Los principales dirigentes del PRO a nivel nacional apuran el armado electoral de cara a las elecciones legislativas del año que viene, con la incorporación de dirigentes del peronismo no kirchneristas en las provincias del norte para fortalecer el frente Cambiemos, y advierten que un eventual rechazo de la UCR se puede dirimir en las PASO.

En Tucumán, Salta y Jujuy comenzaron a funcionar mesas “ejecutoras” de gestión y mesas políticas, integradas por dirigentes macristas, pero también radicales y peronistas alejados del Frente para la Victoria y de la estructura orgánica que lidera el ex gobernador de San Juan José Luis Gioja.

Frente a la necesidad de poner “límites” a las alianzas con el peronismo que planteó la semana pasada el Comité Nacional de la UCR, en el PRO argumentaron: “Al final del día, si alguien no entiende la necesidad de fortalecer lo propio, puede apelar a la vía de las PASO, que es el recurso para arreglar las diferencias políticas”.

En este marco, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se reunió en Salta con el gobernadorJuan Manuel Urtubey, y con el intendente de la capital provincial, el massista Gustavo Sáenz. En Tucumán, en tanto, ya funciona la mesa política de Cambiemos: la integran el titular del Plan Belgrano, el radical José Cano; el director de AySA y miembro del Consejo Nacional PRO, Pablo Walter; el secretario de Vivienda, Domingo Amaya; y el intendente de San Miguel de Tucumán, el peronista Germán Alfaro.

Las mesas “ejecutoras” tienen por objetivo “coordinar las acciones de todas las delegaciones del gobierno en las provincias, es algo que va a ayudar a empoderar al Ejecutivo por sobre los gobiernos provinciales y municipales”.

El secretario nacional del Consejo Nacional del PRO, Francisco Quintana, reconoció la necesidad de “aprovechar lo que queda del año para trabajar en la consolidación de Cambiemos a nivel territorial, algo que se va a dar en la medida que podamos articular hacia adentro un ámbito institucional de trabajo en conjunto”. El tironeo que comienzan a vislumbrar en el macrismo con sus aliados de la UCR por el acercamiento hacia peronistas se replica en Buenos Aires: el gobierno de María Eugenia Vidal eligió como interlocutores a intendentes justicialistas como Mariano Cascallares (Almirante Brown),Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) o Alejandro Granados (Ezeiza). Un sector del radicalismo manifestó sus críticas: “No consultan al tomar decisiones de gobierno. Tampoco al sumar nuevos aliados (incluso del FpV). ¡Deberán entender cómo funciona un frente!”, se quejó vía twitter el diputado nacional por Buenos Aires Ricardo Alfonsín. (DyN)

“Estamos formando chicos que deberán enfrentar la vida profesional con el conocimiento que recibieron durante los cinco o seis años que están en la facultad y deben resolver problemas que hoy no existen. Las universidades tenemos que darnos cuenta que hay que trabajar con la enseñanza y el aprendizaje de un modo más inteligente”. La reflexión pertenece a Paulo Falcón, el abogado tucumano que es el nuevo director Nacional de Gestión Universitaria, área que depende de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU).

Esa función lo obligará a renunciar a su cargo en el área Legal de la Universidad Tecnológica (UTN) -por incompatibilidad de funciones- y a tomar licencia de la cátedra de Teoría Sociológica de la facultad de Derecho de la UNT. Pese a que acaba de desembarcar, la evaluación es que los últimos años hubo un gran desmanejo. “El equipo de la SPU se encontró con tierra arrasada desde lo presupuestario, académico y administrativo”, explicó.

Un ejemplo es la situación que atraviesan algunas instituciones creadas durante los últimos años, las llamadas “universidades kirchneristas”. “Entre las que surgieron de 2014 a 2015 hay ocho que no presentaron el proyecto institucional, o sea que no saben a ciencia cierta para qué fueron creadas”, evaluó Falcón. Su área se encarga, entre otras cuestiones, de intervenir en la creación y seguimiento de las universidades nacionales públicas nuevas. Durante el kirchnerismo se abrieron en el país 13 instituciones, gran parte en Buenos Aires. Falcón reconoció que muchas respondieron a necesidades regionales, pero que otras a circunstancias políticas. El dato coincide con los dichos del ministro de Educación, Esteban Bullrich, durante el plenario de rectores realizado en la Legislatura. Falcón resaltó que se debe rescatar a las instituciones universitarias “de lógicas que no tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la enseñanza y la transparencia”.

Como se trata de universidades que ya se abrieron, Falcón explicó que se hará un seguimiento para que cumplan con las normativas y se producirán los informes para que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) puedan evaluarlas. “La idea es que sean instituciones serias y responsables”, manifestó.

Otra de las demandas que atiende esa Dirección son los pedidos de convalidación de títulos académicos extranjeros. “Hoy hay un volumen de casi 2.000 peticiones de convalidación de graduados de otros países que vienen a ejercer acá o a seguir estudiando. El 80% es del área de Medicina”, detalló. La mayoría, de Ecuador, Colombia y Bolivia.

El futuro

Falcón explicó que las exigencias del mundo laboral han ido cambiando la lógica de lo que se espera de estas instituciones. “Lamentablemente, las universidades (argentinas) están un poco atrás de lo que la realidad exige”, reconoció. En parte se debe a un modelo histórico marcado por la influencia del sistema francés -prosiguió- de carreras largas. Hoy, dijo, la tendencia es otra, el modelo anglosajón: carreras cortas a las que hay que sumarle conocimientos específicos a través de posgrados. 

El otro problema que exige solución es la articulación con el nivel medio. “Cuando hablamos de la universidad, nos referimos al último eslabón de un sistema educativo que, lejos de ser un sistema, hoy es un no sistema”, remarcó.

El problema de deserción en las universidades encuentra su génesis en la escuela media. La complicada articulación se concreta en que no hay herramientas suficientes para sostener las exigencias académicas. “Lo novedoso es que aquellos espacios de articulación que no estaban funcionando de pronto empiecen a funcionar”, sostuvo, en alusión a la primera reunión de los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior, creados durante el menemismo por la Ley de Educación Superior. “Ese Consejo jamás funcionó”, contó.

Sobre esa ley, Falcón tiene una mirada crítica. “Atenta contra la autonomía, contra la autarquía de las universidades y lejos de articular el sistema, lo fragmenta”, consideró. Asegura que en algún momento el sistema universitario debe animarse a discutirlo. Ejemplificó con la educación virtual y los soportes tecnológicos. “Son problemas que están y que no los hemos podido resolver de modo muy inteligente”, precisó. 

Finalmente, se refirió al pedido concreto que la Nación le hizo a la UNT de aclarar sus cuentas. “Lo central es reconocer que hay universidades, como la UNT, que están en déficit. Y esto lleva mucho tiempo. Lo que se ha pedido concretamente es que planifique y discuta cómo se puede ir resolviendo esta cuestión presupuestaria, que es preocupante”, cerró.

Hace tres semanas, el secretario de Políticas Universitarias, Albor Cantard, había señalado en una reunión con rectores y decanos que el déficit de la UNT ascendía a $700 millones, y que esto los obligaba a enviar un equipo técnico a la UNT para analizar la situación.