Hasta enero podrán acogerse al régimen jubilatorio con el 82% móvil

Los magistrados y funcionarios de la Justicia tendrán plazo hasta mediados de enero para acogerse al régimen jubilatorio (ley 24.018) que garantiza el 82 por ciento jubilatorio. El gobernador Miguel Saiz firmó el decreto y promulgó la ley ratificatoria del convenio entre Río Negro y Anses que otorga ese beneficio a la Justicia rionegrina.

El artículo octavo del convenio establece que "los magistrados y funcionarios comprendidos" en la legislación -que rondan los 306 activos- tendrán 90 días para optar "por el régimen jubilatorio de la ley N° 24.018 o su mantenimiento de la actual. En el caso de no ejercerse la opción se considerará que se hubo optado por no ingresar a la ley 24.018".

El convenio y la ley se publicará -según se supo- en el Boletín Oficial del jueves, otorgando plena vigencia al régimen para Río Negro.

El otro debate paralelo corresponde a las obligaciones originadas con la AFIP por diferencias de contribuciones y aportes por el nuevo régimen.

La AFIP evalúa esquemas especiales para que los jueces y funcionarios paguen según el sistema de aportes de la ley 24.018, que aumenta un punto (del 11 por ciento actual al 12 por ciento del régimen aceptado) y no tiene tope remunerativo para sus retenciones (se aplicará por todo el haber cuando, actualmente, llega a los 8.500 pesos). El Superior Tribunal de Justicia y, después, el Colegio de Magistrados insistieron en que la provincia afronte este costo por sus aportes personales. La última estimación consigna que esta diferencia ronda los 11 millones. El oficialismo se opuso a esa concesión, por lo cual un artículo de la ley ratificatoria expresa -claramente- que la Contaduría General "instrumentará las declaraciones juradas mensuales de aportes de las personas comprendidas, quienes estarán obligadas a saldar la deuda generada por las rectificaciones, en el modo y forma fijado" por el convenio.

Las obligaciones pendientes -según el convenio firmado en el 2007- también comprenden a las contribuciones que corresponde a la patronal (Estado provincial) por los mismos agentes. Ya en agosto del 2007, la Contaduría estimaba esa deuda en 1,7 millón pesos, por lo cual podría ascender hoy a los 2 millones. El monto es menor a la cantidad por los aportes personales de los jueces, pues las contribuciones no tienen topes remunerativos.

En diálogo con FM VyP, la presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, Marta Milesi aceptó que la provincia deberá asumir esa obligación.

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