Si bien la falta de acceso al agua es propia de la región que habitan, la bebible está a cien o más metros de profundidad y el costo de extracción es muy alto, lo cierto es que los wichis nunca tuvieron respuestas efectivas desde el Estado para dar solución a ese flagelo que, en los últimos meses, provocó la muerte de ocho niños.

En este informe, el Equipo de Investigación de Perfil Educación da cuenta de una problemática que ya lleva casi medio siglo.

Si bien los servicios de agua y cloaca en Salta datan de inicios del siglo XX cuando la prestación del suministro estaba a cargo de Obras Sanitarias de la Nación, es en 1973 cuando se inauguraron las primeras dos centrales hisdroeléctricas en la provincia, el Embalse de Cabra Corral y el Tunal, en el Departamento Metán. Ese año se creó el Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas (INCYTH), actualmente Instituto Nacional del Agua (INA), para la gestión equitativa y sustentable del recurso.

Sin embargo, desde entonces ninguna de las administraciones pudo emprender obras que definitivamente logren cumplir con el suministro de forma eficiente y abastecer de agua potable a toda la provincia.  

A través del Censo Nacional de Población y Vivienda de 1980, hace cuarenta años la zona de Tartagal ya era una de las más afectadas respecto a la falta de acceso al agua corriente. El área es una de las más importantes y numerosas donde se localizan las comunidades wichis, otra es el departamento de Rivadavia, cerca de la frontera con Formosa.

Según pudo comprobar el Equipo de Investigación, las posibles soluciones a la temática tratada se realizaron por iniciativa de organizaciones del sector civil y entidades sociales a las que luego se sumaron instituciones gubernamentales. Como sucede con la Mesa del Agua del Chaco Salteño, conformada en 2016.

 

Un Informe de Diagnóstico de Situación y Políticas Sociales orientadas a la Niñez en Salta realizado por el gobierno de Salta en 2015 junto con Unicef, muestra como las peores condiciones de cobertura a agua de red pública se presentan en los departamentos de Rivadavia, La Poma, Molinos y Santa Victoria, en los cuales el 47% o más de los niños y adolescentes no cuentan con acceso a este servicio de importancia vital.

Los fallecimientos por falta de acceso a los servicios básicos no son una novedad. En 2008 se murieron 14 personas, siendo la cifra más elevada de Salta de las últimas décadas. Otra realidad similar es la del pueblo wichi de Formosa, que en 2013 denunció más de 30 muertes evitables.

 

Los habitantes no pueden acceder al agua superficial porque tiene arsénico, es salada o está contaminada con agroquímicos. Algunos pobladores acopian agua en bidones que portaron glifosato, utilizados para la fumigación en plantaciones aledañas, y terminan intoxicándose.

“Viajé a Santa Victoria Este, hicimos una recorrida y quedó claro que hay varias circunstancias que afectan a la comunidad pero el problema central es el agua, los niños la toman en mal estado y esto les provoca diarrea y deshidratación, como hay un problema grave de acceso a la salud y las ambulancias están rotas se termina complicando toda la situación”, explicó el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, al Equipo de Investigación.