"Habría que debatir una amnistía".

El magistrado advirtió que sólo en Salta hay infinidad de procesados y que, como están planteadas las cosas, habría que someter a proceso a desocupados, docentes, policías, trabajadores de la salud, productores agropecuarios, dirigentes aborígenes y defensores del medio ambiente y los derechos humanos.
En estos días la Justicia Federal asiste un masivo desgranamiento de magistrados en Salta y Jujuy. A la renuncia que presentó Horacio Aguilar, el juez federal de Jujuy a cargo del juzgado que dejó vacante Abel Cornejo e integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, le siguió la de Rogelio Saravia Toledo, miembro del tribunal oral que integraba también el ahora suspendido José Antonio Solá Torino. En medio de este escenario trascendió que el juez federal Nº 2, Miguel Medina, también tendría decidido dejar su cargo en un plazo no lejano.

La renuncia de Aguilar, joven magistrado con una destacable trayectoria de 21 años en la Justicia Federal, aún debe ser aceptada por la presidenta de la Nación, a quien el pasado miércoles el Consejo de la Magistratura informó que no existen objeciones para aceptar la decisión del abogado de la UBA de intachable carrera judicial. De todos modos, por ahora Aguilar sigue siendo juez y en esa condición formuló interesantes consideraciones acerca de los cortes de ruta.

El artículo 194 del Código Penal parece superado por la realidad de los hechos ¿Sería oportuna una reforma?

-Debería reglamentarse en qué casos puede utilizarse la vía publica para realizar una manifestación, una petición ante las autoridades, con una fuerte campaña de concientización a la comunidad sobre el daño que se ocasiona cuando algún sector determinado decide cortar una ruta en defensa de sus intereses, por más legítimos que estos sean.

Son muchos y pertenecen a diversos sectores las personas procesadas por interrupción de la vía pública...

-Así es. Sólo en Salta tenemos una preocupante cantidad de procesamientos en firme. Creo que sería oportuno, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas procesadas por cortar rutas y el uso indiscriminado de este mecanismos, abrir un debate sobre la posibilidad de introducir una amnistía.

¿Una amnistía?

-Sí, una amnistía, y abrir un nuevo capítulo con una reglamentación seria, que se cumpla, y que comprometa a los distintos estamentos del Estado a actuar con todo el rigor de la ley cuando se produzcan nuevos cortes que vulneren derechos.

¿Por qué considera oportuna y necesaria una amnistía?

-Porque no hay sector social hoy que no esté criminalizado por cortar una ruta.

Como están dadas las cosas, tendrían que ser sometidos a procesos docentes, médicos, enfermeros, agentes sanitarios, luchadores sociales, productores agropecuarios, policías, dirigentes aborígenes y hasta defensores del medio ambiente y los derechos humanos. Es indudable que una sociedad no puede aceptar tener una norma que todos defienden y a la vez, cuando consideran afectados sus intereses, están dispuestos a vulnerar.

¿Cómo imagina ese comenzar de nuevo?

-Hay que buscar nuevas reglas, claras y consensuadas, que establezcan y pauten cuáles son las conductas permitidas y cuáles son aquellas que serán sancionadas por el ordenamiento contravencional, primero,y por el derecho penal en última instancia. El derecho penal es la última ratio del ordenamiento legal y tiene que llegar con todas su fuerzas cuando las demás herramientas que brinda el estado de derecho no pudieron lograr una solución a un conflicto determinado entre ciudadanos.

El perfil

La carrera judicial de Horacio Aguilar arrancó a los 18 años como empleado en la Justicia Federal de Buenos Aires. A los 22 años se recibió como abogado en la UBA y a los 23 fue nombrado secretario en el Juzgado Federal de Salta. Con 32 años, accedió al cargo de juez federal de Jujuy luego de ganar dos concursos. Especialista en derecho penal de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Aguilar realizó cursos de posgrado en el país y en las universidades de Salamanca (España) y Los Angeles (Estados Unidos).

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