Habría importantes medidas en febrero en la causa por tarjetas alimentarias

La causa penal abierta en la justicia federal por maniobras irregulares con miles de tarjetas alimentarias emitidas por el gobierno provincial podría tener importantes novedades en febrero, cuando la actividad en los tribunales vuelva a ser normal y quede atrás la actual feria de verano.
En el expediente, el fiscal Gustavo Corregido imputó por fraude contra la administración pública al ex ministro de Desarrollo Social Aldo Leiva, y a los ex subsecretarios Gustavo Carballo (diputado provincial desde diciembre pasado) y Miguel Colman.

El fiscal abrió la investigación porque se detectó que 2.787 tarjetas alimentarias fueron utilizadas entre diciembre de 2008 y febrero de 2009 de modo irregular. Esos plásticos no llegaron a manos de las personas en situación de pobreza que debían recibirlos, pero de todos modos se utilizaron para generar pagos del Estado a comercios por un total de 475.686 pesos.

Corregido, en su requerimiento, también considera que los propietarios de esos comercios más de veinte en total- fueron cómplices en la maniobra, por lo que comenzó a pedir la citación de ellos. Uno de los primeros en ser convocado fue el dueño de la proveedora El Cohete, de Fontana, a favor de la cual se libraron muchos de los pagos devengados por las tarjetas en cuestión.

La declaración de Leiva

El ex ministro Leiva se presentó espontáneamente ante el juzgado federal el 15 de diciembre, acompañado de su abogado, Marco Antonio Molero, y expresó su intención de declarar en la causa. Semanas antes, el fiscal federal Gustavo Corregido había solicitado que se lo indagara como supuesto coautor de fraude contra la administración pública.

En su exposición, el ex ministro remarcó varias veces que las tarjetas alimentarias fueron "diseñadas, acordadas y estructuradas por quienes me precedieron en el cargo", refiriéndose a la gestión anterior en esa cartera, que encabezó Cristina Magnano, actual presidenta de la Administración Provincial del Agua. Magnano, a su vez, sucedió en el cargo a Claudia Panzardi, quien fue ministra poco más de tres meses.

Leiva dijo que se encontró "obligado a actuar en innumerables oportunidades junto a un grupo de colaboradores como bomberos para tratar de apaciguar la situación social de extrema gravedad".

En ese contexto dijo que un recurso fue "la distribución de las tarjetas alimentarias, que insisto no fueron diseñadas por quien habla, no fueron conveniadas por quien habla, no fueron estructuradas en cuanto a cruzamiento de datos, distribución y contralor en general, porque como dije anteriormente provenían íntegramente de lo diseñado por quienes me precedieron en el cargo".

El ex funcionario dijo, en cuanto a cómo se definieron las listas de beneficiarios, que la gestión que lo precedió utilizó los padrones que enviaban los municipios en base al Programa de Seguridad Alimentaria, que financia el Estado nacional. Y agregó que ello indica "que no era responsabilidad del suscripto celebrar convenios con los diferentes comercios" y que ni siquiera tenía trato personal o comunicación con los propietarios de esos negocios.

"No conozco la identidad de ninguno de los titulares de las dos mil y pico de tarjetas que se me imputan, porque no es responsabilidad del ministro cruzar datos de más de 60 municipios, cruzar datos de más de 30.000 beneficiarios. Además no poseo conocimientos de informática, no uso tarjetas de ninguna naturaleza. Sí era mi responsabilidad, desde mediados de noviembre de 2008 en adelante, en vísperas de las fiestas de fin de año, ante el caos social que vivíamos, dar las instrucciones necesarias para que las tarjetas llegaran a la mayor cantidad de beneficiarios posibles".

"Versiones" de irregularidades

En otro tramo de su declaración, Leiva dijo que no podía recordar con precisión en qué fecha "entre cientos y cientos de audiencias semanales y cientos y cientos de personas que atendía llega a mi oído la versión de que se estarían cometiendo irregularidades con el uso de las tarjetas", ante lo cual, dijo, ordenó a Colman que realizara una auditoría interna y "que se hicieran todas las denuncias correspondientes".

"Niego terminantemente haber participado de ninguna operación que tuviera como objetivo cometer el delito que se me imputa, niego terminantemente haber mantenido reuniones de ningún tipo con la totalidad de los propietarios de los negocios por cuestiones referidas al sistema de tarjetas alimentarias, no conozco ni se me ha exhibido la lista de 2.700 y pico de beneficiarios", afirmó.

No obstante, Leiva dijo que por la situación social en que le tocó desempeñarse "es probable que se hayan podido cometer algún tipo de situación irregular", pero destacó que fue su gestión la que denunció las maniobras detectadas. En el interrogatorio se le mostraron los convenios con los comercios que aparecen involucrados en la causa, y se le preguntó si las firmas que figuraban en ellos eran suyas. Leiva dijo que sí, pero insistió en deslindar responsabilidades diciendo que eran otros los estamentos encargados de cruzar información o efectuar tareas de contralor. "La custodia de las tarjetas no es una actividad que compete al ministro", dijo.

Testigo cuestionado

En la indagatoria, un capítulo importante fue confrontar los argumentos del ex ministro con los de un empleado de Desarrollo Social, Gabino Andrés Rojas, quien afirma que fue el primero en advertir a las autoridades lo que estaba pasando con las tarjetas, y que sostiene que pese a ello los funcionarios no movieron un dedo por resolverlo, hasta que se vio que el escándalo sería imposible de evitar.

Cuando se le preguntó si conocía a Rojas, Leiva dijo: "Lo conozco de vista, creo haber hablado con él una o dos veces, y si mal no recuerdo es la persona que Colman separó porque era la persona a cargo del manejo de las tarjetas". Entonces se le preguntó si Rojas le había informado de las irregularidades que se estaban dando. "No recuerdo", respondió, abriendo uno de los interrogantes que dejó la declaración del actual presidente del Partido Justicialista del Chaco.

Frente a esa respuesta, la nueva requisitoria fue dirigida a saber cómo fue entonces que supo de las anomalías que se estaban produciendo. "Es habitual que atienda a cientos de personas y siempre aparece gente poniendo en conocimiento supuestos malos funcionamientos de diferentes áreas. Una vez apareció una persona que me informó que tenía conocimiento de que se hacían malos movimientos con las tarjetas, y controlé el área. No lo volví a ver, y a partir de ese momento llamé a los responsables del área expresando mi preocupación por esa entrevista que había tenido", dijo.

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