó en varias oportunidades la información que las autoridades argentinas solicitaron pero que sin embargo "no lo hizo a través del procedimiento establecido en el Estatuto del Río Uruguay" (Ámbito Financiero, 31 de mayo de 2006). Al conocer estas declaraciones, el canciller argentino Jorge

Taiana y su equipo legal de litigio ante La Haya sintieron que habían encontrado un filón: la posición de Paolillo representaba una admisión oficial y pública de la violación del Estatuto. El argumento provenía nada menos que del discurso del Gobierno uruguayo. En Montevideo también notaron el detalle y Paolillo dejó de integrar el equipo uruguayo dirigido por Héctor Gros Espiell.

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