Hay que hacer un acuerdo urgente sobre el uso de los fondos públicos y la presión sindical, dice Lobera

El presidente del Consejo Económico y Social (Cones), Francisco Lobera, reclamó ayer un urgente acuerdo entre las fuerzas políticas y los demás sectores para poner una dosis de sentido común en el uso de los fondos públicos y en la respuesta que el Estado da a los permanentes reclamos salariales de los gremios estatales.

Lobera, en declaraciones a FM Universidad, dijo que el Cones “desde hace un tiempo tomó como bandera la necesidad de concertar, que es algo que a la gente le suena ya sin mucho interés porque es un concepto que se manejó muchas veces de una manera casi displicente, pero la concertación tiene que ver con ponerse de acuerdo con algunas cosas, en las cuales en general la clase política está de acuerdo; pero pasa que a veces reditúa más la discrepancia que la coincidencia”.

“Por ahí se piensa que la diferenciación en términos políticos es importante; pero no lo es en cuestiones en las que la sociedad espera que la clase política acuerde, que son temas básicos, como industrialización, educación, justicia, armonía en las cuestiones políticas, reforma del sistema político, transparencia del gasto público; y otras, tan básicas, que la gente no puede creer que no haya acuerdo sobre ellas”, añadió.

En eso señaló que el bicentenario del país “es una excusa, como cuando uno cumple 40 años y a partir de ahí se propone cosas. Es un límite imaginario, que nos plantea la idea de acordar algunas cosas antes de llegar a él. Pero no quiere decir que no podamos acordar algunas cosas ya”.

En cuanto a la labor del Cones en ese sentido, dijo que meses atrás el gobernador le pidió al consejo que trabaje en una propuesta de acuerdo sobre puntos básicos de la provincia. Eso sucedió en pleno conflicto con el campo, por lo que ahora, sin tanta tensión de por medio, se busca concretar una concertación.

“Sabemos que es una tarea difícil, porque no sólo no es sencillo concertar, sino que lo más difícil es que después se cumpla lo concertado, que es algo ya impredecible. Pero vamos a trabajar despacio, eligiendo cuatro o cinco temas como pilares, y haciendo un recorrido de la dirigencia política y empresaria buscando coincidencias”, contó. En ese marco, y teniendo en cuenta el preocupante contexto internacional, dijo que “es importante llegar a un punto de acuerdo sobre el uso de los fondos públicos y toda la presión gremial que existe y va a seguir existiendo sobre la misma torta, que encima se va a empezar a achicar”.

“Yo no quiero atribuirme la representación del empresariado; pero en principio hay preocupación por la puja que existe entre los distintos sectores que buscan apropiarse de mayor parte de la renta, apoyando a tal o cual gremio, que es una puja mala para todos”, señaló. Por eso marcó la necesidad de “acordar pautas presupuestarias y criterios de reparto de esa distribución a los gremios, y temas como el educativo, donde pasan los años y no podemos resolver el fondo de la cuestión, donde los ciudadanos somos rehenes”.

“La sensación que uno tiene, como empresario, es que existen dos realidades diferentes: está el Chaco productivo, el Chaco real, del empresario que trata de mantener su rentabilidad y no despedir gente a la que preparó y con la que tiene un lazo afectivo; y por otro lado no se acompaña esa realidad, el Estado paga sueldos que no tienen nada que ver con lo que un empresario puede pagar”, señaló.

“Por lo tanto, el Estado compite con el sector privado no sólo con el uso de recursos financieros, sino también con el uso de los recursos humanos, porque quién va a querer trabajar en mi fábrica, donde yo puedo pagar 2.000 o 2.500 pesos, cuando el Estado paga cuatro o cinco veces más que eso. Es una realidad que no tiene posibilidades de continuar, en algún punto explotan”, advirtió.

A esto sumó la presión fiscal “que es excesiva para lo que es la realidad de la empresa chaqueña, y a esto se suma la ineficacia en el uso de los recursos que recauda el fisco, porque la educación es mala, la seguridad no es buena y hay que pagar seguridad privada. Entonces, pagamos impuestos caros pero como ciudadanos no recibimos servicios acordes”.

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