En la comisión presidida por el oficialista Marcelo Caponio, los parlamentarios contarían con la copia del expediente en el que se investiga el incidente protagonizado por Vargas Aignasse el 26 de enero. Del contenido de esas actuaciones dependerá si los oficialistas impulsan o no un pedido de sanción contra su compañero de bancada.

“Nos aseguraron que vamos a tener el informe en la reunión. Esa información será clave para que la comisión tome alguna posición”, indicó el legislador Juan Canelada (UCR), vicepresidente del comité de Asuntos Constitucionales. 

A su vez, el jefe del bloque oficialista “Tucumán Crece”, Ramón Santiago Cano, advirtió que si no cuentan con información de la Justicia Federal santiagueña, no se avanzará en el análisis de una posible sanción. “Sólo veríamos el tema de la licencia”, afirmó, haciendo referencia al pedido que realizó la semana pasada el hermano de la secretaria de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse.

Canelada manifestó que si el expediente judicial confirma que el justicialista intentó escaparse de policías santiagueños y protagonizó una persecución durante 12 kilómetros, correspondería que la Legislatura lo sancione. “Hay que tratar este tema con seriedad y esperar la información judicial. Si esta coincide con lo que se difundió en la prensa, considero que habría elementos suficientes para una sanción”, sostuvo el opositor.

Licencia no, sanción sí

La posibilidad de que sólo se acceda a otorgar una licencia a Vargas Aignasse fue rechazada de plano en otras bancadas de la oposición. “Nos parece que sería muy light aprobarle una licencia. El hecho que protagonizó es de una gravedad institucional importante, por lo que correspondería una sanción concreta”, afirmó el representante de Fuerza Republicana en la Cámara, Claudio Viña.

Para Stella Maris Córdoba, presidenta del bloque amayista “Peronismo del Bicentenario”, no corresponde a los legisladores resolver en el recinto un pedido de licencia de un par. “Tenemos potestad de analizar si su conducta merece una sanción o no. Para esto es importante contar con informes de la Justicia, porque nos darán una versión oficial sobre lo que sucedió”, puntualizó.

El 26 de enero, Vargas Aignasse fue detenido en Santiago del Estero luego de intentar eludir un control caminero. En la camioneta que manejaba se encontraron 40 gramos de marihuana.

Ley de Rinoscopía

La comisión de Labor Parlamentaria definió que la primera sesión extraordinaria del año sea llevada a cabo el jueves, a partir de las 8. Además de la situación de Vargas Aignasse, se debatirá en el recinto un puñado de proyectos. Entre ellos se destacan la ley que prohibirá que funcionarios de los tres poderes del Estado consuman estupefacientes, la de Alcoholemia Cero del Gobierno (hay otra iniciativa de Caponio, presidente de Asuntos Constitucionales, presentada el año pasado) y la de reforma parcial del Código Procesal Penal de la Provincia. 

Hasta el momento, sin embargo, sólo dos iniciativas cuentan con dictamen: la aprobación de un subsidio para la familia del policía Juan José Vides, quien falleció tras ser baleado por delincuentes; y la declaración del Congreso Eucarístico Nacional como de interés provincial.

El proyecto de modificación de la Ley N° 7.240 (de Rinoscopía) será también discutido en Asuntos Constitucionales e Institucionales. Ya cuenta con un dictamen de mayoría, aunque en la reunión podrían agregarse algunas sugerencias de bancadas opositoras. “Si no llegamos a un acuerdo, iremos al recinto con nuestro dictamen”, aseguró el justicialista Cano. 

El bussismo adelantó que apoyará la iniciativa, mientras que el radicalismo espera lograr que se incluyan algunas modificaciones al texto original. “Es necesario que haya una norma que controle que los funcionarios públicos no consuman drogas. Aún estamos debatiendo algunos aspectos, pero consideramos que debe existir una norma que establezca mecanismos ágiles, reales y expeditivos; que esto no sea un simple anuncio”, afirmó Canelada.

En el amayismo, en tanto, consideraron que el proyecto oficialista es “oportunista”. "Es un tema con una connotación muy importante para la ciudadanía que está siendo tratado de una forma poco seria. La ley original es más taxativa sobre quienes deben ser pasibles de ser sancionados, mientras que esta deja a criterio de las autoridades de cada poder del Estado definir a quién se controlará”, aseveró Córdoba.