Haced lo que digo

Una vez más, el juez Roberto Atilio Falcone borra con el codo lo que escribe con la mano. En su función docente comete las mismas arbitrariedades que se han probado en su rol de magistrado. El reino del capricho es el que prima, y la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Mar del Plata sigue siendo su feudo.

La universidad local no se ha caracterizado por ser un centro que aliente a los estudiantes en el desarrollo de su producción intelectual. Salvo honrosas excepciones que no hacen más que confirmar la regla, es habitual que lo que allí se cocine sea bastante más que ideas y teorías: las carreras políticas y judiciales comienzan en sus pasillos, así como los vertiginosos saltos hacia cargos de investigación y becas sustanciosas. El problema es que el combustible de tales impulsos no es siempre la preeminencia intelectual y científica. Los condimentos son muchos: las relaciones interpersonales y el apoyo a gestiones de política universitaria van en primer puesto en las mediciones.

Un ejemplo cabal es la Facultad de Derecho, donde a la vista de todos se reproducen los grupos de poder que alimentan extramuros las rencillas y acuerdos del ámbito judicial, aquí con anuencia de sectores de militancia estudiantil, que lejos suelen estar de la ideal asistencia al estudiantado. Muchos de ellos acuerdan sus propias escaladas desde esa gestión aparentemente solidaria.

El caso que ocupa estas páginas es el de una estudiante poco común, Virginia Molina, que tras una extensa carrera como profesora de Historia decidió dedicar su esfuerzo al estudio de la abogacía. Y lo hizo con buen resultado, hasta que se encontró con Falcone.

Mucho se ha comentado en los pasillos, no sólo de la caprichosa actitud de los integrantes de la cátedra de Derecho Procesal Penal, sino de la Facultad en general, que muchas veces exhibe no gestos de misoginia, más ejemplos de trato discrecional frente a las evaluaciones, despóticas decisiones sin fundamento, y hasta humillaciones públicas a los alumnos. Tal es el caso de Molina que, lejos de ser considerada una respetable profesional, en virtud de su trayectoria anterior, fue tildada por el profesor Falcone de “maestrita”.

La profesora Molina cursó la materia que titulariza Falcone en cuatro oportunidades, y asegura que en cada una de ellas escuchó las mismas clases expuestas de la misma manera, con argumentos y contenidos memorizados sin ninguna variación. En todos y cada uno de estos intentos fue desaprobada por decisión inapelable en las evaluaciones parciales.

En su presentación expone que la actitud de Falcone es arbitraria, ya que no asigna una puntuación a cada una de las cuatro cuestiones que plantea a resolver, sino que exige que estén correctamente respondidas las cuatro. Es decir que va caprichosamente en contra de lo establecido por la norma, que indica que los exámenes se aprueban con la calificación de 4 puntos. Lo exigido es 100 sobre 100 para merecer la aprobación. La alumna interrogó entonces acerca de cuáles serían los requerimientos para obtener un 10, y el profesor no supo contestar.

Molina dice que el temario exigido en los parciales es ambiguo, porque en realidad no se basa en la bibliografía que contempla la asignatura, sino que el único modo de aprobar el examen es repetir “lo que Falcone quiere”, y la manera más rápida es establecer una relación personal con él. Como dice la alumna: “chuparle las medias a la cátedra”, cosa a la cual –por obvias razones– la profesora Molina no puede más que negarse. “Eso va en contra de mi dignidad”, argumenta con razón. La prueba carece de cualquier criterio pedagógico en su diseño, y para aprobarla hay que hacer citas textuales que contribuyan a adornar el ego de quienes la están corrigiendo: citarlos a ellos mismos.

Careo

Indica la alumna que en la última ocasión en que fue desaprobada tuvo oportunidad de asistir a la cita que el juez previó para la revisión de la evaluación, que extrañamente se efectúa fuera de la facultad y en un edificio judicial, lo cual evidentemente colabora con la intimidación del estudiante que ha perdido terreno neutral.

Esta vez, el profesor debió reconocer que no había errores en la respuestas, pero claro, faltaban sus frases textuales, las de él. Falcone repite “tendría que haber puesto…”, recurriendo nuevamente a un criterio arbitrario, ya que no se evidenciaban respuestas equivocadas.

En tal entrevista se encontraba presente el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad, que no intervino más que para detener el reclamo de Molina, ya que -según se dice- su sector de dirigencia hace lobby para aprobar sus propias materias, y no una defensa del estudiantado ante la injusticia flagrante. No había argumentos ciertos contra el examen de Molina más que “porque yo lo digo”.

La entrevista no condujo a nada, porque -según declara Molina- en la facultad no hay ninguna posibilidad de disenso. “Toda discusión se entiende en términos de contienda”, afirma, generando así un ambiente tóxico que va en contra de la dialéctica necesaria para el crecimiento intelectual y la generación del conocimiento.

“Esta no es una facultad que asista a las personas” confirma la declarante: “hay gente que no tiene idea y aprueba”. Según su descripción del proceso educativo que forma a los profesionales locales del Derecho, Falcone repite siempre las mismas cosas y su criterio de evaluación se basa en zancadillas que no se resuelven con la lectura de la bibliografía, sino con aprender sus trucos sarcásticos. Hay que saber sobre él.

Según declaración realizada por Virginia Molina a la 99.9, Ariel Ciano y Juan Tapia serían los acólitos responsables que no hacen más que llevar a cabo los designios del amo, pero deja afuera del grupete a Marcelo Madina: “ha dado clases brillantes”, afirma.

Resulta que la alumna puede analizar los hechos, porque su propia capacidad así se lo permite. Después de estudiar durante años la evolución del derecho resultante de la sucesiva complejización de las sociedades, y del intento incansable de garantizar justicia para el individuo, puede darse cuenta de que nada haya más alejado de eso que la propia vida universitaria, donde todo vuelve a ser como “las viejas prácticas de la venganza privada”. Hay aquí un doble discurso que se evidencia: por una parte el magistrado haciendo de profesor pone en el tapete una posición garantista, pero a la hora de actuar es él mismo “el primer inquisidor”, en palabras de Molina. Si el profesor ha inculcado a sus alumnos: “no se puede sorprender al acusado con una sentencia que no se desprenda de la evolución del proceso”, lo mismo debería valer para la evaluación, es decir que no se podría sorprender a los alumnos con un examen cuyos criterios de corrección no sean los evidenciados por el decurso de la materia, y su aporte bibliográfico. ¿O sí?

Dice la alumna que la unidad académica completa está acéfala, que no hay verdadera autoridad porque todos se amparan y reina sólo el chisme. Ni siquiera existió para ella el amparo del Consejo Superior, ya que la actuación administrativa resultante fue completamente irregular, y ni siquiera cumplió con los formalismos de rigor. Molina obtuvo una respuesta que decía que no había habido en su caso “arbitrariedad manifiesta”, pero no negaba la existencia de tal arbitrariedad. El recurso afirma que las normas se elastizan solamente para el lado del docente, que no responde por sus acciones ante nadie.

Esa es la actitud a la que el juez Falcone tiene al mundo acostumbrado: un feudo en el cual él es el Gran Señor. Si no fuese así, no estaría la sociedad entera siendo testigo de la arbitrariedad con la que ha conducido los Juicios de la Verdad, y todas las instancias en las que debe intervenir, con escasísimas explicaciones al sentido del decoro.

Dice Falcone: “haced lo que yo digo, más no lo que yo hago”, y atropella cada vez que quiere los mismos derechos humanos que obliga a sus alumnos a recitar de memoria. Los borra con un codo.

Comentá la nota