Hasta acá

La Cámara Penal de Apelaciones confirmó el sobreseimiento de Ricardo Panadero, acusado por el crimen de Natalia Melmann, después de ocho años de estar en vilo. Dice el dictamen que no hay ni hubo en su contra más que presunciones, dimes y diretes en una de las causas con más irregularidades que se recuerden. Tema cerrado.

Los cargos originales habían sido estremecedores, e iban desde privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado, homicidio triplemente agravado por su comisión con alevosía con el concurso premeditado de dos o más personas y con el fin de ocultar otro delito o asegurar su resultado, o procurar impunidad. Pero el juez Saúl Roberto Errandonea había entendido algo diferente, y por tanto dispuesto ya el sobreseimiento.

La abogada Patricia Perelló es la defensora de Panadero, y cuando él ya había sido sobreseído por el Juzgado de Garantías Nº 1 -a cargo de Errandonea-, la letrada concedió una entrevista a Noticias & Protagonistas, donde relató lo que a su juicio fue el primer paso de irregularidad en la instrucción de la causa. Según detalló, había sido el propio Gustavo Melmann, padre de la menor asesinada, quien seleccionara de entre los expedientes de los efectivos de la fuerza policial que le fueron exhibidos por el comisario, los nombres de los cuatro que serían acusados del crimen. Huelga decir que poner tal información en manos de la familia de la víctima no parece ser un procedimiento ortodoxo en el momento de iniciar una instrucción policial. Y no lo es.

Uno de los seleccionados en la oportunidad fue Ricardo Panadero. Había sido imputado en aquel momento sobre ciertas presuntas pruebas que el fiscal Marcos Pagella no dejaba de invocar, pero que resultaron insolventes ante los magistrados. Aquellos que resultaban testigos directos de su participación en el crimen no habían ratificado su testimonio, y los datos de orden científico habían excedido los márgenes de error admisibles, hasta dar oportunidad de poner en duda toda la causa.

Allá lejos

Para comenzar, el análisis efectuado partía de la evaluación de un vello público encontrado en el cadáver, así como de los hisopados realizados sobre el cuerpo de la víctima. Según se señaló en aquella oportunidad, las pericias realizadas en primera instancia por la doctora María de las Mercedes Lojo, perito genetista de la Unidad Pericial de La Plata, arrojaron resultados aparentemente positivos.

Las siguiente pruebas fueron realizadas -a costa del pago efectuado por el mismo imputado- por la doctora Di Lonardo, directora del Banco Genético del Hospital Durand, en cuyo caso las pruebas fueron negativas.

Enfrentados ambos resultados y profesionales por la justicia, la doctora Lojo alcanzó a justificarse aduciendo que ella no había dicho jamás que el ADN correspondiera a Panadero, sino que su informe no excluía el perfil genético del imputado, ya que una de cada veinticinco personas podía tener un perfil similar. Ella no había podido obtener del vello material suficiente para efectuar un estudio de ADN, sino sólo el haplotipo para el cromosoma.

La doctora Di Lonardo, por su parte, explicó que el estudio realizado por Lojo no permitía la identificación genética del vello. Recomendaba la realización de nuevas pericias. Así se había desvanecido la aparente prueba. En virtud de ello es que el juez Errandonea dictó el sobreseimiento.

La decisión del juez de garantías fue apelada por Gustavo Melmann y Laura Calampuca, padres de Natalia, patrocinados por Alejandro Martín Borawski Chanes. El documento presentado revisa lo actuado una y otra vez, y vuelve al tema de las pericias genéticas.

Dijeron los particulares que, a su entender, no resultaría necesario realizar un nuevo peritaje para responsabilizar a Panadero, porque según su lectura de lo actuado, había una probabilidad "rayana en la certeza" respecto de la efectiva participación del acusado en el hecho investigado: "alto índice de congruencia autosómica, reducido núcleo poblacional vinculado al autor". Pero que en el caso de requerir nuevas pericias, las consideraban aun viables.

Por supuesto que la causa que estaba en consideración de la Cámara de Apelaciones contenía todo el material, y no solamente aquellos elementos sobre los cuales se pretendía hacer foco. Es decir que los magistrados tuvieron delante de sí la evidencia de las irregularidades de las pericias genéticas efectuadas. En buen romance: las pruebas solamente decían que no podía descartarse la participación del imputado, y no que pudiera comprobarse. La perito amparaba su ambigüedad en un aparente error de tipiado. Recordamos, además, que el material aludido había sido transmitido sin observarse las pautas sugeridas por la Sociedad Internacional de Genética Forense.

El reclamo de los particulares se apoyaba en que el sitio donde había sido hallado el cadáver no era el mismo que aquel en el que el crimen se habría cometido, que -dieron por establecido- sería una casa que dista "cinco cuadras de la casa de Panadero".

Como si no se exigiera ningún rigor lógico a la hora de efectuar una apelación, llegaron a argumentar que un estudio histopatológico indicaba que el cadáver había sido quemado con cigarrillos, y que el único funcionario policial de los mencionados que fumaba era precisamente Panadero. Por eso solicitaron la revocación del sobreseimiento, y la prosecución de la causa.

La respuesta

Esa Cámara, integrada por los jueces Juan Manuel Fernández Daguerre y Raúl Alberto Paolini, consideró que tal razonamiento había partido de una hipótesis que no se puede sostener en las pruebas: reducir el espectro de posibles agresores al personal policial, con lo que obviamente las posibilidades de intervención de Panadero se incrementan de manera notable. Pero no hay una razón fehaciente para mantenerlo.

Al efecto, solamente se contaría con el testimonio de Sergio Tomasetti, quien declaró haber visto al encausado en el sector de la costa la noche de la desaparición de la víctima. Esto no es suficiente, ya que los dichos solamente pueden probar eso: una presencia.

Dice el juez que no significa que ellos estén pidiendo una confesión o un testigo presencial para acusar a Panadero, como tangencialmente habría dicho la presentación de Melmann; pero tampoco puede imputarse a una persona por presunciones equívocas y no concordantes, como las que aquí se recogieron.

"Y párrafo aparte" -dice el juez- "merece el tiempo que lleva el proceso, que excede ampliamente lo que puede entenderse como razonable". Hace ocho años que este proceso intenta encontrar elementos para probar que Panadero participó en el crimen, y sólo ha registrado presunciones.

Manos a la obra

La cuestión ahora es aclarar por qué. Para Patricia Perelló se trata de una actitud corporativa: considera que en este momento de la vida del país es políticamente incorrecto defender a un policía, ya que el estigma que pesa sobre la institución hace que todo intento de aclarar las cosas traiga más y más confusión. La cantidad de juicios contra el Estado muestra, además, que es particularmente redituable un funcionario acusado en lugar de un delincuente común.

Dice la abogada que desde octubre de 2001 hay un testigo que afirma que el Gallo Fernández le habría confesado el crimen de Natalia Melmann y otro homicidio. Sirvió para que Fernández fuera penado, pero no para que se investigara su relación con el de la menor, que él habría cometido sin complicidades.

Niega Perelló la posibilidad de existencia de una violación conjunta, así como la autenticidad de la evidencia que vincularía al crimen con la institución policial. Y dice además que la familia de los policías acusados ha denunciado al fiscal por el ocultamiento de prueba favorable al acusado en enero de 2005. ¿Qué razones llevan a un funcionario judicial a ocultar una confesión que un testigo ha recibido, y que ha sido útil en otra causa? Lo concreto es que ocho años después, y esperemos que de forma definitiva, un cuerpo de magistrados alza la voz para decir que la narración reconstruida de la muerte de Natalia Melmann partió de hipótesis improbables. Y que hasta acá llegamos.

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