En junio se cumplirá el aniversario de la ley provincial de trata. Se clausuraron 136 prostíbulos y whiskerías, y se rescató a 242 mujeres argentinas y 46 extranjeras.
La puesta en marcha de la legislación, sugerida al gobernador José Manuel de la Sota por Susana Trimarco, la madre coraje que busca a su hija Marita secuestrada por una red de trata hace una década, marca un antes y un después en el negocio de la prostitución.
Esta práctica, a lo largo de décadas, fue compartida por algunos policías, funcionarios judiciales, intendentes y jefes comunales que hacían la “vista gorda”, mientras muchas mujeres eran esclavizadas.
Pasaron décadas de ignorar una ley sancionada en 1937 que prohibía de manera taxativa la apertura de prostíbulos. Sin embargo, esa norma siempre fue letra muerta en Córdoba y el resto del país.
Innumerables son los policías que explotaban o cobraban comisiones en los lupanares. Incluso hoy, en juicios que se están ventilando en la Justicia Federal por trata de personas, se menciona a funcionarios policiales que cobraban por no actuar o avisaban con antelación a los dueños sobre los allanamientos que se planificaban a locales utilizados para la prostitución.
Una estadística actualizada de lo realizado en un año de vigencia de la 10.060, proporcionada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, indica que se han allanado y clausurado 136 prostíbulos en Capital e interior.
Suman 120 las personas detenidas o demoradas y se ha rescatado a 242 mujeres de nacionalidad argentina y 46 extranjeras.
Balance oficial. Pero ¿cuál es el balance del ministro Alejo Paredes? Veamos.
–Hay quienes dicen que los prostíbulos siguen funcionando. Comentan que uno pasa por cualquier lugar del interior y observa que aún existen.
–Yo puedo asegurarle que si sabemos o tenemos el dato de que alguno permanece abierto, inmediatamente lo clausuramos y procedemos de acuerdo con lo establecido por nuestra ley de trata.
–Hasta la puesta en vigencia de esa ley, la Policía miraba para otro lado.
–Mire, le voy a ser franco. Los comisarios decían que no tenían sustento legal para actuar, pero ahora tienen una ley que deben hacer cumplir. Los jefes de departamentales saben muy bien que si llega a aparecer un prostíbulo en sus jurisdicciones, de inmediato serán dados de baja porque no tienen justificativos para no actuar.
–¿Cuál es la procedencia de las mujeres extranjeras y los pasos por seguir una vez que son rescatadas?
–Es un tema complejo porque muchas ingresaron legalmente al país y no se las puede devolver a sus lugares de origen.
–Hay paraguayas, bolivianas, peruanas, que han sido reclutadas por proxenetas cordobeses. ¿De qué otra nacionalidad son las que se identifican?
–Hemos advertido el ingreso de muchas mujeres de República Dominicana. Y no sólo en Córdoba; en Buenos Aires debe de haber miles.
–¿Qué se puede hacer al respecto?
–Nosotros no tenemos capacidad para investigar, no hay dudas de que se trata de una red internacional que recluta chicas en ese país, no es de los que limitan con el nuestro, y quien tiene la responsabilidad de atacar ese flagelo es Migraciones. Al parecer, a la repartición encargada de la cuestión no le interesa demasiado el tema.
Oposición. La ley provincial de trata marca un antes y un después de la explotación sexual de mujeres.
La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, delegación Córdoba, criticó la norma que pronto cumplirá un año de existencia.
Al argumentar su posición, las meretrices sostienen que la norma atenta contra su trabajo y sólo logra que las mujeres que viven de la prostitución para mantener a sus familias emigren a otras provincias.
Meretrices, en contra
La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, delegación Córdoba, rechaza la Ley de Trata de Personas. Argumenta que atenta contra su trabajo y sólo hace que mujeres que viven de esto se vayan de Córdoba.
Comentá la nota