Hacia el 10 de diciembre

Por Natalio R. Botana

Aunque la semana próxima asumirán los nuevos legisladores elegidos el 28 de junio, hay pocos indicios de que, a partir de esa fecha, los asuntos públicos se encarrilen con espíritu constructivo. En realidad, las decisiones que ha venido acumulando el Gobierno durante estos meses señalan, más bien, el comienzo de otro capítulo en esta larga secuencia de conflictos.

El encuadre de los conflictos que podrían sobrevenir lo proporciona nuestro régimen presidencial, basado en la separación de poderes. Esto significa que, a diferencia del régimen parlamentario, el Congreso no puede remover al titular del Poder Ejecutivo -salvo por juicio político- ni éste puede disolver el Congreso. Dada esta disposición de los respectivos poderes, si el Poder Ejecutivo no cuenta en el Congreso con las mayorías necesarias, el régimen presidencial queda prisionero de una opción: o el Ejecutivo y el Legislativo cooperan por medio de los acuerdos a que puedan llegar para sancionar las leyes o, de lo contrario, el régimen se empantana y, en última instancia, de persistir los antagonismos, deja de funcionar.

Es posible que, ante esta última hipótesis, la presidencia se haya pertrechado con los instrumentos necesarios para sobrevivir sin necesidad de recurrir al Congreso. Montado sobre las leyes de emergencia prolongadas por dos años hasta el término del actual mandato, éste sería el típico escenario de incompatibilidad entre los dos poderes, a lo que podría sumarse la política de captación de legisladores pertenecientes a provincias asfixiadas por el unitarismo fiscal.

Por otra parte, más allá de las presiones y negociaciones en torno a las autoridades de ambas cámaras y a la titularidad y composición de las comisiones, el Congreso debería actuar con premura sobre el flanco de las reformas legislativas que fueron propuestas por los candidatos victoriosos en la campaña electoral previa al 28 de junio. Convendría que el Congreso haga esta tarea con el máximo de eficacia, pues sobre él pende la espada de Damocles del veto total o parcial de las leyes. Establecida en el artículo 83 de la Constitución, esta es un arma poderosa en manos del Poder Ejecutivo, porque obliga al Congreso a insistir, para que el proyecto de ley se apruebe, con una mayoría de dos tercios de cada cámara.

Difícil situación: quizá sea la facultad del veto el atributo más contundente para hacer valer el predominio del Ejecutivo frente a un Congreso opositor. Se lo ha empleado mucho -no sólo en la Argentina-, hasta el punto de que un presidente como Franklin Delano Roosevelt, en los Estados Unidos, hizo uso del veto en 631 ocasiones durante doce años de gobierno, con el resultado de que en apenas una decena de veces pudo prevalecer, mediante la correspondiente mayoría calificada, el temperamento del Congreso.

¿Qué hacer entonces, se preguntarán con razón algunas voces escépticas, ante estas arremetidas? Quedan, por cierto, varios caminos, porque en democracia nada está perdido de antemano. Por lo pronto, para sortear el obstáculo de la inacción a que podría someterlo el Ejecutivo, el Congreso tiene facultades para prorrogar sus sesiones ordinarias por el artículo 63 de la Constitución, lo cual lo habilitaría a sesionar aun en desacuerdo con las intenciones del Ejecutivo. Esta decisión mayoritaria, en el caso de obtenerse, daría mayor protagonismo al cuerpo representativo y, al mismo tiempo, permitiría mostrar a la sociedad el valor que adquiere una nueva política legislativa.

Si este curso de acción no fuese posible, se abriría el panorama de un intervalo estival hasta marzo, momento en el cual las oposiciones tendrán que elegir el mejor camino para contrarrestar el dominio del Ejecutivo. La reforma de 1994 abre, al respecto, dos caminos diferentes. El primero es la tormentosa ruta del plebiscito. En el artículo 40, la Constitución determina: "El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley". Esa convocatoria no "podrá ser vetada" y el "voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática".

El artículo 40 y su ley reglamentaria, que exige una participación electoral del 35% del padrón para hacer efectivo ese procedimiento, llevan implícito en las actuales circunstancias un choque entre dos fuerzas. Si bien la Constitución habla de consulta popular vinculante, la polarización que hoy impera en el país la envolvería con el tono propio de un plebiscito. Debido a que no habría cooperación entre el Congreso y el Ejecutivo, la salida plebiscitaria, el expediente más abrupto, estaría inmersa en la dialéctica de una elección binaria, por la afirmativa o por la negativa. Imaginemos, en esta atmósfera malsana de violencias verbales y confrontaciones callejeras, una escena semejante con todo el aparato de propaganda del Gobierno aplicado en son de guerra a una mayoría legislativa que, obviamente, carecería en los hechos de recursos comparables.

Es un riesgo indudable que la propia Constitución atempera al proponer a los legisladores, en el artículo 101, un camino alternativo de corte parlamentario. Esta suerte de fusible introduce, en el esquema rígido del régimen presidencial, la norma flexible del voto de confianza gracias al cual el jefe del Gabinete de Ministros puede ser interpelado "a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras".

Dos caminos, pues, y un desafío a la inteligencia práctica para sortear el obstáculo de un gobierno dividido entre un Ejecutivo empecinado y un Congreso que debe hacer de la necesidad virtud. El camino plebiscitario, más que eso, es un desfiladero. Quienes lo transitan sueñan la gloria del triunfo y suelen despertarse con la realidad impiadosa de una derrota. Kirchner pretendió transformar los comicios del 28 de junio en una ratificación plebiscitaria apoyada en las llamadas candidaturas testimoniales. Así le fue.

El camino parlamentario, a primera vista más racional, demanda, en cambio, un esfuerzo para fusionar, en un mismo estilo legislativo, el respeto a la legalidad con el sentido del compromiso. Las lecciones de la política comparada nos muestran que los grados de compromiso entre legisladores son variables. Como ocurrió en muchos regímenes parlamentarios europeos, se pueden armar coaliciones negativas con el mero objeto de derrocar a un jefe de gobierno o primer ministro. El precio que se paga es el de la inestabilidad.

El pasaje de una forma de coalición negativa a otra de carácter constructivo requiere entonces poner en juego cualidades complementarias. Entre ellas, la más importante tal vez sea prefigurar, por medio de proyectos compartidos, el perfil del nuevo gobierno que debería suceder a la etapa que arrancó en 2003.

¿Será esto acaso posible? Se podrá remover a un jefe de Gabinete; se podrá, estirando los antagonismos al extremo, prevalecer en un plebiscito, pero mientras las oposiciones no den muestras de lo que efectivamente puedan hacer en conjunto, la maquinaria de la hegemonía seguirá avanzando o cavando con prontitud trincheras defensivas. En todo caso, seguiríamos empantanados, como si el futuro se nos escapara de las manos.

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