Hacer La Corte

La Suprema Corte de Justicia ya observa con atención el desarrollo del creciente conflicto institucional en Chubut, donde el Gobierno acosa desde diferentes flancos al Poder Judicial. La estrategia de desgastar a los jueces ya lleva muchos meses y sirve a dos fines de la política. El primero le permite al Ejecutivo descargar sobre los magistrados las quejas por la inseguridad y el segundo presiona sobre la libertad de criterio en los fallos.
Como ya se ha publicado en extenso, el Superior Tribunal de Justicia -varios de cuyos ministros tienen una actitud zizagueante- denunció en una Acordada la existencia de un conato de conflicto entre esos poderes del Estado y anunció su decisión de acudir, si el caso no se resuelve aquí, ante la Comisión de Independencia de la Suprema Corte.

La última de las refriegas, luego de que el Superior Tribunal soportara que los ministros del Gobierno instaran a "seguir puteando a los jueces", estalló cuando la hipermayoría del oficialismo en la Legislatura sancionara una ley asignando fondos del presupuesto judicial por su sola cuenta, comandados por el titular de la bancada, Javier Touriñán, un hombre que tiene una especial tirria por los jueces, los tribunales y los abogados en general, detalles que resultarían más que curiosos, si esto no fuera lo que es.

Esa reforma legislativa "implica una inaceptable injerencia sobre facultades propias del Poder Judicial en lo que a su independencia atañe y merece una enérgica advertencia sobre los graves riesgos que importaría la consolidación de políticas de esta naturaleza", dijo el Superior Tribunal en su Acordada del 10 de noviembre.

En ella anunció que plantearía ante el Gobernador Das Neves su queja, anticipando además que acudiría "eventualmente ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión de Independencia Judicial de ese Alto Tribunal, la intromisión del Poder Legislativo en atribuciones que le son propias a este Poder Judicial"

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