El Gobierno porteño está discutiendo una de las leyes más importantes de la ciudad, el nuevo Código Urbanístico, que regula su planificación. Denuncian que lo hace sin respetar el principio de democracia participativa y sin la intervención de las Comunas y sus Consejos Consultivos.

 

El Observatorio del Derecho a la Ciudad e integrantes de la Campaña por una Carta del Derecho a la Ciu-dad demandaron al Gobierno porteño por “violación a la democracia participativa” en el debate sobre el nuevo Código Urbanístico, que reemplazará el Código de Planeamiento Urbano que rige desde el 1977.

La acción de amparo surge luego de la creación del Foro de Desarrollo Urbano, a través de la resolución N° 406/2016 por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a cargo de Franco Moccia. Según la denuncia, se violarían la Constitución de la Ciudad y el Plan Urbano Ambiental (PUA) que ordenan que, para la deliberación, decisión e implementación del nuevo Código Urbanístico, deben respetarse ciertos criterios a fin de garantizar la participación ciudadana.

Por ello, se solicitó a la Justicia que garantice la participación de cada una de las Comunas y de sus respectivos Consejos Consultivos Comunales. Piden que sean parte del diagnóstico, deliberación y decisión de contenidos y lineamientos del texto del nuevo Código Urbanístico, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13, 25 y 29 del PUA; 1, 27 y 128 de la Constitución de la Ciudad; el artículo 7 de la Ley N° 71; y el 11 de la ley N° 1.777. Esta última establece las normas de organización, competencia y funcionamiento de las Comunas.

Además, solicitaron que el Fo-ro de Desarrollo Urbano, se transforme en un ámbito de participación ciudadana abierto, sin restricciones a la opinión de cualquier habitante de la ciudad.

Entre los requisitos, el Observatorio solicita amplia difusión pública y masiva de las fechas y lugares de las reuniones “como realiza Horacio Rodríguez Larreta en su campaña Casa por Casa”.

Además, requieren que se envíe el temario a tratar, y un cronograma de trabajo preestablecido; o que se constituya otro ámbito de participación ciudadana con estas características. Esto en cumplimiento del principio de mayor amplitud de actores en la discusión del planeamiento de la ciudad y del principio pro participación (art. 25 del PUA y arts. 1 y 27 de la Constitución).

Cabe señalar que el Foro se encuentra en funcionamiento y tuvo varios encuentros. Sin embargo, la participación no sería abierta ni pública. Según los denunciantes: “Su integración es selecta, determinada por la absoluta discrecionalidad del GCBA con criterios desconocidos. Tampoco se realiza publicidad de los días y lugares de reunión donde se lleva a cabo. Del listado de invitados, se advierte que están siendo consultadas principalmente las desarrolladoras inmobiliarias más importantes del país como IRSA. TGLT, Vizora, Consultatio y los estudios jurídicos y de consultores relacionados con los negocios inmobiliarios”.

En tanto, fuentes del entorno de Moccia afirmaron a este medio que “el Foro es independiente al proceso participativo del Nuevo Código Urbanístico”. Sin embargo, según pudo averiguar Qué, en los considerandos de la Resolución, se expresa que en el Foro se tratará el “Nuevo Código Urbanístico y el Nuevo Código de la Edificación”, pero quienes mayoritariamente lo integran no re-presentarían la diversidad de sectores que comprende a la ciudadanía porteña.

Otro punto de la de-manda es que el Foro tampoco abarcaría la amplitud de dimensiones urbanas a discutir cuando se piensa en una nueva planificación para la Ciudad, “porque los invitados sólo tienen experiencia en cómo hacer dinero a través del mercado inmobiliario y no en un sinnúmero de cuestiones que deben afrontarse en la complejidad urbana”, tal como lo han expresado legisladores porteños.

Por otro lado, se creó el Consejo del Plan Urbano Ambiental (Copua), que tampoco garantiza la participación ciudadana, ya que es un organismo integrado por representantes del Poder Ejecutivo y de la Legislatura de la Ciudad. Entonces, por el momento, los únicos ámbitos de participación para la discusión del Nuevo Código Urbanístico que contemplará el gobierno serán el Foro de Desarrollo Urbano, el Copua y la Sociedad Central de Arquitectos. Y estos no cumplirían con los parámetros y lineamientos establecidos por la Constitución de la Ciudad, la Ley del Plan Urbano Ambiental y la Ley de las Comunas, a fin de garantizar la participación ciudadana en la deliberación y decisión de la planificación de la ciudad.

Cabe resaltar que el derecho a participar en los asuntos públicos, que incluye el de controlar los actos estatales, resulta inherente al principio republicano de gobierno y del sistema democrático contemplado en el artículo 1° de la Constitución Nacional, como también al artículo 1º de la Constitución de la Ciudad.

Asimismo, se encuentra establecido en el art. 33 de la Constitución Nacional, ya que se trata de un derecho no enumerado que “na-ce del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”.

A su vez, el artículo 11 de la CCABA establece que “La Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad”. Por lo que el derecho de incidencia colectiva de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos ad-quiere especial trascendencia cuando se encuentran involucrados, como en el presente caso, en cuestiones de relevante interés público, como es la (nueva) planificación de la Ciudad.

Otro punto para señalar es que la Constitución porteña (Art. 1) dispone que la Ciudad de-be organizar sus instituciones autónomas con democracia participativa. Y la discusión y decisión del contenido del nuevo Código Urbanístico no está cumpliendo con ninguno de estos estándares participativos.

Finalmente, el GCBA, a través de diversos funcionarios, ha anunciado que remitirá el Proyecto de Ley del nuevo Código Urbanístico a la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires antes del cierre de las sesiones ordinarias de este año. Sería a mediados de noviembre. Esto implicaría que la participación ciudadana fuera reducida a una audiencia pública no vinculante en un proceso de sanción de leyes de doble lectura.

La demanda hacia el Gobierno porteño finaliza con que la discusión de la ley más importante de la ciudad en relación a su planificación exige que el debate sea meditado, profundo y amplio. Se parte de que no puede elaborarse una ley de suma complejidad, que afectará cada una de las dimensiones de la vida urbana de todos los habitantes, con un criterio de discusión basado en alcanzar su aprobación legal lo más pronto posible o antes de fin de año. Más aún, cuando la ciudadanía no ha sido puesta en conocimiento, o al menos no de manera formal, de ninguno de los contenidos, propuestas o lineamientos que constituyen en su totalidad el nuevo Código Urbanístico.

Entre las obras que el Gobierno porteño tiene pensado realizar para seguir embelleciendo la Capital, se encuentran el polémico proyecto de Ley (enviado por quinta vez a la Legislatura) que pretende rezonificar un predio en el barrio de Caballito, para que la empresa IRSA construya uno de los centros comerciales más grandes de Sudamérica.

También está la puesta en valor del autódromo porteño, cuya Ley fue aprobada con numerosas disidencias. El Gobierno va a concesionar el predio de 41 hectáreas, donde no se construirá ni una sola vivienda.

Por otra parte, la Legislatura también aprobó la Ley que autoriza a utilizar 13 de las 16 hectáreas del predio del Tiro Federal para construir el Parque de la Innovación. Y el Ente Nacional de Alto Rendimiento también será reutilizado, puesto que el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, pretendería mudar esa unidad y vender el predio para el desarrollo inmobiliario, hecho que es repudiado por diferentes bloques opositores en la Legislatura, que a menudo denuncian la especulación inmobiliaria del Gobierno de la Ciudad.