Hacia un sistema semipresidencialista en serio

El dilema que se plantea entre los sistemas de gobierno puede ser un signo de madurez política de la sociedad, que reconoce fallas en el actual sistema democrático y está dispuesta a pensar y discutir para alcanzar una cultura con instituciones más sólidas
Hace algunas semanas, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni (al igual que alguna vez lo hicieron Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín), propuso una reforma institucional abriendo nuevamente el debate acerca de si en la Argentina es mejor un sistema presidencialista, como el que tenemos en nuestro país y en casi en toda América latina, o uno parlamentarista, tal como el que prevalece principalmente en Europa (salvo Francia con sistema mixto), Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, y la mayoría de los países desarrollados.

La democracia argentina necesita un cambio y una reforma institucional significativa, porque el sistema de gobierno vigente los últimos 100 años claramente no ha sido funcional al progreso y desarrollo de nuestro país y su pueblo, ni ha garantizado un crecimiento con equidad, ni el bienestar de los habitantes de este suelo, ni la necesaria eliminación de la pobreza, que tanto anhelamos. Por ello, de cara al Bicentenario, vale considerar y debatir la oportunidad de una modificación en nuestro sistema de gobierno para los próximos 100 años. La cuestión central es qué sistema sería mejor para nuestro país, cuál tiene más ventajas o desventajas, y cuál garantizaría que nuestra democracia alcance el desarrollo al que debemos aspirar: el presidencialismo (el hiperpresidencialismo criollo) o el parlamentarismo.

Frente a este interrogante varias voces se han manifestado en favor de un cambio en la forma de gobierno, pasando a un sistema parlamentario. Quienes defienden esta opción sostienen que nuestro presidencialismo presenta dos defectos fundamentales: cuando el Presidente tiene mucho poder, avasalla las instituciones; y cuando carece de poder, suele entrar en una crisis terminal que demasiadas veces lleva a mandatos incumplidos y quiebre de las reglas de juego. Por el contrario, plantean que un nuevo sistema parlamentario garantizaría más gobernabilidad alineando más el Poder Ejecutivo con el Parlamento, reforzaría una institución pública central para nuestra democracia representativa pero tradicionalmente débil en nuestro país como es el Congreso, probablemente generaría que los gobiernos de turno estén más a tono con la opinión pública de sus tiempos (o cambien si no lo están), y promovería la formación de consensos y coaliciones de gobierno articulando distintas expresiones políticas en el Parlamento y el Poder Ejecutivo, evitando concentrar demasiado poder en la sola persona de un Presidente. Además, manifiestan que el parlamentarismo permitiría cambios de gobierno menos traumáticos en caso de que una administración pierda el apoyo popular y parlamentario.

Quienes se oponen al cambio en la forma de gobierno plantean que el parlamentarismo podría acrecentar la inestabilidad (duración) de los gobiernos en tanto los partidos que conforman coaliciones no tengan incentivos para establecer alianzas duraderas. Otros critican que el poco prestigio del Congreso en nuestra sociedad brindaría a su vez muy poca legitimidad a los gobiernos emanados del Parlamento. También ponen en evidencia la dificultad de articular el parlamentarismo con el mantenimiento de nuestra organización federal, y la forma de gobierno republicana de las provincias y municipios.

En el medio de estas dos posiciones se ubican quienes señalan que el cambio hacia un sistema semipresidencial sería lo más conveniente, para ir generando una transición que atenúe nuestro presidencialismo como quiso pero no logró la reforma constitucional de 1994. Sin dudas hay argumentos fuertes para incorporar muchas de las virtudes de un sistema parlamentario, especialmente aquellas que permitan aumentar la base de sustentación política de los gobiernos en el mediano y largo plazo. A su vez, si hay algo en lo que coinciden todos, presidencialistas y parlamentaristas, es en la necesidad de lograr un sistema de partidos más institucionalizado, programático y nacional, que facilite prácticas asociativas más allá de la forma de gobierno elegida.

El Bicentenario abre una nueva oportunidad de que la ciudadanía participe de un debate acerca de la reforma política profunda que la Argentina necesita. El dilema que se plantea entre el parlamentarismo o el presidencialismo puede ser, incluso, un signo de madurez política de la sociedad, que reconoce fallas en el actual sistema democrático y está dispuesta a pensar y discutir para alcanzar una cultura con instituciones más sólidas, democráticas y transparentes.

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