Harán una prueba piloto para el sistema electrónico de ingreso en Casa de Gobierno

Se confirmó ayer la inminente puesta en marcha de una prueba piloto para el aprovechamiento de un sistema electrónico de registro de ingresos y egresos, que aumentará la eficiencia en el registro de la información y la prestación de los servicios públicos, y mejorará la seguridad en lo que concierne al tránsito de personas y de los bienes del Estado, según informó la Subsecretaría de Coordinación y Gestión Pública, de la Secretaría General de la Gobernación.
El Poder Ejecutivo instaló en todos los accesos de la Casa de Gobierno un sistema electrónico que permitirá, a través de tarjetas que serán entregadas por las oficinas jurisdiccionales, registrar el ingreso del personal que presta servicios en las dependencias que funcionan en el edificio. El mismo sistema será utilizado a los fines de un mejor ordenamiento de la entrada de las personas que concurren a la sede gubernamental para la realización de trámites, a las que se les entregará una tarjeta que a la salida deberán reintegrar al personal destinado a la atención al público.

Las medidas fueron establecidas en el decreto 2293, del 4 de noviembre, y también se aplicarán a los bienes de propiedad del Estado o de terceros, cuya entrada y salida del edificio deberá registrarse de acuerdo con procedimientos que se establecerán mediante la reglamentación. Uno de los pilares de este programa es el Centro de Gestión, que en la planta baja de la Casa de Gobierno cumplirá una doble función: el suministro de información y la atención de las consultas que realicen los ciudadanos y la facilitación de sus trámites mediante operaciones con las jurisdicciones de destino.

En lo que atañe al registro de ingresos y egresos, el sistema electrónico se vinculará con las áreas de personal de las distintas jurisdicciones con la entrega de un reporte diario y en el futuro estará integrado con la novedosa área de recursos humanos. En el caso de los bienes del Estado, el objetivo perseguido es la preservación del patrimonio público provincial, que hasta ahora nunca había estado protegido con un régimen tan estricto de control.

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